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Las tierras alquiladas de Satipo

Camino comunal en Satipo. Foto: Ian B. A.

El alquiler de tierras en la provincia de Satipo, Junín (selva central peruana), amenaza la tranquilidad de comunidades nativas. Realizados de forma insostenible y con una dinámica expansiva, los cultivos que se desarrollan en los espacios alquilados afectan al ecosistema de los suelos y contribuyen a la deforestación. Lo que inicialmente se presenta como un problema interno termina por extenderse en territorios asháninkas.

Por Ian Bravo Aliano

5 de marzo, 2022.- El líder asháninka Jorge Chauca López tiene una paciencia protocolar. Mientras revisa algunos documentos que le han hecho llegar a la sede de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), en la ciudad de Satipo, se toma el tiempo para recordar algunos conflictos en los que ha tenido que intervenir.

Recuerda, por ejemplo, que hasta hace poco recibía a varios jefes de comunidades nativas que necesitaban resolver los conflictos que ocasiona el alquiler de tierras en sus territorios. A veces, lo buscaban los mismos comuneros.

—Hermano, necesitamos su presencia —le decían.
—Pero ahí está tu presidente.
—Pero, hermano, es el presidente el que está vendiendo y alguien tiene que frenarlo.

Como coordinador de ARPI-SC, una organización que reúne a federaciones indígenas de cinco departamentos de la Amazonía peruana, Jorge Chauca tiene que velar por el bienestar de las bases que integran su jurisdicción. La mayoría pertenecen al pueblo asháninka.

Jorge Chauca López, en la oficina de ARPI-SC (Satipo). Foto: Ian B. A.

Por eso, sin temor a ser confrontacional, explica los problemas que genera el alquiler de los territorios comunales, indica dónde se dan estos casos y señala responsabilidades: “Yo les digo: ‘¿Por qué alquilas tierras si en tu estatuto dice bien claro que está terminantemente prohibido alquilar, vender o prestar territorio comunal?’ Me responden que la asamblea acepta porque un comunero va a morir, porque no hay plata para que sus hijos continúen sus estudios…”.

Él, sin embargo, no considera válido ninguno de estos argumentos: “Tú sabes que la tierra es nuestra madre, ¿no?... Si ella pudiera, te daría una paliza”, plantea en ocasiones.

Cada comunidad nativa tiene su propio estatuto, donde se encuentran las normas que se deben respetar dentro de sus respectivos territorios. En la mayoría de los reglamentos se prohíbe el alquiler de tierras. Sin embargo, se dan casos en que algunas personas infringen las leyes internas; en otras ocasiones, son los mismos jefes quienes promueven el desconocimiento de las disposiciones.

Ahora, el líder dice que algunas cosas han cambiado: se han hecho compromisos para dejar de rentar tierras y ha dejado de recibir a tantas personas que consultan por estos temas. “Ya saben que les voy a decir de todo. Temen que, de repente, dejen de ser autoridades”, comenta.

Un pueblo bajo acecho

Los asháninkas integran el pueblo indígena amazónico más numeroso del Perú, con unas 97 mil personas que se autoidentifican como miembros de esta etnia. Representan casi la tercera parte de la población amazónica del país y están divididos en alrededor de 400 comunidades nativas, de las cuales 142 se encuentran en la provincia de Satipo, Junín.

Es justamente en algunas localidades de esta provincia donde, desde hace unos años, se viene registrando el incremento de alquileres de tierras. Ante las dificultades para obtener un registro detallado de estos problemas internos, las estimaciones son realizadas por los mismos comuneros y organizaciones indígenas de la zona.

Suele suceder que, ante la falta de inversión para el trabajo agrícola, alquilar terrenos se presenta como una salida para conseguir dinero a corto plazo. Empresarios y productores externos hacen tratos con determinados miembros de la comunidad para cultivar en chacras de una o dos hectáreas por persona, en la mayoría de los casos.

La piña y el kion (o jengibre), cultivos para los que se recurre al uso de agroquímicos, son los productos predilectos de los arrendatarios.

Áreas de cultivo entre el río Perené y el río Tambo. Foto: Ian B. A.

Auge externo, problemas locales

Cultivado en climas tropicales, el jengibre (Zingiber officinale) —más conocido como ‘kion’ en Perú— es una planta cuyo tallo subterráneo es valorado por tener propiedades medicinales. Su cosecha toma entre seis y ocho meses.

De la mano de la pandemia, la demanda nacional e internacional de este producto ha incrementado significativamente. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha indicado que no hay pruebas de que el consumo de kion proteja a las personas frente a la COVID-19, sus ya conocidas cualidades antiinflamatorias han bastado para que su uso se extienda como un remedio casero.

De acuerdo con el último reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Cien-Adex), en el 2020, Perú se ubicó como el tercer exportador mundial de kion. Junín concentró el 88.9 % del total de exportaciones en el país, con lo que se ratificó como la principal región productora a nivel nacional.

Más allá de estas cifras, el auge del kion ha tenido algunos resultados negativos para los pueblos indígenas de Satipo. Su creciente demanda ha conducido a que empresarios o productores busquen más tierras para cultivar en la zona y, así, expandir sus ganancias. Los territorios de comunidades nativas se han presentado como una salida a bajo costo.

La fiebre del alquiler

“Antes no le decían alquilar, decían: ‘le he prestado... me ha dado plata y le he prestado’, recuerda la dirigente asháninka Luzmila Chiricente.

Luzmila Chiricente Mahuanca tiene una reconocida trayectoria como defensora de derechos. Ella ha sido testigo de los problemas y las transformaciones que han atravesado las comunidades indígenas de la selva central del país. Además, como gran parte del pueblo asháninka, ella y su familia fueron víctimas de la violencia subversiva durante el periodo del conflicto armado interno (1980-2000). Sin embargo, estos episodios no la han detenido en su labor.

Como presidenta de la Federación Regional de Mujeres Asháninka, Nomatsiguenga y Kakinte (Fremank), Luzmila articula esfuerzos para fortalecer los derechos femeninos y desarrolla un trabajo enfocado en la lucha contra la violencia doméstica, la desnutrición infantil y la defensa del territorio. Por ello, tiene una clara posición en contra de los alquileres de tierras: “Poco a poco, la gente ha ido despertando. Saben que cuando tengan familia ya no va a valer ese terreno, porque le están echando veneno. Además, se dan cuenta de que están regalando la tierra”.

Luzmila Chiricente Mahuanca tiene una larga trayectoria en defensa de los derechos de los pueblos indígenas de la selva central peruana. Foto: Ian B. A.

Actualmente, los precios por alquilar una hectárea durante un año rondan entre los mil y dos mil soles (260 y 530 dólares, aproximadamente). A veces, los precios son más bajos y los tiempos en que se cede el territorio, más prolongados.

Como indican comuneros de la zona, los contratos de alquiler se pueden extender por más de diez años. En estas operaciones, los menos beneficiados suelen ser los mismos miembros de las comunidades nativas. El dinero se agota rápidamente, mientras el terreno comunal (su principal fuente de trabajo) es utilizado por personas externas que, al momento de la cosecha, llegarán y se llevarán todo lo que la tierra produce.

“La tierra se empobrece. Si tú vuelves a sembrar, te da chiquitito. Luego, para sembrar lo que quieras, tienes que envenenar. El que tiene dinero, lo hace”, indica Luzmila.

Melvin Mestanza Alejandría, ingeniero en recursos naturales renovables de Paz y Esperanza, una organización no gubernamental que aborda temas de derechos humanos, indica que la presencia de monocultivos, como el kion, provoca una mayor susceptibilidad de las plantaciones a las plagas. Pero agrega que el problema no está en los productos que se siembran, sino en las prácticas con las que se manejan los cultivos: “Los químicos ocasionan la pérdida de nutrientes en el suelo. Con su uso se mata a toda la microfauna, que es la que genera porosidad en la tierra, y los suelos llegan a compactarse más rápido”, sostiene.

El fenómeno que menciona Mestanza es conocido. Considerada como una de las principales causas de la degradación de los suelos, la compactación reduce la circulación del agua y del oxígeno, aspectos que terminan por afectar el rendimiento agrícola y, posteriormente, conducen a la dependencia del uso de agroquímicos.

Problemas encadenados

Luzmila Chiricente vive en Cushiviani, una comunidad nativa del distrito de Río Negro que tiene una extensión de alrededor de 260 hectáreas. Desde hace tres años, la cesión del territorio comunal a externos ha incrementado en el lugar.

El estatuto de Cushiviani prohíbe el alquiler, con la excepción de situaciones en las que alguna persona del lugar necesite ingresos urgentes para cubrir gastos de salud. En estas circunstancias, se debe comunicar a las autoridades las motivaciones mediante una asamblea general, de modo que el terreno destinado para el miembro de la comunidad sea alquilado y trabajado por una persona externa. Pero hay quienes omiten estos pasos: “Algunos comuneros se hacen pasar como dueños de toda la plantación, cuando el que financia es un colono o un empresario, explica Charlez Chirisente, nuevo gobernador de Cushiviani.

La nueva junta directiva de Cushiviani asume funciones con múltiples retos, los problemas por el alquiler de tierras figuran como uno de ellos. De izquierda a derecha: María Cueva Mantari (alguacil), Palmida Chiricente Mahuanca (agenta municipal), Charlez Chirisente Cueva (presidente) y Efraín Marcos Jari (vicepresidente). Foto: Ian B. A.

Así como hay áreas destinadas al trabajo agrícola, cada comunidad tiene un área para la conservación de bosques. A causa de la expansión de los espacios de cultivos y las consecuencias generadas por el alquiler de tierras, estos espacios se ven amenazados.

En Cushiviani, por ejemplo, esta expansión ha generado el desbosque de una parte de la reserva forestal. Como indican las autoridades del lugar, esta situación ha contribuido a la contaminación del ojo de agua.

Como explica Melvin Mestanza, los residuos y sedimentos que quedan de la quema en las quebradas suelen desplazarse hacia los ríos cuando hay lluvias torrenciales. Los efectos se reflejan en la mortandad de peces y la contaminación de los recursos hídricos.

Con una población de sesenta familias, en Cushiviani todos se conocen. Por esto, no es difícil enterarse si alguien incurre en una infracción. Cuando esto sucede, se convoca a una reunión general para revisar el caso y determinar las sanciones. Pero el problema va más allá: “Sucede que hay necesidad y, quizás, el kion está dando trabajo. Es el producto que más se ve acá”, complementa Charlez.

La carencia de servicios básicos, el aumento de episodios de violencia, así como las carencias en educación y salud, son temas que vienen preocupando a las nuevas autoridades de Cushiviani. A estos aspectos se suma el fenómeno de la pérdida cultural en las nuevas generaciones, una situación generalizada y que también aqueja a esta comunidad que se encuentra a escasos minutos de centros urbanos.

Charlez Chirisente preside la junta directiva de Cushiviani que recién está asumiendo funciones. Como autoridades se han propuesto a atender estas problemáticas, postularse a proyectos de instituciones y desarrollar iniciativas para revalorar su cultura. En esa labor, también están otras personas, quienes, desde sus respectivos espacios, reafirman su identidad asháninka.

Beatriz Umaña, docente intercultural bilingüe de Cushiviani, realiza investigaciones que rescatan la memoria cultural de su pueblo. Foto: Ian B. A.

La vida sin tierras

En la provincia de Satipo hay lugares donde las consecuencias son más notorias. Aquí, los arriendos comenzaron a hacerse visibles a partir de 2019. Desde ese año, el problema se ha ido expandiendo de la mano de nuevos conflictos.

Según los testimonios recogidos, hay situaciones en que se alquilan decenas o cientos de hectáreas de una sola comunidad. Estos casos a gran escala suelen ser realizados con el aval de algunas autoridades, con quienes se llega a suscribir contratos por varios años para ceder el territorio a externos.

En la zona se sabe cuáles son las localidades donde se agravan estas problemáticas. No obstante, se reservan los nombres para evitar mayores conflictos en estas comunidades. Si bien los alquileres suelen ser manejados como asuntos internos, las consecuencias se extienden más allá de lo pensado: “Hay varios que, luego de haber arrendado con terceras personas, ya quieren migrar, ir a otras comunidades o buscar otras chacras que quedan más lejos. Porque ven que se empobrece la tierra, ven que ahí no hay seguridad para sus niños en el futuro”, indican comuneros. “Pero en las otras comunidades cuando se enteran de dónde vienen, no los dejan entrar. Solo si tienen familias, estas los aceptan”.

Bosques reemplazados

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los suelos almacenan al menos la cuarta parte de la biodiversidad mundial y se ven amenazados por prácticas de gestión insostenibles. No obstante, los manejos aplicados por los arrendatarios en los terrenos alquilados suelen obviar estas implicancias.

“Donde hay bosque machetean y tumban los árboles. Luego lo juntan todo y lo queman con gasolina o petróleo para que quede ceniza. Lo dejan pelado. Todo debe quedar limpio, porque así es más fácil trabajar la tierra”, relatan personas de Satipo.

Áreas de desbosque registradas en montañas que bordean el río Perené, Satipo. Foto: Ian B. A.

Melvin Mestanza, especialista de Paz y Esperanza, trabaja en San Martín, una región al noreste de la Amazonía peruana donde el problema de los alquileres tiene larga data y perniciosos resultados. Estas prácticas han facilitado el aumento de episodios de despojo territorial en la zona, que en su mayoría pertenecen al pueblo awajún. Además, todo ello ha tenido implicancias en la deforestación.

Como plantea un estudio del Instituto del Bien Común (IBC), la deforestación que ocurre dentro de las tierras indígenas es un tema controversial y necesita ponerse en contexto. A partir de un análisis de 15 años (2001-2015), el trabajo concluye que la deforestación en las comunidades nativas es baja y recuerda que “los territorios indígenas no son áreas protegidas sin intervención humana”.

En el estudio se analiza la situación específica de San Martín, una región que alberga a seis de las diez comunidades nativas con los índices más altos de deforestación en el país. El informe concluye que las principales causas que conducen a este contexto son las invasiones y el alquiler de las tierras comunales.

Mestanza agrega que en San Martín los problemas se originaron por políticas públicas que no tomaron en cuenta la visión del pueblo awajún y que, por ende, nunca funcionaron. Por eso, subraya que toda iniciativa de desarrollo sostenible en la agricultura debe ser elaborada bajo el enfoque de las propias culturas de los pueblos indígenas.

Además, los riesgos se agravan ante la falta de seguridad jurídica (titulación comunal). De acuerdo con un estudio de la revista Proceedings of the National Academy of Sciencies (PNAS), el otorgamiento de títulos de propiedad a las comunidades nativas en el Perú podría contribuir a la conservación de los bosques. Los resultados de la investigación indicaron que la titulación reducía la tala en más de tres cuartas partes en un corto plazo.

Asimismo, los datos recogidos por la organización Paz y Esperanza indican que los territorios comunales titulados en San Martín presentan una sostenida tendencia de reducción de la deforestación.

Si bien las realidades de San Martín y Satipo son distintas, las amenazas a los territorios de los pueblos indígenas son una constante en toda la Amazonía peruana y las dinámicas de invasiones y despojo no están lejos de replicarse.

Hacia el este, el departamento de Junín abarca territorio amazónico. En el mapa se aprecia zonas deforestadas resaltadas en rosado. Fuente: Instituto del Bien Común (IBC).

Caminos alternativos

En medio de los cambiantes escenarios de las últimas décadas, para el pueblo asháninka la búsqueda de nuevas oportunidades ha estado relacionada a la incursión en nuevas actividades económicas.

“Anteriormente nuestros ancestros recurrían a la pesca, la caza y recolección solo para el autoconsumo. Ahora nos organizamos y hacemos negocio con la finalidad de que nuestros hijos avancen en el colegio, el instituto o la universidad”, sostiene Fernando Rivas Cárdenas.

Como presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Perené (Feconabap) —una de las cuatro federaciones indígenas que hay en la provincia de Satipo—, Rivas indica que las bases de su jurisdicción mantienen la prohibición del alquiler de tierras. A pesar de que los problemas en otras localidades son conocidos, prefiere referirse a las respuestas que han implementado las mismas comunidades.

Algunas de estas iniciativas buscan rescatar prácticas sostenibles que aseguren que las tierras puedan permanecer para las futuras generaciones. Con este objetivo, algunos programas cuentan con el apoyo de organismos estatales. En Aoti, donde vive Fernando Rivas, la situación parece bajo control.

Para llegar a la comunidad nativa Aoti es necesario hacer un viaje con escalas entre colectivos y camionetas. Durante el trayecto, se pueden ver varios parches de terrenos para cultivos en medio de los montes boscosos que rodean las carreteras del camino. El alquiler de tierras y la mala gestión de los cultivos es un problema que amenaza con extenderse.

“Nuestro estatuto es drástico. Si alguien está arrendando a terceras personas, se le llama a una asamblea general y ahí se le expulsa”, afirma Nando Bántico Soto, jefe de Aoti.

Como apunta, el apego a las normas internas y el cumplimiento de los indicadores que se trazan en el plan de vida comunal han sido factores para que la situación de Aoti mejore.

Si bien en años anteriores se apeló a la extracción de recursos forestales para venderlos, las decisiones tomadas en conjunto permitieron detener estas actividades en la comunidad, indica. Ahora, la artesanía se presenta como una de las alternativas.

Desde la creación de la asociación de artesanas de Aoti, dos mujeres han precedido a Dina Shantiori Aguilar en su presidencia. Las escasas oportunidades que tuvieron para encontrar espacios donde vender sus productos fuera del territorio comunal fue una de las razones para que las mujeres se aparten de estos cargos. “También sucede que algunos de sus esposos no las dejan. Les dicen: ‘Mentira, no estás trabajando. Ahí pierdes tu tiempo, en vez de ir a la chacra’”, relata.

Los expansivos problemas externos están presentes en las preocupaciones de Dina, pero no son impedimentos para que continúe con su trabajo. Ella no tiene planes de renunciar. Al final, confía en que la asociación que dirige logre inscribirse en registros públicos y encuentre nuevos mercados. Tiene en cuenta que hay planes a futuro para la comunidad.

Dina Shantiori y Nando Bántico en Aoti. Foto: Ian B. A.

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* Esta historia fue elaborada por Ian Bravo en el marco del Curso de periodismo científico Vientos Alisios, conocimiento colectivo, un proceso de formación que permitió un primer acercamiento al periodismo científico para periodistas, comunicadores y comunicadoras de medios locales en Ecuador, Colombia y Perú.

Vientos alisios es un proyecto de DW Akademie financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo en el marco de la iniciativa “Transparencia y libertad de los medios de comunicación – Resiliencia ante la crisis en la pandemia mundial”. Vientos Alisios se realiza con el apoyo de la Alianza Ríos Voladores.

Este reportaje también está disponible en el sitio web de Vientos Alisios www.vientosalisios.net

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