Servicios en comunicación Intercultural

Boletín sobre Consulta Previa y Protocolos Autonómicos

Indígena Xakriabá de São João das Missões (Minas Gerais). Foto: Edgar Kanaykõ

Compartimos el boletin especial de Debates Indígenas correspondiente a octubre de 2020 dedicado al tema: Consulta Previa y Protocolos Autonómicos.

 

Incumplimiento de los protocolos autónomos en Brasil

Por Liana Amin Lima da Silva y Priscylla Monteiro Joca*

Las comunidades indígenas y tradicionales han sido especialmente afectadas por el coronavirus. La pandemia se suma al ecocidio, los incendios, las hidroeléctricas y la minería. Más allá de la negligencia del Gobierno brasileño, el Estado no ha tomado medidas especiales para las comunidades ni ha suspendido los procesos de consulta como estableció la CIDH. Los pueblos intentan resistir el avasallamiento a través de sus propios protocolos, la lucha en el Poder Judicial y la negativa a responder consultas virtuales.

“Para nosotros, los indígenas, la memoria de aquellos que se fueron
continúa viva en nosotros, sabemos quiénes son los verdaderos héroes de la
tierra y, quiénes son fronteras imaginarias y territorios inventados."
Denilson Baniwa

Debates Indígenas, 3 de octubre, 2020.- El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado (DCCLPI) es reconocido por el Estado brasileño en la Constitución Federal de 1988 y la ratificación en 2002 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales. De este modo, los pueblos indígenas, las quilombolas (las comunidades afrodescendientes) y los demás pueblos y comunidades tradicionales son reconocidos como sujetos colectivos.

Por otro lado, la Política Nacional de Desarrollo Sustentable de los Pueblos y Comunidades Tradicionales determina que existen grupos culturalmente diferenciados, que poseen formas propias de organización social y que, ocupan y usan territorios y recursos naturales como condición para su reproducción cultural, social, religiosa, ancestral y económica. A pesar de ello, el derecho a la consulta y al consentimiento no ha sido respetado ni implementado significativamente en el país, especialmente al momento de realizar megaproyectos de desarrollo o extractivos.

Los incumplimientos son innumerables y vienen asociados a otras violaciones a derechos humanos, socioambientales y étnicos. Generalmente, estas vulneraciones ocurren durante conflictos que afectan a la sociobiodiversidad y, a las vidas y territorios de pueblos y comunidades que habitan las diversas ecoregiones de Brasil: el Amazonas, la sabana del Cerrado, el Pantanal, la Caatinga del Nordeste, la Mata Atlántica y la región pampeana al sur del país.

Para frenar el avance del coronavirus, el pueblo Wajãpi bloqueó la entrada a su territorio. La pandemia se sumó a los ataques de los garimpeiros. En 2017, se realizó la primera reunión de la consulta sobre su territorio en base a su protocolo. FotoHeitor Reali / AP

Los protocolos autónomos como estrategia de resistencia

A partir de este contexto, los pueblos y comunidades vienen realizando acciones de resistencia y estrategias jurídico-políticos a fin de reivindicar el efectivo cumplimiento del derecho a la consulta y el consentimiento. Entre ellas, se puede mencionar la elaboración de protocolos autónomos que expresan cómo, dónde y cuándo quieren ser consultados, y determinan normas y procedimientos para su ejecución, incluyendo cuestiones de representatividad y legitimidad de las decisiones. Estos protocolos son una expresión de la jusdiversidad, o sea, la variedad de sistemas jurídicos y normas de los pueblos que existen en Brasil, y se fundamenta en las tradiciones jurídicas, en el derecho propio y en las interpretaciones interculturales del derecho internacional.

De este modo, se afirma el derecho a la autonomía y la autodeterminación al mismo tiempo que demandan el cumplimiento del Convenio 169 de modo culturalmente adecuado. Según el relevamiento realizado por el Observatorio de Protocolos, actualmente en Brasil existen 46 instrumentos: 24 elaborados por pueblos indígenas, 13 por quilombolas y 9 de otros pueblos y comunidades tradicionales como los gitanos de la etnia Calon, los pescadores tradicionales, los ribereños o los recolectores de flores siempre vivas. También hay dos Protocolos Comunitarios de la Sociobiodiversidad para la Protección de los Saberes y Conocimientos Tradicionales que son el Protocolo Comunitario Biocultural de las Raizeiras del Cerrado y el Protocolo Comunitario de Bailique en Amapá.

A pesar del bajo nivel de implementación de la consulta y el reconocimiento incipiente de los protocolos, la emergencia de estos documentos viene siendo considerada por los líderes de pueblos y comunidades, especialistas y actores de la sociedad civil como esenciales para avanzar en la efectivización del derecho. Asimismo, la construcción de los protocolos ha fortalecido la articulación de los pueblos y comunidades en el reclamo. En consecuencia, se puede observar que la existencia de los protocolos autónomos ha demandado al Estado el cumplimiento del deber de consulta a partir de normas establecidas por los pueblos y comunidades, independientes de una regulación general.

La existencia de los protocolos autónomos ha demandado al Estado el cumplimiento del deber de consulta a partir de normas establecidas por los pueblos y comunidades, independientes de una regulación general.

En Brasil, no existe una reglamentación nacional de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, y tanto el Poder Judicial como los especialistas han comprendido que este derecho puede ser implementado por los mismos pueblos, sin necesitar de una reglamentación estatal. De este modo, los fallos judiciales han determinado que los pueblos y comunidades sean consultados de acuerdo a sus propios protocolos. La primera de estas sentencias ocurrió en 2017, cuando la Justicia obligó al Estado brasileño a utilizar el protocolo del pueblo Juruna para realizar una consulta sobre la exploración de oro de la empresa candiense Belo Sun.

De hecho, la mayoría de las consultas en vías de ser realizadas han sido demandadas al Estado en base a la aplicación de protocolos autónomos. Este es el caso de la consulta al pueblo Wajãpi sobre los cambios en la gestión de su territorio y la que se realizará con los Pueblos del Territorio Indígena del Xingu acerca de la pavimentación de una autopista y la construcción del Ferrocarril de Integración del Centro Oeste.

Por su parte, el Gobierno Federal no ha reconocido adecuadamente esos documentos, si bien algunos funcionarios han declarado públicamente la pretensión de respetar los protocolos autónomos. Por ejemplo, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) informó que la consulta con los Waimiri-Atroari, ubicados en Roraima y Amazonas, sobre la construcción de una línea de transmisión de energía respetaría su protocolo. Al mismo tiempo, el Gobierno también ha manifestado que la obra deberá ser implementada en breves, sin referirse a los posibles resultados de la supuesta consulta. Esta incertidumbre se da en un escenario de retroceso de derechos, desmonte de políticas públicas e intensificación de violaciones que afecta a los pueblos y comunidades y ha sido agravada por la crisis del Covid-19.
 

Ecocidio y amenaza de genocidio en tiempos de Covid-19

En Brasil, la pandemia del coronavirus afectó especialmente a los pueblos indígenas, quilombolas y demás pueblos y comunidades tradicionales. El Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía y la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña indicaron que la tasa de indígenas afectados por el Covid-19 era un 84% mayor que el promedio nacional.

Por otro lado, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) señala que 158 de los 305 pueblos indígenas que existen en Brasil fueron afectados por el SARS-CoV-2. Al 16 de septiembre, había 31.851 indígenas contagiados y 806 fallecidos. Los pueblos han sufrido la muerte de ancianos y sabios como una pérdida de bibliotecas vivas de saberes. Una de las principales pérdidas fue la del profesor Higino Tuyuka, protagonista de la historia de lucha de los 23 pueblos de la cuenca del Río Negro, en el noroeste amazónico. Las más de 800 muertes indígenas tienen nombre y poseían conocimientos transmitidos por la tradición oral de generación en generación, que fueron interrumpidos por el coronavirus. A esta tragedia, se suma que las comunidades están siendo privadas de llorar a sus muertos para evitar nuevos contagios.

Como si no bastara con la pandemia, los crímenes y desastres ambientales, la amenaza de la minería, las invasiones, la acaparación de tierras y los incendios configuran un Estado ecocida y genocida. Recientemente, los pueblos indígenas han denunciado acciones y omisiones del Gobierno Federal que podrían ser configurados como crímenes contra la humanidad y amenaza de genocidio. Por esta razón, la APIB y la Coordinación Nacional de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas han realizado una alegación de incumplimiento de un precepto fundamental, con el objetivo de obligar al Gobierno Federal a adoptar medidas de urgencia para combatir la pandemia en las comunidades indígenas y quilombolas. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó a favor del derecho a la vida y la integridad de los pueblos Yanomami y Ye'kwana, considerando el estado de vulnerabilidad, las fallas en los cuidados de la salud y la invasión de garimpeiros y madereros en sus territorios.

Una nueva forma de violación del derecho a la consulta previa en América Latina es la presión de los Estados nación y las partes interesadas a realizar las consultas de modo virtual.

En medio de la crisis del Covid-19, se registran también violaciones al derecho a la consulta y el consentimiento. Uno de los casos más relevantes es el del proyecto minero Belo Sun. Desoyendo la Resolución 01/2020 de la CIDH, que recomienda a los Estados “abstenerse de promover iniciativas legislativas o avances en la implementación de proyectos productivos o extractivos en los territorios de los pueblos indígenas durante el tiempo en que dure la pandemia”, el proceso de licitación no fue suspendido. Según la abogada y politóloga Biviany Rojas Garzón, el proceso de licitación no ha respetado los procedimientos dispuestos por el Protocolo de Consulta Juruna. Algo similar ocurrió en el Territorio Quilombola de Alcântara, donde centenares de familias fueron sorprendidas por un fallo de relocalización para darle lugar al Centro Espacial de Alcântara, sin la realización de una consulta previa ni respetar el Protocolo de Alcântara.

Mientras tanto, una nueva forma de violación del derecho a la consulta previa en América Latina es la presión de los Estados nación y las partes interesadas a realizar las consultas de modo virtual. En Brasil, los especialistas Biviany Rojas Garzón y Luís Donisete Grupioni denunciaron que la Empresa de Planeamiento y Logística ha intentado seguir con el proceso de consulta y consentimiento sobre la instalación del ferrocarril “Ferrogrão” con el pueblo Munduruku a través de Internet. El protocolo autónomo del pueblo Munduruku declara expresamente que las consultas deben realizarse en su territorio para que los funcionarios puedan dialogar con los indígenas y escuchar sus demandas: "Tienen que vivir con nosotros, comer lo que comemos. Tienen que escuchar nuestra conversación". Además, el Ferrogrão afecta a otros pueblos y comunidades tradicionales que también poseen protocolos autónomos: los Kayapó-Menkragnoti, el pueblo Panará, los pueblos del Territorio Indígena do Xingu, la comunidad tradicional Montanha y Mangabal y las Quilombolas de Santarém. Ninguno de ellos ha sido reconocido como afectado por el Estado.
 

Los rituales fúnebres del Pueblo Yanomami que habita la región de Surucucu fueron interrumpidos por la pandemia. Actualmente, luchan por cremar a sus muertos o poder retornarlos a sus aldeas. FotoHeitor Reali / AP

A la espera de una tregua

El “Balance sobre aplicación de la Convenio 169 a los Pueblos Indígenas, Quilombolas y Comunidades Tradicionales en Brasil” informa que una nueva tentativa de consulta virtual ocurrió con los pueblos indígenas Karipuna, Palikur-Arukwayene, Galibi Marworno y Galibi Kali’na del Oiapoque, que poseen un protocolo de consulta conjunto. El Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes realizó una consulta on-line, sin respetar los procedimientos determinados por el Protocolo Oiapoque. La acción también implicó mecanismos de presión sobre el Consejo de Caciques de los Pueblos Indígenas, que no tiene potestad para decidir por sí mismo los procesos de consulta y consentimiento. A estas violaciones de derechos colectivos, se suman casos como la falta de acceso al agua potable y atención de salud que sufren los pueblos Guaraní y Kaiowá, en la región sur de Mato Groso do Sul.

La ausencia de un Plan de Emergencia por parte del Gobierno Federal, el alto contagio y el número creciente de muertes por coronavirus entre la población indígena han agravado la situación de los pueblos y comunidades tradicionales. De este modo, la tragedia del Covid-19 se suma a la ausencia de la demarcación y titulación de tierras, las invasiones e incursiones ilegales en los territorios ancestrales, las amenazas de los proyectos extractivos y de desarrollo, y la violación del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.

Sin embargo, no todas son malas noticias. El reconocimiento de la validez jurídica de los protocolos autónomos por parte del Poder Judicial y la legítima reivindicación a la consulta de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales hacen pensar que el Estado brasileño les dé una tregua, y cesen los retrocesos y ataques a los derechos socioambientales, derechos humanos y derechos étnicos.

---
Liana Amin Lima da Silva es profesora de Derechos Humanos y Fronteras (FADIR/UFGD), pos-doctoranda y Doctora en Derecho Socioambiental (PUCPR). Además es coordinadora del Observatorio de Protocolos Comunitarios de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado: derechos territoriales, autodeterminación y jusdiversidad.

Priscylla Monteiro Joca es Doctoranda en Derecho por la Universidad de Montreal e investigadora colaboradora del Observatorio de Protocolos Comunitarios de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado: derechos territoriales, autodeterminación y jusdiversidad.

----
Fuente: Debates Indígenas: https://bit.ly/32ZOJri  

Otros articulos del boletín:

La autodeterminación de los pueblos en Colombia

Por Diana Alexandra Mendoza
 

Consulta o no consulta: he ahí el dilema

Por Frederica Barclay
 

La consulta previa en México: límites y falencias

Por Elisa Cruz Rueda
 

El pluralismo jurídico y los protocolos autónomos

Por Valentina López Garrido
 

 

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Añadir nuevo comentario