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El homicidio de una gobernadora indígena en Colombia

Foto: Malcolm Linton

El límite en la resistencia del pueblo Nasa.

Sandra Liliana Peña Chocué fue asesinada por la decisión de sacar de su territorio a los actores armados legales e ilegales, y acabar con los cultivos de uso ilícito. Tras su homicidio, la “Minga indígena hacia adentro” hizo efectivo un despliegue de autonomía y gobierno a través de la acción colectiva. Por su parte, las autoridades indígenas denuncian que el Gobierno Nacional no toma medidas para hacer respetar los Acuerdos de Paz ni para proteger la vida de los líderes sociales y autoridades étnicas.

Por Diana Alexandra Mendoza*

Debates Indígenas, 2 de mayo, 2021.- El pasado 20 de abril, fue asesinada Sandra Liliana Peña Chocué, la gobernadora indígena del Resguardo de La Laguna. La joven lideresa nació en Sath Tama Kiwe, uno de los territorios del pueblo Nasa enclavado en las montañas del departamento del Cauca. El ombligo de Liliana, al igual que todos los ombligos de los descendientes de Uma y Tay (la mujer y el hombre que procrearon a los Nasa y son su paradigma de vida), está enterrado en algún lugar de este territorio. Por esta razón, desde su nacimiento está anclada al espíritu de esta tierra-madre.

Sin embargo, la historia del Cauca y los demás territorios de los Andes colombianos llenos de millones de ombligos indígenas es también abundante en episodios de violencia y despojo desde la conquista y la colonia. Los pueblos originarios pasaron de ser los dueños ancestrales de amplias áreas en la región de Tierradentro, a ser indios desposeídos o confinados en pequeños resguardos creados por la corona española con el fin de proteger su mano de obra y recaudar fácilmente sus tributos.

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Sandra Liliana Peña Chocue nació en Sath Tama Kiwe, uno de los territorios del pueblo Nasa enclavado en las montañas del departamento del Cauca. Foto: Colectivo Maloka.

Resistencias a los terratenientes y al narcotráfico

La historia del pueblo Nasa está llena de testimonios de lucha. Los nasa son comuneras y comuneros aguerridos, conocidos por su capacidad de desafiar el poder de los terratenientes y los megaproyectos que amenazan su territorio y llevaron los índices de concentración de las tierras fértiles del Cauca a uno de los más altos del país. A su vez, desde finales de 1970, también son asediados por las guerrillas y los paramilitares ligados al narcotráfico que se disputan el control del Cauca por tratarse de una zona estratégica.

En el territorio nasa se abren corredores que conectan el piedemonte amazónico, la región del Pacífico y la frontera con el Ecuador. De este modo, hace décadas es un teatro de operaciones en el cual confluyen desde acaparadores de tierras y los empresarios, hasta ejércitos armados de promotores, compradores y transportadores de coca, amapola y marihuana cultivados en los territorios étnicos y campesinos.

“En el territorio nasa confluyen desde acaparadores de tierras y los empresarios, hasta ejércitos armados de promotores, compradores y transportadores de coca, amapola y marihuana.”

En sus inicios, los cultivos de coca con fines de narcotráfico se ubicaron en las zonas indígenas, aprovechando la ambigüedad entre la tradición y la supervivencia porque es una hoja sagrada que se utiliza como alimento, medicina y planta ritual desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, con el narcotráfico y el conflicto armado en sus territorios, el cultivo derivó en formas de control y violencia tan sangrienta que, incluso, las autoridades indígenas expidieron sus propias Leyes de Autonomía Territorial con el fin de proteger a la población, los ecosistemas naturales y las fuentes hídricas.

En este sentido, el pueblo Nasa estableció sanciones para aquellos comuneros que tuvieran cultivos de uso ilícito. Lamentablemente, los mismos sectores políticos, económicos y armados interesados en el negocio del narcotráfico han impedido a través de amenazas de muerte que los mismos indígenas desmantelen los cultivos. Para propagar el miedo, atentan contra la vida de autoridades y guardias indígenas que han intentado expulsarlos de sus territorios.

Marcha de la comunidad indígena Nasa en la carretera Panamericana cerca de El Pital en Cauca. En primer plano se observa el rifle de un soldado. Foto: Malcolm Linton.

La connivencia del Estado

No es excesivo decir que buena parte del territorio nasa ha sido un campo de guerra. Para el Estado colombiano, las batallas que ponen en juego la existencia de miles de indígenas son un devenir natural de conflictos sin solución que convienen a muchos. Los conflictos armados se inscriben en un espacio físico y cultural “anacrónico” cuyo destino es disolverse por sí solo en medio de las contradicciones de poder económico, político y militar.

Es un hecho documentado que la respuesta del actual gobierno no solo ha consistido en la ausencia o la omisión. Tanto el Centro Democrático como otros partidos afines al presidente Iván Duque anunciaron su animadversión contra el Acuerdo de Paz, suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la Guerrilla de las FARC en 2016, así como su intención de “hacerlo trizas”. Este Acuerdo, que incluyó medidas para la democratización de la tierra, el desmonte de cultivos de uso ilícito, el combate al paramilitarismo, un tribunal de justicia transicional, y medidas de reparación individual y colectiva a las víctimas, también representa una esperanza para contener la violencia en los territorios étnicos del Cauca.

“Al iniciar la implementación del Acuerdo de Paz, las organizaciones de indígenas, afrodescendientes y campesinos del Cauca empezaron a denunciar que desde el mismo Gobierno de Duque se jugaba activamente en su contra.”

Sin embargo, al iniciar la implementación del Acuerdo de Paz, las organizaciones de indígenas, afrodescendientes y campesinos del Cauca empezaron a denunciar que desde el mismo Gobierno de Duque se jugaba activamente en su contra. No solo permitiendo “los cruces” del narcotráfico, que incluso llegaron a ser manejados por carteles mexicanos, sino también protagonizando acciones de violencia directa contra las comunidades. De este modo, Duque permitió la consolidación de un aparato criminal del cual sacan partido el narcotráfico, los políticos locales y nacionales, los grupos armados legales e ilegales, los terratenientes, los medios de comunicación y las empresas privadas.

En 2019, un Pronunciamiento Público del pueblo Nasa reunido en Sa´th Tama Kiwe señalaba: “[El gobierno ha diseñado] un aparato de terror para la acumulación de capital, en la cual, cambian de uniforme y de nombre según se requiera pero la intención tiene que ver con despojar y desmantelar los procesos de las comunidades que defienden pueblos, procesos y territorios. Y justamente cuando altos mandos militares del ejército colombiano se ven involucrados en casos extrajudiciales es cuando aparece el Cartel de Sinaloa en territorios como el Cauca para garantizar el narcotráfico y quien se oponga será masacrado”.

Sesión de justicia tradicional del pueblo Nasa a hombres armados que trabajan para narcotraficantes. Fueron capturados por la guardia indígena, tras ser atacados cuando arrancaban las plantas de coca utilizadas para producir cocaína. Foto: Malcolm Linton.

La determinación que le costó la vida a Liliana

Es en este contexto que Liliana había comenzado su mandato como gobernadora nasa hace apenas cuatro meses. Su homicidio parecería ser una muerte más que lamentar en medio de ese paisaje cotidiano de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Las cifras conmocionan: entre 2020 y lo que va de 2021, se registraron 130 indígenas asesinados a lo largo de todo el país. De este modo, Colombia se encuentra en la cima de las estadísticas internacionales en materia de persecución de defensores y defensoras.

Cuentan los comuneros de Laguna Siberia, que inmediatamente antes de su asesinato y en su calidad de gobernadora del Resguardo, Liliana se dirigía a una comisión mixta en la que participarían el Gobierno Nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). La gobernadora había comunicado su decisión inflexible de sacar de su territorio a los actores armados legales e ilegales y acabar con cualquier cultivo de uso ilícito en su jurisdicción. Fue esta la determinación que le costó la vida.

Todo parece indicar que el homicidio de Liliana hirió el espíritu del pueblo Nasa y renovó su convicción de dignidad y autodeterminación. Al día siguiente del asesinato, las comunidades organizadas salieron a cumplir su decisión: expulsar a los actores armados y a los delincuentes, y acabar con los cultivos de uso ilícito en El Resguardo. De este modo, hicieron efectivo un despliegue de autonomía y gobierno en su territorio a través de una acción colectiva que han denominado “La Minga indígena hacia adentro” o “Minga de control territorial”.

“Al día siguiente del asesinato de Liliana, las comunidades organizadas salieron a cumplir su decisión: expulsar a los actores armados y a los delincuentes, y acabar con los cultivos de uso ilícito.”

La reacción de los actores armados legales e ilegales no se hizo esperar. Ya han realizado ataques armados contra la Minga y, hasta el momento, se cuentan 22 heridos. Pero esto no hace retroceder a la comunidad. Los nasa responden con vehemencia poniendo un punto final a la violencia contra ellos y su territorio: alzan las banderas de su autonomía y autodeterminación en el territorio en el cual está sembrado el ombligo y, ahora, el cuerpo de Liliana.

El 20 de abril, las autoridades tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca emitieron un comunicado bajo el título Que no se laven las manos con las sangre de nuestros líderes en el cual denunciaron que los asesinatos son sistemáticos y que el Gobierno Nacional no toma medidas para garantizar la vida y la autonomía indígena: “Ni los medios masivos de comunicación, ni los representantes del gobierno nacional y sus partidos amigos, nos pueden decir que por culpa del narcotráfico se asesina a la dirigencia social, a la dirigencia indígena; no nos pueden seguir vendiendo la idea de que el narcotráfico es la causa del reclutamiento de nuestros niños y niñas, cuando sabemos y hemos insistido, que la falla estructural que agudiza el conflicto social y armado en nuestros territorios, se ha dado por la política del gobierno del presidente Iván Duque, quien a través de sus pensadores, insiste en desconocer y volver trizas los Acuerdos de Paz”.

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* Diana Alexandra Mendoza es antropóloga, Máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.

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Fuente: Debates Indígenas: https://debatesindigenas.org/notas/104-homicidio-gobernadora-indigena-colombia.html

 

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