Fallo sobre Colombia-Nicaragua “obliga a retomar una agenda bilateral postergada”

Dos adolescentes raizales miran al horizonte desde la cima de Cayo Cangrejo, con la isla de Providencia al fondo|Hemis / Alamy Foto de stock Dos adolescentes raizales miran al horizonte desde la cima de Cayo Cangrejo, con la isla de Providencia al fondo|Hemis / Alamy Foto de stock

Servindi, 22 de julio, 2023.- Servindi dialogó con Nicolas Boeglin sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) favorable a Colombia y que pone fin a una larga disputa territorial con Nicaragua debido a la existencia de islas colombianas enclavadas en espacios marítimos nicaragüenses.

La compleja situación obliga a ambos países a buscar alcanzar arreglos de diversa índole en una agenda variada que incluye temas como la protección marina, tránsito, pesca, ambiente, crisis climática, narcotráfico, turismo, entre otros.

La agenda es muy amplia y las poblaciones raizales colombianas esperan que se materialice después de más de 20 años de controversia en La Haya.

Nicolás Boeglin es profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) 

- En su opinión, ¿la decisión del 13 de julio de 2023 de la Corte Internacional de Justicia es realmente una contundente victoria de Colombia contra Nicaragua?

En realidad, se puede decir que en parte sí y en parte no. La decisión de julio de 2023 rechazó las pretensiones de Nicaragua planteadas en el 2013 ante el juez internacional. Por lo tanto, lo que hace es simplemente devolver a los dos Estados en el tiempo a lo dictaminado el 19 noviembre de 2012. Se trata de una solución bastante compleja, con islas colombianas enclavadas en espacios marítimos nicaragüenses y que obligaba a los Estados a acordar arreglos de diversa índole.

Fuente del mapa: BBC

Hay que tener claro que para los habitantes de estas islas colombianas, los "raizales" como se denominan en Colombia, toda esta agenda bilateral marítima en el Caribe urgente de resolver con Nicaragua, quedó completamente suspendida desde 2012 debido a la profunda crispación que generó en Colombia el fallo de 2012, la actitud desafiante que adoptaron las autoridades colombianas en aquel momento y las dos nuevas demandas de Nicaragua presentadas en 2013... por lo que queda entera por iniciar e implementar esta agenda postergada.

No será fácil, pero con voluntad política de ambos lados, e incorporando en las discusiones las reivindicaciones de los raizales, creo que ambos Estados pueden lograrlo.

- Algunos analistas colombianos aseguran en días recientes que es la victoria la más exitosa en décadas de Colombia. ¿Usted cómo lo percibe?

Pongamos un poco las cosas en perspectiva. Es exitosa si se compara a la decisión de la CIJ de noviembre de 2012 y de la otra sentencia de la CIJ de abril de 2022 en la que condenó a Colombia por no acatar el fallo de 2012. No la es tanto si se considera que Nicaragua, de manera bastante osada, alegó en esta demanda tener derechos en su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas con base en una supuesta costumbre internacional. La CIJ explica en su decisión del pasado 13 de julio que, al tenor de la práctica observada, no se puede hablar de la existencia de una regla consuetudinaria en esta precisa materia.

Para las personas poco familiarizadas con el derecho internacional público hay que tener claro que cuando un Estado acude ante la CIJ con derechos que derivan, según él, de reglas consuetudinarias, debe demostrar que hay una práctica generalizada y una aceptación del carácter obligatorio de esta costumbre. Claramente, salvo algunos casos, esta práctica de derechos a una plataforma extendida más allá de 200 millas náuticas no es tal como para hablar de una costumbre internacional, tal y como lo sostuvo Nicaragua.

El problema desde el 2012 es que Colombia, al haber denunciado el Pacto de Bogotá en el 2012, precipitó a Nicaragua a demandarla durante el plazo de 12 meses para que surtiera efecto esta denuncia. Ninguna denuncia de ningún tratado tiene efectos inmediatos, sino que hay un plazo que respetar: en el caso del Pacto de Bogotá hablamos de 12 meses.

Pero además, al persistir  Colombia en no ratificar la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 –una situación que únicamente comparte en América Latina con El Salvador, Perú y Venezuela–, se ha colocado además sumamente distante de esta rama específica del derecho internacional público que regula el mar; y el discurso oficial tendencioso de sus autoridades en el 2012-2013, desconfiando de la imparcialidad de los jueces de la CIJ, hizo que se percibiera a Colombia como un Estado distante de la justicia internacional. En 2016 cuando la CIJ rechazó las excepciones preliminares presentadas por Colombia, el presidente Juan Manuel Santos de Colombia no encontró nada mejor que declarar ambas decisiones como "injuriosas" para Colombia.

Esperemos que con esta decisión, y con el tono mesurado que han tenido sus actuales autoridades desde el 13 de julio, Colombia poco a poco se logre reconciliar con la CIJ, y por qué no con el Pacto de Bogotá, la Convención de Derecho del Mar de 1982,  y más generalmente, con el multilateralismo.

- ¿Qué tan común es que un Estado  quiera busque ampliar su plataforma continental más allá de 200 millas náuticas? ¿Cree que ello pueda ser considerado como un acto hostil de Managua más que otra cosa?

En realidad, sí existen precedentes, pero la práctica no es tan generalizada como para hablar de una verdadera costumbre internacional. En mi opinión, la hostilidad no la inició Nicaragua en el 2012. Desde 2001 Nicaragua esperó a que la justicia dictaminara su decisión, y fue Colombia la que alzó la voz leída la sentencia en noviembre de 2012.

Algunos colegas en Colombia en estos días recientes han pasado convenientemente por alto el hecho que que si Colombia no hubiera tenido esta actitud tan provocadora a partir de noviembre de 2012, denunciado el Pacto de Bogotá declarando "inaplicable" su máxima autoridad (el Presidente Santos) el fallo de 2012, Nicaragua nunca hubiera planteado estas dos nuevas demandas, la segunda por supuestos derechos en la plataforma continental extendida más allá de 200 millas. 

- ¿Qué viene tras esta sentencia de la CIJ? 

Creo que viene ahora lo que se esperaría de parte de ambos Estados, con la suerte que ahora en Colombia tenemos a un presidente que no fue exministro de Defensa de Álvaro Uribe, sino a una persona más cuidadosa y mesurada en sus declaraciones oficiales. 

Ambos Estados deben reconsiderar dentro de sus aparatos diplomáticos respectivos que ahora hay que trabajar conjuntamente, encontrar mecanismos de diálogo y de concertación, precedidos de acercamientos al más alto nivel entre ambos Estados para implementar a nivel técnico la solución decidida por la CIJ en 2012 en temas tan variados como protección marina, tránsito, pesca, protección del ambiente, efectos del cambio climático, mecanismos en situaciones de emergencia en caso de accidentes meteorológicos, lucha contra el narcotráfico, turismo... La agenda es muy amplia y esperan ansiosas las poblaciones raizales colombianas que se materialice después de más de 20 años de controversia en La Haya. 

Ambos aparatos diplomáticos deberán  poner a sus mejores equipos de negociadores en aras de lograr una paulatina normalización de sus relaciones. 

Si hacemos cuenta, este 13 de julio de 2023, culminaron 43 años de controversia entre Nicaragua y Colombia (si tomamos como fecha la denuncia del tratado Esguerra Bárcenas de 1928 por parte de Nicaragua en 1980). Si tomamos la primera demanda interpuesta ante la CIJ por Nicaragua en 2001, concluyen 22 años de fuerte contienda legal entre ambos Estados. ¿El 13 de julio del 2023? ¡Un gran día para América Latina y la comunidad del Caribe!

SOBRE EL COLUMNISTA
Nicolas Boeglin

Profesor de Derecho Internacional Público, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com.



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