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Prosigue hostigamiento judicial contra defensores de derechos humanos

Servir con compromiso a los afectados por la contaminación le ha costado una denuncia al Dr. Fernando Osores y al abogado Juan Carlos Ruiz Molleda. Fuente de la imagen: Revista Ideele

Continúa la hostilización judicial y criminalización de abogado y médico que denunciaron la contaminación con metales pesados en Espinar, Cusco.

Servindi, 30 de diciembre, 2018.- Una vez más se volvió a postergar la audiencia judicial de control de acusación contra los defensores Juan Carlos Ruiz Molleda y Fernando Osores Plenge, abogado y médico respectivamente.

La audiencia debió realizarse el jueves 20 de diciembre en el Tercer Juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Pero, sin una razón válida, se ha postergado para el 29 de marzo de 2019.

Foto: Red Muqui

Ambos denunciados son reconocidos asesores y defensores de las comunidades campesinas afectadas por metales pesados en el distrito de Yauri, provincia de Espinar, en Cusco.

Increíblemente, fueron acusadas por el procurador del Ministerio de Salud, por supuestamente haber falsificado los resultados médicos de Margarita Ccahuana Cordova, fallecida de cáncer renal y por intoxicación por cadmio y arsénico.

Ello a pesar que asi lo determinó el certificado de defunción que expidió un médico del Hospital Goyeneche de Arequipa, al que luego se le presionó para que se retracte de esta certificación.

Se acusa a los defensores de falsificar los resultados entregados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente (Censopas), pese a que estos fueron proporcionados por el hijo de la fallecida.

Criminalizacion y grave precedente contra la libertad de exptesión

Numerosos organismos nacionales como internacionales han denunciado el proceso contra Ruiz Molleda y Osores Plenge, como una evidente acción de criminalización de los defensores de derechos humanos.

Se les hostiliza judicialmente, mediante l apertura de procesos penales que no tienen la menor consistencia y sustento legal, únicamente con la finalidad de distraerlos, cansarlos y aburrirlos.

Según Fernando Osores y Ruiz Molleda, la intención del MINSA es clara: "silenciar las diferentes acciones y acusaciones de las ONG y de los dirigentes de las comunidades campesinas y de las organizaciones afectadas".

Un pronunciamiento del 16 de julio advierte que la acusación "constituye un acto de amedrentamiento y criminalización a los defensores de derechos humanos, así como un grave precedente contra la libertad de expresión".

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, destaca que este caso de criminalización tiene lugar en un contexto de crisis socioambiental y de derechos humanos en la provincia de Espinar.

Desde 2010 la población de Espinar reclama al Estado atención médica especializada por estar contaminados con metales pesados por encima de los límites permisibles determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La contaminación estaría presuntamente vinculada con las actividades del proyecto minero Antapaccay, de la multinacional suiza Glencore.

La crisis socioambiental ocasionó en 2012 una serie de protestas en las que murieron 3 manifestantes y otros 15 resultaron heridos en un contexto de fuerte represión y criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. 

La represión a las comunidades se ha mantenido hasta la actualidad incluyendo la aplicación abusiva y contraria a los estándares internacionales de los estados de emergencia en el Corredor Minero.

Acceda a documentos claves del caso en los siguientes enlaces:

Artículo por el cual el Minsa abre proceso penal cotra los defensores: 

La respuesta al MINSA:

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