Destacan decisión de investigar actos que involucran al Pdte. Castillo

Servindi, 30 de mayo, 2022.- La Defensoría del Pueblo destacó la decisión del Fiscal de la Nación de investigar al presidente Pedro Castillo Terrones “pues contribuye a cumplir el deber constitucional de combatir la corrupción en todos los niveles del Estado”.

El Ministerio Público debe llevar a cabo una acción diligente y oportuna frente a los actos de corrupción, los cuales generan grave impacto en la institucionalidad del país y en el efectivo goce de los derechos de las personas, dijo la Defensoría.

Asimismo, destaca la decisión de no suspender los actos de investigación contra el primer mandatario y exhorta al Ministerio Público a realizar las diligencias necesarias para garantizar el mandato constitucional de una eficaz lucha contra la corrupción.

La Defensoría del Pueblo llamó a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y al actual titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, solicitando que no suspenda la investigación contra el presidente Pedro Castillo.

No llevar a cabo los actos de investigación y permitir que con el paso del tiempo se pierdan valiosos medios de prueba, es incompatible con el deber constitucional de luchar contra la corrupción y el rol de los fiscales frente a la comisión de delitos.

Si bien el artículo n.° 117 de la Constitución contempla que solo se puede acusar penalmente al presidente de la República en determinados supuestos –dentro de los que no se encuentran los delitos de corrupción–, esta disposición no impide que el Ministerio Público realice diligencias de investigación previas a dicho acto de acusación.

Abren investigación 

El Fiscal de la Nación de Perú, Pablo Sánchez, abrió investigación contra el presidente Pedro Castillo este domingo por los supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.

En su cuenta de Twitter, el Ministerio Público detalló que la investigación en la que se incluye al presidente es parte de aquella “inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y 6 congresistas”.

Dicha labor fue ampliada “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”.

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, quien renunció el 28 de febrero al cargo, es investigado por el Ministerio Público desde principios de mayo por los presuntos delitos de colusión y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal en agravio del Estado por el caso conocido como Puente Tarata.

La Fiscalía investiga posibles actos de corrupción en la licitación de esta obra pública en la que la Contraloría General de la República detectó irregularidades en su licitación.

La decisión de Sánchez, que se hizo conocida través de la cuenta de Twitter de la institución, detalla que “el presidente tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución Política”.