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Demandan al Estado por derrame catastrófico que pudo ser evitado

Servindi, 29 de abril, 2020.- Una demanda contra el Estado ecuatoriano presentaron el miércoles 29 de abril organizaciones indígenas y sociales exigiendo la remediación del catastrófico derrame petrolero ocurrido el 7 de abril.

Se trataría del mayor derrame de petróleo ocurrido en más de una década y afecta a cerca de 120 mil personas de 22 parroquias rurales a lo largo de las orillas de los ríos Coca y Napo, además de comunidades río abajo en el Perú.

La ruptura del Sistema de Oleoductos Transecuatorianos (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) pudo ser evitado pues el gobierno ecuatoriano fue advertido por científicos y expertos de que esta tragedia podría suceder.

La inacción negligente del gobierno que no tomó ninguna medida para disminuir la probabilidad de una ruptura del oleoducto ha agravado la actual crisis generada por la pandemia del COVID-19 .

Ecuador registra una tasa de mortalidad por el coronavirus más altas del mundo, pero en la Amazonía indígena el riesgo de infección es mayor debido a la falta de infraestructura, de pruebas y de acceso a los suministros básicos.

Hasta el momento, la respuesta del Estado ha sido inadecuada y poco transparente. Cientos de comunidades indígenas se enfrentan a la escasez de alimentos ya que dependen de estos ríos para obtener alimentos y agua dulce.

La demanda

La demanda fue presentada por la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y los Obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos y varias personas afectadas.

La acción se formalizó ante un juez en el cantón Francisco de Orellana, con el apoyo de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Exigen al Estado y a las compañías petroleras una urgente remediación ambiental, proporcionen soluciones a los pueblos afectados y reparen o reubiquen los oleoductos para evitar futuros derrames.

El derrame de petróleo y la mala respuesta del Estado violan derechos constitucionales de los pueblos indígenas como el derecho al territorio, la salud, la información, el agua y la soberanía alimentaria.

Asimismo, lesional el derecho a un medio ambiente limpio y ecológicamente equilibrado, y los derechos de la naturaleza.

, fue adoptada ante la vulneración de los derechos al agua, a la alimentación, a la salud, a vivir en un ambiente sano, a la información, al territorio de los pueblos y nacionalidades así como, a los derechos de la naturaleza por parte del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, EP Petroecuador y la empresa privada OCP – las entidades demandadas.

Acceda al boletin de prensa:

 

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