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Mundo Indígena Perú: El resumen nacional de Servindi

Servindi, 29 de abril, 2018.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Patricia Saavedra y Julio Quispe.

Mundo Indígena al 29 de abril de 2018

Carreteras de la muerte. La Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República aprobó el archivamiento de dos proyectos de ley que buscaban derogar la ley 30723 "Ley de carreteras de la muerte".

Con ello, la norma se mantiene vigente y deja en la desprotección a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, denominados PIAVCI.

Así lo reportó la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) quien consideraque para atender a las poblaciones de las fronteras debe considerarse alternativas compatibles con la protección de las reservas indígenas.

Mujeres amazónicas.Mujeres indígenas de la Amazonía peruana presentaron su agenda política en un foro público realizado en Lima el viernes 27 de abril.

En base a ejes como mujer indígena y territorio, participación política, acción climática, economía indígena y violencia hacia las mujeres indígenas, lideresas de diversas regiones amazónicas afiliadas a las bases de Aidesep dieron a conocer sus necesidades prioritarias.

Durante el foro además de las representantes de diversos pueblos amazónicos, estuvieron representantes de ministerios como del Ambiente, de la Mujer y de Cultura, además de la congresista Indira Huillca.

Los actores estatales manifestaron que la agenda se encuentra en concordancia con las políticas de Estado y expresaron su compromiso de promover esta agenda.

Patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la danza Anata de Camilaca, perteneciente al distrito tacneño de Camilaca.

La danza representa una cosmovisión, estética y ritualidad que reproduce un modo de vida a través de rituales de reciprocidad en agradecimiento a la Pachamama.

Por otro lado, la resolución encarga también realizar un informe detallado sobre el estado de la danza cada cinco, años para salvaguardar el ahora patrimonio cultural.

Licencia cuestionada. La empresa minera Consorcio Minero Palcawanka S.A.C, consiguió la “licencia social” de la comunidad de Palca, en Huancavelica, para la exploración de 800 hectáreas de territorio de esa y otras comunidades.

Sin embargo, los representantes de las comunidades denunciaron que la supuesta licencia social se dio en una asamblea que no tuvo el quorum exigido por la ley. 

Como se recuerda, la licencia con que contaba la minera caducó en 2015 por lo que las comunidades de la zona exigen ser consultadas.

Esta omisión por parte del Ministerio de Energía y Minas e INGEMED, está generando un serio conflicto social interno entre las comunidades que conforman el distrito de Palca.

Educación intercultural bilingüe.El presupuesto para la política de educación intercultural bilingüe fue debilitado al reducirse en más del 50 por ciento.

El duro revés es una herencia del saliente mandatario Pedro Pablo Kuczynski, según lo advirtió la Defensoría del Pueblo.

Así, el organismo defensor alertó al ministro de Educación, Daniel Alfaro, sobre la drástica reducción de más del 50 por ciento del presupuesto para este año y en diversos rubros.

Esta situación refleja el inicio de un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas cuyos avances han sido significativos en los últimos años, apuntó la Defensoría.

El órgano defensorial recomienda al ministro de Educación revertir este retroceso y priorizar los recursos necesarios que permitan alcanzar las metas del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021.

Rechazan área de conservación. Aidesep, la principal organización indígena amazónica nacional exigió al Gobierno Regional de Loreto que respete a la libre determinación del pueblo Shawi.

Demanda que se respete el territorio colectivo integral del pueblo Shawi y manifiesta el rechazo a la imposición del Área de Conservación Regional del Cerro Escalera-Shawi.

La organización indicó que hubo una deficiente información en la asamblea donde un sector de las comunidades convocadas expresó su conformidad con la creación de la ACR Escalera-Shawi.

Según AIDESEP, la imposición del área de conservación está motivada por "intereses externos y extranjeros" como los de la oenegé Naturaleza y Cultura Internacional (NCI).

Rechazan comentarios. Las organizaciones indígenas Aidesep y  Onamiap  rechazaron las expresiones del congresista Carlos Tubino sobre el ayahuasca.

Como se recuerda, tras la difusión del video sobre el linchamiento deSebastianWoodroffe, dicho parlamentario se refirió con "términos peyorativos" a la práctica religiosa y curativa indígena de la toma de Ayahuasca.

Las citadas organizaciones calificaron las palabras del congresista fujimorista como discriminatorias e indicaron que estigmatizan a los pueblos indígenas.

Destacan emprendimiento. La comunidad de Tingana, en la región San Martín, fue reconocida como un caso de éxito de turismo rural sostenible por la Organización Mundial de Turismo (OMT) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Distinguida como “lección para emprendedores turísticos”, por una publicación sobre el tema, Tingana destaca como modelo de gestión turística.

Bajo el enfoque de aprovechamiento de recursos forestales, la comunidad pasó de ser depredadora de la selva a ser cuidadora del ecosistema.

Saludan resolución.La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos saludó la resolución fiscal que ordena denunciar a Alberto Fujimori, exministros y exdirectores del programa de esterilizaciones como co-autores por lesiones graves en contexto de violaciones a los derechos humanos.

La Coordinadora afirma que la decisión marca un hito en la lucha contra la impunidad al indicar que la política nacional de esterilizaciones perpetró graves violaciones a los derechos humanos.

Considera que las 2166 mujeres que interpusieron denuncia hace 15 años obtuvieron con su valentía y persistencia, un avance en su derecho a la Justicia.

Defensa de Amarakaeri. Un reciente estudio revela los principales aportes que brinda la Reserva Comunal Amarakaeri para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental y a la existencia de futuras generaciones.

El importante informe sobre los servicios ecosistémicos que brinda este territorio ancestral se realizó a través de estudios con enfoque intercultural, valorando aspectos biológicos como los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos indígenas locales.

El estudio denominado "Los Servicios ecosistémicos que brinda la Reserva Comunal Amarakaeri" constituye el primer informe que el Ejecutor del Contrato de Administración ECA-Amarakaeri y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) acaban de publicar con apoyo financiero del Ministerio Federal del Medio Ambiente de Alemania.

Eliminación de la discriminación. Consulta previa, minería ilegal, intoxicación por mercurio, esterilizaciones forzadas, acceso a la justicia, a la propiedad de tierras son algunos de los diversos temas planteadas por las Naciones Unidas al Estado peruano.

El diálogo se efectuó en el marco del examen a la implementación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial realizado el 25 y 26 de abril.

El Comité respectivo analizó el informe presentado por el Estado peruano y durante el proceso recibió informes de organizaciones de la sociedad civil.

Las conclusiones del Comité denominadas “observaciones finales” serán publicadas el 11 de mayo de 2018.

Demanda contra criminalización. El Colegio de Abogados de Puno presentó una demanda de inconstitucionalidad contra una norma que criminaliza la protesta social.

Se trata del artículo 200 del Código Penal que tipifica como delito de extorsión la toma de carreteras o locales públicos, aunque se efectúen en el marco del legítimo derecho a la protesta social.

Dicha norma permite condenar, en una sentencia o una resolución que dicte presión preventiva, a líderes sociales que ejercen el derecho a la protesta en el marco de procesos de investigación policial y fiscal.

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