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Cuatro nuevos amenazados y desaparecidos por el narcotráfico

Así quedó la vivienda del agente municipal de la comunidad Sinchi Roca

Servindi, 24 de abril, 2021.- Cuatro defensores indígenas de la comunidad de Sinchi Roca y Puerto Nuevo II en Ucayali se encuentran en peligro por oponerse al avance del narcotráfico en la región.

El 23 de abril incendiaron la casa del agente municipal Elmer Gonzáles, quien afortunadamente salió ileso; mientras que Fredy Yaycate Pinedo fue encontrado con signos de tortura tras haber sido secuestrado.

La Organización Regional Aidesep de Ucayali (ORAU) también reportó la desaparición de Atilio Alegria Bonzano y señaló que Roki Vera Esteban se encuentra amenazado.

Es importante señalar que la comunidad Sinchi Roca es la misma donde en marzo de 2021 fue asesinado el joven Herasmo García en manos del narcotráfico.

Exigencias perentorias por la vida

La ORAU exige a las autoridades ejecutar un plan de emergencia para frenar la ola de agresiones y amenazas que crean zozobra e inseguridad para los comuneros, dirigentes y voceros que denuncian los hechos de violencia.

Piden una intervención integral, supervisada directamente por la Policía Nacional y las fiscalías en Lima, "que busque pacificar la zona y evitar nuevos atentados en los próximos días".

Un mensaje de los agresores se identifica como "colombiano" y exige al agente municipal su carga

Para ello, es esencial identificar y capturar a los asesinos, secuestradores y torturadores de los comuneros indígenas y brindar garantías personales a los líderes indígenas de la región.

De algun modo u otro, todos han sido amenazados de manera directa y constante, situación que es de conocimiento de la Policía Nacional del Perú.

Sin duda, es asimismo necesario y pertinente declarar en emergencia la región Ucayali y la provincia de Puerto Inca en Huánuco, para recuperar el estado de derecho y la presencia estatal en la zona.

Es menester que el Estado controle los circuitos de comercialización de los cultivos ilegales, que colocan en una elevada situación de riesgo a comunidades como Sinchi Roca y Puerto Nuevo II, entre otras.

Estado tiene responsabilidad en la inseguridad territorial

La organización indígena ORAU, afiliada a la nacional AIDESEP y a la internacional COICA, manfiesta que urge que el Estado peruano culmine la titulación y la georreferenciación de los territorios comunales.

Se trata de una deuda histórica que las comunidades "esperan por décadas" y es uno de los factores que subyace en la expansión de las actividades ilegales.

Como es sabido, la migración de colonos invasores trae aparejada la apertura de chacras dedicadas al cultivo de la hoja de coca que abastacen a las redes del narcotráfico.

Ucayali se ha convertido en el nuevo epicentro en la producción del narcotráfico en un contexto agravado por la discriminación de las autoridades policiales y judiciales contra los pueblos indígenas.

A ello se suma, la corrupción generalizada y la débil presencia del Estado peruano para controlar las actividades ilegales que dejan a las comunidades a merced del sicariato asociado al narcotráfico. 

Urge implementar mecanismo de protección

ORAU saluda la creación del Mecanismo Multisectorial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y la recibe con expectativa, aunque observa que se trata "sólo un pequeño logro".

La organización espera con prontitud que los ministerios involucrados en el mecanismo multisectorial adoptado mediante el Decreto Supremo 004-21 JUS publicado el 22 de abril asuman su responsabilidad de manera coordinada.

No solo debe asignarse un presupuesto adecuado para sus fines operativos sino que además cada ministerio debe designar "funcionarios responsables de las obligaciones derivadas del Decreto Supremo".   

 

                                     

 

 

 

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