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Vacían de contenido Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021

Fuente de la imagen: Andina

Servindi, 23 de febrero, 2018.- El ministro de Justicia Enrique Mendoza ha cometido fraude a la ciudadanía al vaciar de sus contenidos fundamentales al Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, denunció la Coordinadora Nacionales de Derechos Humanos.

El nuevo plan aprobado mediante el Decreto Supremo 002-2018-JUS "no contiene acuerdos que fueron consensuados de buena fe entre el Estado y sociedad civil, incluso, en algunos casos, representa un serio retroceso respecto de los contenidos planteados por el propio Estado" indica la coordinadora.

En materia de defensoras y defensores de derechos humanos se han eliminado del plan nacional "la casi totalidad de medidas propuestas por sociedad civil" apunta la Coordinadora en un pronunciamiento.


Enrique Mendoza, ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Además, se han eliminado las medidas consensuadas de reparación para las mujeres esterilizadas contra su voluntad bajo el régimen fujimorista. En materia de discapacidad, se dejaron de lado compromisos centrales y se omiten aspectos centrales como la seguridad jurídica de los territorios indígenas.

"Resulta lamentable que el Estado peruano falte a sus compromisos -a nivel nacional e internacional- por las presiones que han ejercido grupos de poder para excluir a las y los defensores del PNDDHH" observa la Coordinadora Nacional.

Lea el pronunciamiento completo de la CNDDHH a continuación:
 

Nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos: simulación y fraude

Comunicado

En medio de las reacciones al indulto ilegal otorgado por el presidente Kuczynski al señor Alberto Fujimori, el Ministro de Justicia Enrique Mendoza anunció como un gran logro para el país la aprobación del nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos 2018- 2021 (PNDDHH 2018-2021). Una vez más, el Ministro Justicia ha pretendido sorprender a la ciudadanía con el anuncio de la aprobación de una herramienta fundamental para velar por el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, cuando en realidad no lo es, pues esta herramienta, en el proceso final de su aprobación, ha sido vaciada en sus contenidos fundamentales por acción del propio Ministerio de Justicia.

Al respecto, la CNDDHH informa que la elaboración del nuevo PNDDHH 2018-2021 suscitó inicialmente expectativas y compromisos desde diferentes espacios de sociedad civil. Sin embargo el proceso de formulación se hizo lento y restrictivo en el tiempo. La designación del Ministro Mendoza no hizo más que profundizar los límites de la participación de sociedad civil además de omitir componentes fundamentales de acuerdo a los estándares internacionales sobre la materia. (Ver carta)

El nuevo PNDDHH 2018-2021, aprobado mediante Decreto Supremo 002-2018-JUS, no contiene acuerdos que fueron consensuados de buena fe entre el Estado y sociedad civil, incluso, en algunos casos, representa un serio retroceso respecto de los contenidos planteados por el propio Estado. A modo de ejemplo, debe señalarse que en materia de defensoras y defensores de derechos humanos se han eliminado del PNDDHH la casi totalidad de medidas propuestas por sociedad civil, incluyendo aquella que buscaba crear un mecanismo de protección para defensoras y defensores, con la finalidad de evitar crímenes como el del ambientalista Napoleón Tarrillos, ocurrido en diciembre pasado. Resulta lamentable que el Estado peruano falte a sus compromisos -a nivel nacional e internacional- por las presiones que han ejercido grupos de poder para excluir a las y los defensores del PNDDHH.

Se han eliminado también las medidas consensuadas de reparación para las mujeres esterilizadas contra su voluntad bajo el régimen fujimorista. En materia de discapacidad, se dejaron de lado compromisos centrales para este colectivo, como las medidas destinadas a la desinstitucionalización. En materia de pueblos indígenas se omiten aspectos centrales como la seguridad jurídica de los territorios que ocupan estas poblaciones.

Lo ocurrido con el recientemente aprobado PNDDHH 2018-2021 da cuenta de una práctica estatal vergonzosa: la simulación del cumplimiento de nuestros compromisos internacionales con la aprobación de herramientas que no expresan las necesidades urgentes del país ni voluntad para avanzar hacia un Estado garante de los derechos de todas y todos. En este sentido el nuevo PNDDHH no es sino un lamentable fraude.

22 de febrero de 2018

 

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