Servindi, 23 de enero, 2024.- El refrán popular “carrera de caballo parada de borrico” grafica lo ocurrido con el gobierno de Santiago Peña, en Paraguay, y su anhelo de promover los mercados de carbono con una de las “leyes más avanzadas del mundo”.
El gobierno acudió a la COP28 en Dubái para avanzar negociaciones con Singapur y Emiratos Árabes Unidos y conseguir compradores para sus créditos de carbono y demostrar la efectividad de su política climática.
Un reportaje difundido por Mongabay Latam, como parte del consorcio Carbono Opaco, un proyecto sobre cómo está funcionando el mercado de carbono en América Latina, desentraña sus flaquezas.
El presidente paraguayo Santiago Peña junto al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente de la COP28, Sultan Al Jaber. En su discurso ante la Conferencia y en varios eventos, Peña resaltó la creación de la ley de créditos de carbono. Fotografía: COP28 / Christopher Pike
La Ley de créditos de carbono aprobada en octubre de 2023 a trompicones encierra serias y graves debilidades, como un concepto demasiado laxo de “adicionalidad”.
La adicionalidad es esencial en la lógica del mercado de los créditos de carbono, y significa que se debe demostrar que una captura o reducción de las emisiones a través de un proyecto no hubiera sucedido si los mercados no pagaran para que se cuide ese bosque.
“El gobierno de Peña eliminó la obligación de garantizar tal cosa” resume el reportaje de Mongabay, con lo cual se incrementa el riesgo de la doble contabilidad del carbono.
A ello se agrega la ausencia de salvaguardas ambientales y de derechos humanos aprobadas por la COP16 celebrada en Cancún.
Las salvaguardas deben brindar garantías para que las iniciativas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) cautelen los derechos de los pueblos indígenas potencialmente afectados.
La ley de créditos de carbono ha sido fuertemente criticada por organizaciones ambientales y por la oposición a raíz de la ausencia de artículos que garanticen la protección del ambiente y de los derechos humanos.
La norma fue aprobada en ambas cámaras del Congreso en medio de denuncias de senadores opositores de tráfico de influencias para favorecer a estudios jurídicos que asesoran a proyectos de carbono.
El proyecto de forestación de eucaliptos de la empresa de celulosa sueco-paraguaya Paracel se ha topado con problemas para ser aprobado en el mercado voluntario de carbono.
Entre las razones se señala su falta de adicionalidad y porque la compañía proporcionó datos desactualizados.
“Las dificultades de Paraguay de lograr acuerdos más sustantivos sobre créditos de carbono en la COP28 y la alta posibilidad de tener que modificar su recientemente estrenado marco jurídico sugiere que el apuro que inspiró a aprobar una ley con tantos cuestionamientos no se justificó, incluso, hasta pudo haber sido un gol en contra” concluye el reportaje.
Acceda al reportaje completo con un clic en la imagen o en el siguiente enlace:
https://es.mongabay.com/2024/01/paraguay-creditos-de-carbono-ley-puede-ser-un-gol-en-contra/
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