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Guatemala: Defensor maya requiere de apoyo internacional para salir de prisión

Servindi, 22 de julio, 2021.- El líder indígena guatemalteco Bernardo Caal pidió a organizaciones internacionales pronunciarse "sobre la violación de derechos humanos de miles de niños, niñas, hombres y mujeres del pueblo maya q’eqchi’’.

Mediante una carta dirigida a la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia "el despojo del derecho al agua del río Cahabón".

Originario del pueblo Maya q’eqchi, Caal Xol cumplió el 19 de julio 1.250 días de prisión por su oposición a la construcción de una hidroeléctrica en la región de Alta Verapaz que afecta a 29 mil indígenas mayas.

La organización Alianza por la Solidaridad-ActionAid espera que las instituciones internacionales reciban la carta y apoyen la solicitud de liberación inmediata e incondicional de Bernardo Caal Xol.

La solicitud fue elaborada por su defensa legal y por numerosas organizaciones nacionales e internacionales y sostiene que Bernardo se encuentra preso en base a indicios débiles.

El caso de Bernardo Caal se remonta a 2015, cuando denunció el proyecto complejo hidroeléctrico sobre el río Oxec, afluente del río Cahabón, en territorio indígena por vulnerar el derecho de consulta a los pueblos indígenas.

Luego, prosiguió otra denuncia a la que seguiría otra por apropiación y tala de un bosque. Asimismo, el docente y activista se implicó en la denuncia contra la hidroeléctrica Renace, obra subcontratada al grupo español Cobra (ACS).

La denuncia que fue investigada por Alianza por la Solidaridad-ActionAid sostiene el incumplimiento de los derechos humanos y ambientales de 29.000 indígenas mayas, a quienes se les ‘secuestró’ el río Cahabón.

Bernardo Caal fue entonces víctima de una campaña de descrédito contra su persona, a cargo de trabajadores de una empresa subsidiaria de OXEC quienes acusaron a Caal de delitos de robo y retención de trabajadores.

En enero de 2018 Bernardo fue condenado a 7 años y cuatro meses de prisión. Sin embargo, hasta ahora, la empresa OXEC no ha cumplido con los requerimientos judiciales de realizar una consulta y continúa con su actividad.

Sin embargo, el líder indígena está preso en base a indicios débiles, y ha tardado dos años y medio en conseguir que su recurso llegara a sala de apelaciones de Alta Verapaz. Ahora, la decisión puede tardar dos meses en llegar.

Edgar de León, uno de sus abogados, recuerda que “a nivel procesal, con jueces independientes, Bernardo nunca debiera haber estado ligado a un proceso penal.  Pero el problema en Guatemala es que no estamos en esa situación y todo puede pasar”.

Si finalmente no fuera considerada su apelación, señala que podría llevarse su caso a la Corte Constitucional del país, pero todo ello supone invertir unos recursos económicos de los que su familia no dispone.

¿Empresas impunes?

El caso de Bernardo Caal es un claro ejemplo de las dificultades de los pueblos indígenas y sus líderes para denunciar a empresas nacionales y extranjeras que vulneran sus derechos y destruyen sus recursos naturales en países donde ni sus gobiernos ni su judicatura se los garantizan, enfrentándose así a las presiones de poderosas compañías.

Miles de defensores como Caal Xol, reconocido como preso político por Amnistía Internacional, son criminalizados, cuando no asesinados y acosados para que dejen su actividad bajo la excusa de que entorpecen el desarrollo:

En mi caso, tan sólo quieren amedrentar a los pueblos indígenas para quedarse con el río Cahabón y llevarse la energía que generen fuera del país, porque las comunidades que hay junto a sus orillas no reciben nada”, asegura Bernardo desde prisión.

Una Ley de debida diligencia

Alianza por la Solidaridad-Action Aid, junto con otras organizaciones y entidades españolas, ha puesto en marcha la Plataforma Empresas Responsables para exigir en España una Ley de Debida Diligencia que recoja cinco puntos fundamentales:

  1. Obligación de las empresas de desarrollar e implementar planes de debida diligencia con los derechos humanos y ambientales.
  2. Un sistema disuasorio de infracciones y sanciones para el caso de incumplimiento total o parcial de dicha obligación.
  3. En los que se ha producido vulneración de los derechos, debe asegurarse el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas.
  4. Se designará una autoridad pública independiente, que rendirá cuentas y estará dotada de un mandato claro, así como de suficientes recursos financieros y personal.
  5. Obligación de las empresas de publicar un informe anual con la información relevante y detallada de sus planes de debida diligencia, así como de su seguimiento y resultado.

La Plataforma, apoyada por más de 500 organizaciones y entidades, está abierta a más adhesiones a su manifiesto, a través de la web.

 

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