Servicios en comunicación Intercultural

Intereses pro-transgénicos contra la moratoria

Ciruela transgénica. Foto: Andina/Internet.

Servindi, 23 de julio, 2020.- La ley que prohíbe por diez años la producción y comercialización de los transgénicos en el Perú, está muy cerca de vencerse. En diciembre de 2021 podrían abrírsele las puertas, pese a los riesgos que representan para la agrobiodiversidad.

En medio de esta pandemia, el Ministerio de Agricultura (Minagri) ha creído conveniente publicar un reglamento (RISBA) que “pretende crear un sistema regulatorio que permita la liberación comercial de cultivos transgénicos al medioambiente”, según han alertado diversas organizaciones de agricultores.

En esa línea, las instituciones sociales solicitan la promulgación de una Ley de Moratoria Indefinida que le permita al Perú declararse como un país libre de transgénicos.

Para entender las razones de este pedido, es importante remontarse al 2011, año en que, tras arduos debates, el gobierno de Ollanta Humala promulgó la ley que prohibió por 10 años el ingreso y comercialización de los transgénicos en el Perú y su liberación en el ambiente.

¿Cuáles fueron las razones para promulgar dicha ley? ¿Qué sectores se opusieron a esta promulgación?

Foto: AFP

Antecedentes claves

Tal como lo ha recordado Gerardo Saravia en un reciente artículo publicado por el Instituto de Defensa Legal (IDL), la promulgación de la moratoria a los Organismos Vivos Modificados (OVM), conocidos como transgénicos, estuvo antecedida por presiones de fuertes intereses económicos y un claro respaldo de parte de las más altas autoridades de gobierno.

El entonces presidente Alan García Pérez, se había mostrado a favor en varias ocasiones del ingreso de los OVM al Perú y, tres meses antes de dejar el cargo, en abril de 2011, promulgó el Decreto Supremo 003-2011-AG “que abría las puertas de los transgénicos a nuestro país”.

La publicación de dicho decreto generó la reacción de diversos académicos. Una de ellas fue Antonietta Gutiérrez, directora del Centro de Investigación en Recursos Genéticos, Biotecnología y Bioseguridad (CIRGEBB) de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

En un debate en Canal N, Gutiérrez cuestionó el decreto porque este no había sido consultado en ningún momento con las comunidades, tal como lo establece la ley de consulta previa y, porque, además, la migración a los cultivos transgénicos, no les iba a permitir a los pequeños y medianos agricultores hacer uso de su derecho a guardar semillas para la siguiente siembra.

“En primer lugar, el agricultor tiene que comprar las semillas y, en cada ciclo de siembra, tiene que volverlas a comprar. […] ¿Por qué? Porque estas semillas [transgénicas] tienen derechos de propiedad intelectual que le ofrecen a la empresa que los vende el poder resguardar su inversión y reclamar los derechos por el uso de ella”, explicó Gutiérrez.

 

Posiciones marcadas en el Ejecutivo

En ese mismo contexto, el 3 de abril, los ministros del Ambiente (Antonio Brack) y Agricultura (Rafael Quevedo) fueron convocados a la Comisión Agraria del Congreso para tratar acerca del decreto publicado.

Las opiniones fueron marcadamente divididas. Mientras Quevedo señalaba que el país tenía la necesidad de recurrir a los transgénicos para “elevar la productividad de los cultivos locales”; Brack aseguró que el Perú no estaba en condiciones técnicas para hacer seguimiento a los eventos transgénicos.

Para ese momento, el ministro Rafael Quevedo ya estaba siendo cuestionado por tener entre sus asesores al empresario judío Alexander Grobman Tversqui, quien al mismo tiempo era presidente del directorio de dos empresas vinculadas al negocio de las semillas transgénicas: Semillas Penta del Perú y Productora Agrícola del Campo.

A Grobman Tversqui, además, se le recordaba por haber representado al Perú en la IV Reunión de Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, realizado en Bonn, Alemania, en mayo del 2008, donde se negó junto a solo dos países de un total de 140, a suscribir una normatividad internacional que ordenaba compensar los daños causados por los transgénicos en el agro, el medio ambiente y la salud.

Dicho acto de Grobman fue calificado de “deslealtad patriótica” por el entonces presidente de la Confederación Nacional del Agro Peruano (Conveagro), Luis Zuñiga, quien lo acusó de priorizar sus intereses, “antes que las leyes obliguen a compensar los daños que sus productos [transgénicos] causan en el ser humano y en el agro”.

En tanto, las cosas terminaron de complicarse para el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, cuando una publicación de la periodista Jacqueline Fowks, hecha el 6 de mayo, reveló que Quevedo era directivo de El Rocío SA, una avícola que tenía entre sus principales insumos a la soya y el maíz transgénicos. “El ministro sabe para quién trabaja”, escribió entonces Fowks.

A la semana siguiente, el 13 de mayo, el Ejecutivo anunciaba la renuncia de Quevedo porque, según informó la PCM, era un “hombre de bien” que quería hacer frente a las imputaciones sin involucrar al gobierno. En reemplazo, asumió Jorge Villasante, quien hasta ese momento se desempeñaba como ministro de la Producción.

La moratoria

Con los actores del debate cada vez más claros, el 7 de junio, el Congreso aprobó una ley de moratoria de transgénicos que fue observada un mes después por el Ejecutivo, aún presidido por Alan García.

El 8 diciembre de 2011, ya con Ollanta Humala como presidente, se promulgaría la Ley 29811 que establece por diez años la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) para cultivo o crianza, mas no para los OVM de uso confinado (en laboratorios) y de uso directo (alimentación humana, animal o procesamiento).

Con esta moratoria, se buscó darle tiempo al país para que fortalezca las capacidades que “le permitan realizar una evaluación con conocimiento actualizado sobre la biodiversidad, que podría verse potencialmente afectada” con la liberación de transgénicos, de acuerdo a una publicación hecha por Dino Delgado, abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Bajo esta misma ley, se designó al Ministerio del Ambiental (Minam) como la Autoridad Nacional Competente para fortalecer estas carencias y en el 2012, se formó la Comisión Multisectorial de Asesoramiento (CMA), adscrita al Minam, para cumplir funciones de seguimiento y emitir informes técnicos al respecto.

Esta comisión está integrada por 17 representantes de instituciones públicas y privadas, entre los que se encuentra Alexander Grobman Tversqui, el empresario vinculado al negocio de las semillas transgénicas y exasesor del Ministerio de Agricultura en el gobierno de Alan García, quien figura como representante titular de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Fuente: Comisión Multisectorial de Asesoramiento - CMA

Avances y amenazas latentes

Han pasado ocho años y medio desde la promulgación de la moratoria y, ahora, con la publicación del proyecto de reglamento sectorial de agricultura sobre los OVM, conocido como RISBA, ha vuelto a resurgir el debate sobre si las capacidades del país son suficientes o no para evaluar y gestionar de manera efectiva los posibles efectos adversos de estos organismos sobre el ambiente y la diversidad biológica.

En una reciente publicación, el especialista en temas ambientales, Juan Gil Mora¸ asegura que el proyecto RISBA “no evidencia los resultados de investigación ni de los ensayos confinados respecto de los riesgos que podrían generar los OVM” en la biodiversidad.

Asimismo, advierte que esta propuesta “no ha considerado las prácticas ancestrales que poseen miles de organizaciones campesinas y productores en todo el territorio nacional para conservar la diversidad biológica”.

Por su parte, a un año y medio del fin de la moratoria, el Ministerio del Ambiente asegura que “el balance general de la [implementación de la] Ley de Moratoria es positivo y se cuenta con cerca de un 80% de avance”.

De acuerdo al Minam, a la fecha se ha culminado el levantamiento de las líneas de base —estudios sobre la diversidad y la distribución de los cultivos en territorio nacional— del maíz, la papá, el algodón, las calabazas, los zapallos y el tomate.

Asimismo, aseguran que se cuenta con un Plan de Vigilancia capaz de descartar la presencia de OVM en el ambiente; y que existen tres laboratorios acreditados y capacitados para la detección de OVM a través de pruebas moleculares.

Si bien ha habido avances en estos aspectos, Gil Mora considera que aún no se podría decir que el proceso ha culminado: aún falta realizarse más estudios, contar con más laboratorios acreditados y crear un Sistema Nacional de Bioseguridad de OVM.

“Consecuentemente, el país requiere una mayor información para tomar una decisión respecto de los OVM y sus riesgos y efectos; por lo tanto, se debe de continuar con la moratoria”, señala el especialista.

Foto: Instituto Nacional de Innovación Agraria

En contra de los transgénicos

En medio de este debate, el 13 de julio, el Frente Popular Agrícola (Frepap) presentó el Proyecto de Ley 5756 que busca prorrogar la vigencia de la ley de moratoria a los transgénicos por un plazo adicional de diez años que, de ser aprobada, regiría hasta el 9 de diciembre del 2031.

“La propuesta es muy simple y clara: el Perú no tiene las condiciones para hacer experimentos y exponer a riesgos innecesariamente su patrimonio genético y su biodiversidad al liberar semillas genéticamente modificadas en los campos de cultivo”, se lee en la propuesta presentada por iniciativa de la congresista María Retamozo.

Según el Frepap, sería un “tremendo error” para el país “cambiar un sistema de cultivo basado en la diversidad, el cuidado del medio ambiente, el manejo biológico de plagas, la soberanía del campesino; por un modelo que convierte las semillas en una mercancía patentada y con pago de derechos”.

EXTENSIÓN. Proyecto de Ley presentado por el Frepap que propone la ampliación de la moratoria a los transgénicos por 10 años más.

A esta propuesta se ha sumado la del congresista Lenin Bazán, del Frente Amplio (FA), quien propone a través del Proyecto de Ley 5751 la ampliación de la moratoria hasta el año 2035 “para evitar que estos afecten los cultivos de la agricultura nacional, dañen irremediablemente nuestra biodiversidad y los ecosistemas nativos”.

Desde la sociedad civil y las organizaciones del agro, el rechazo hacia los transgénicos también ha sido ratificado, al mismo tiempo en que advirtieron que la propuesta RISBA del Minagri “representa una grave amenaza a la rica biodiversidad del Perú”.

El 20 de julio, el presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, se sumó a este rechazo y aseguró que “lo que el Perú necesita es diseñar una política agraria urgente que invierta en la agricultura familiar indígena”, puesto que esta asegura la alimentación a 8 de cada 10 familias peruanas.

“Esta pandemia nos ha demostrado que ninguna crisis se supera sin alimentos, por ello insistimos que el derecho a una alimentación sana y libre de transgénicos, debe ser declarado como prioridad nacional”, agregó Huáscar, quien exige que se declare la moratoria indefinida a los transgénicos.

___

Te puede interesar:

Valoración: 
0
Sin votos (todavía)

Añadir nuevo comentario