Fuente de la imagen: El colombiano.com
Servindi, 21 de abril, 2022.- Un contundente rechazo a la castración química y la demanda de respuestas integrales que partan de la prevención formularon organizaciones de la sociedad civil y del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Grupo de Trabajo contra la Tortura de la CNDDHH afirma que la castración química es una medida populista que no logrará combatir adecuadamente el problema de la pedofilia en el país.
La castración química como pena complementaria viola el derecho fundamental de dignidad de la persona y el principio constitucional de rehabilitación y reinserción social del reo.
Frente al anuncio del presidente Pedro Castillo respecto de la aplicación de la castración química obligatoria a violadores de menores de edad la CNDDHH señala además que contraviene los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano.
Entre ellos, cita la Convención Americana y las Convenciones contra la Tortura de las Naciones Unidas que prohíben el uso de penas crueles, inhumanas o degradantes contra la persona.
En la mayoría de países en los que se ha aprobado no es de carácter obligatorio sino voluntario, previo consentimiento libre e informado del infractor, y viene acompañada de otras medidas como terapia y asesoramiento psicológico.
Sostiene que no se ha comprobado científicamente su efectividad en la prevención de la reincidencia de delitos sexuales, ni detiene el ejercicio de poder sobre los cuerpos feminizados.
Además, el costo elevado y la necesidad de dosis periódicas de por vida para su aplicación la hace inviable en nuestro actual sistema penitenciario.
Por una respuesta integral
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha manifestado, con relación a la castración química y otras medidas similares, que es más efectivo combatir la impunidad para estos crímenes que incrementar la severidad del castigo.
Para este efecto, es necesario brindar seguridad en el acceso a la justicia y asegurar la ejecución de las penas existentes. Los castigos que se impongan a los agresores no deben colocarnos en riesgo de cometer otras violaciones a los derechos humanos.
Considera que las respuestas integrales deben tener como punto de partida la prevención. En este sentido, urge implementar la política multisectorial de prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, fortalecer el monitoreo de casos de violencia; incorporar la educación sexual en el sistema educativo nacional y mejorar el acceso a servicios de salud mental y salud sexual y reproductiva.
Otra medida es fortalecer a los operadores de justicia, los mecanismos e instituciones que brinden garantías para incentivar las denuncias libres de revictimización y mejorar el acceso a la justicia para eliminar la impunidad de los delitos.
Mediante un comunicado el Sistema de las Naciones Unidas en Perù remarca la necesidad de imponer los castigos correspondientes y agilizar los procesos; e implementar las medidas de protección establecidas en la Ley 30901 y otras normas.
Abusos recurrentes
El Sistema de las Naciones Unidas en Perú lamenta y condena los casos de abuso sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes, cuyas devastadoras
Indica que en el Perú, cada día 16 niñas y adolescentes mujeres son víctimas de abuso sexual. Entre el 2020 y 2021, los casos de maternidad adolescente entre menores de 15 años se incrementaron de 1,158 a 1,438.
Por ello remarca que esta preocupante situación requiere de una respuesta integral y no solo de medidas aisladas.
Finalmente, reitera el compromiso y disposición de las Naciones Unidas para apoyar a las instituciones del Estado peruano en sus esfuerzos para eliminar estos delitos y propiciar una sociedad más igualitaria que nos plantean la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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