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Organismos de DD. HH. celebran entrada en vigor de Escazú

Con motivo del 22 de abril, Día Internacional de la Madre Tierra, la CIDH y ONU Derechos Humanos celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú.

 Servindi, 22 de abril, 2021.- Diversos organismos internacionales de derechos humanos celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú el día 22 de abril, fecha que coincide con la celebración el Dia Internacional de la Madre Tierra. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONU Derechos Humanos, entre otras instancias, destacan que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado con disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

Mediante un comunicado afirman que su entrada en vigor es un "avance relevante considerando que América Latina es una de las regiones más peligrosas para las personas defensoras de la tierra y el ambiente".

Ellas cumplen una importante función en la consolidación de la democracia, el Estado de derecho y en el desarrollo sostenible y llaman a los Estados a proteger su labor.

La CIDH, su su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Culturales y Ambientales (REDESCA) y ONU Derechos Humanos saludan a los países que han ratificado este acuerdo.

Asimismo, alientan a los países que aún no lo han hecho a hacerlo prontamente e instan a todos los Estados de la región a desarrollar procesos participativos, mediante planes de acción nacionales, para su efectiva implementación.

Conoce el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe con un clic en el siguiente enlace:

 

 

Una actividad riesgosa, pero necesaria

La defensa de los derechos humanos y del medio ambiente es una actividad legítima y necesaria, cuya promoción y protección deben ser garantizadas por todos los Estados.

La CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos observan los riesgos y ataques que enfrentan continuamente las personas que defienden y promueven los derechos a la tierra, territorio y al medio ambiente en la región.

Se trata de actos de hostigamiento, amenazas, criminalización y estigmatización, ataques contra su vida e integridad personal y las de sus familias.

Los riesgos que enfrentan tienen un efecto amedrentador que va más allá de las víctimas directas, pues amenaza con paralizar actividades de defensa cruciales para el futuro del planeta y la humanidad.

En América Latina, un gran número de agresiones se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales.

Tales actividades son aprobadas e implementadas sin el debido respeto al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades.

Estados deben perseguir delitos ambientales

El manejo de la pandemia por COVID-19 ha restringido el derecho a la participación de las personas defensoras de derechos humanos, incluidos activistas ambientales, así como al acceso efectivo a la información y a la justicia.

Se ha observado una reducida capacidad y voluntad de los Estados para fiscalizar los delitos ambientales, proteger la naturaleza, tierras y territorios indígenas.

De igual modo, se percibe una erosión de los mecanismos para garantizar que las personas y organizaciones de la sociedad civil participen plenamente en la toma de decisiones.

La CIDH, su REDESCA y ONU Derechos Humanos exhortan a los Estados a cumplir con su deber de proteger la vida y la integridad personal de quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente.

Para ello es crucial reconocer de manera pública e inequívoca la importancia de su labor, fortalecer la investigación y el procesamiento de los delitos de los que son víctimas.

Además, deben evitar el uso indebido del derecho penal en su contra y adoptar políticas públicas integrales de protección, incluyendo medidas específicas para proteger las mujeres defensoras.

Finalmente, alientan a los Estados de la región a buscar alternativas para que sus instituciones públicas tengan activa presencia en los territorios más afectados por la violencia.

Ello se puede lograr a través de su capacidad de respuesta institucional, civil, de desarrollo y ambientalista, para promover los derechos y proteger las personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Datos complementarios

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General encomendó a la Alta Comisionada y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. 

ONU Derechos Humanos proporciona asistencia en forma de competencias técnicas y fomento de capacidad para apoyar la aplicación sobre el terreno de las normas internacionales de derechos humanos. Ayuda a los gobiernos, que tienen la responsabilidad primordial de proteger los derechos humanos, a cumplir con sus obligaciones y apoya a los individuos en la reivindicación de sus derechos. Además, denuncia de manera objetiva las violaciones de derechos humanos.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

La REDESCA es una Oficina de la CIDH con independencia funcional y especialmente creada para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano.

 

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