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Estado de emergencia, una política de Estado para garantizar minería

Foto: Andina

El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú alerta que el gobierno de PPK viene restringiendo derechos constitucionales, como la libertad de reunión y libre tránsito, tal como lo señala el último Decreto Supremo N°006-2018-PCM, que declara Estado de emergencia a toda la vía del corredor minero del sur del país: Apurímac, Cusco y Arequipa, donde se encuentran proyectos mineros como Las Bambas, Antapaccay y Constancia en Cusco y Cerro Verde en Arequipa

OCM, 19 de enero, 2018.- Para el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski una estrategia para prevenir los conflictos mineros  y garantizar la inversión minera es la declaratoria de emergencia en las zonas mineras, desde hace ocho meses en Apurímac a las poblaciones que son de la zona de influencia de la mina Las Bambas les han suspendido el ejercicio de derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la libertad de reunión y tránsito.

Esta política de Estado del actual gobierno ahora ha ampliado a tres regiones del país: Arequipa, Cusco y Abancay, donde se encuentran los tres proyectos más importantes: Las Bambas, Antapaccay, Constancia y Cerro Verde.

Una estrategia para prevenir los conflictos mineros  y garantizar la inversión minera es la declaratoria de emergencia en las zonas mineras

Así, con el DS N°006-2018-PCM que declara en Emergencia el corredor vial Apurímac, Cusco y Arequipa se militariza las vías públicas, aproximadamente 482 kilómetros, por 30 días, la norma indica que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FFAA), de acuerdo a dos DL (1186 y 1095), decretos que establecen reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de la PNP y las FFAA.

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El último informe del OCM señala que la zona sur del país sigue siendo la de mayor relevancia para la actividad minera, pues concentra la principal dinámica productiva de cobre, estaño y varios otros minerales, asimismo controla el 50.7% de la cartera de proyectos de inversión. Por otro lado, esta zona ha concentrado alrededor el 30%  de la conflictividad social.

En Cusco, las minas de Antapaccay y Constancia representan un aporte del 12.68% a la producción de cobre a nivel nacional. Cusco es la cuarta región con mayor número de conflictos sociales, entre los principales en torno al proyecto de expansión de Antapaccay de Glencore. Las comunidades han denunciado que la empresa habría presionado a directivos de las comunidades para obtener la licencia social para la aprobación de la denominada "Integración Coroccohuayco".

El informe OCM expresa su preocupación por la poca transparencia sobre este proyecto. Continúa la tensión en cuanto al cumplimiento de los acuerdos de la Mesa de Diálogo de Espinar, así como es motivo de gran preocupación el alarmante número de pobladores afectados con metales pesados, según información oficial y reconocida por el Estado.

En relación a la mina Constancia, operada por la minera canadiense Hudbay, hay varios temas pendientes entre ellos, las demandas de las comunidades sobre impactos ambientales en agua, suelo y aire, además del pago de tierras.

Arequipa. Durante el 2017, esta región se ha mantenido como la principal productora de cobre y molibdeno del país, tras la ampliación de Cerro Verde. Arequipa ocupa el segundo destino a nivel nacional luego de Cusco. En la cartera de proyectos figura Tía María, uno de los principales conflictos que reporta la región.

Foto: http://elpueblo.com.pe/sites/default/files/cerro_1.jpg

Mientras que la región Apurímac, el 2017 se consolidó como la segunda región productora nacional de cobre a partir del inicio de la producción de las Bambas. Asimismo, ocupa el segundo lugar en la cartera de proyectos con  US$ 11,126 millones.  En la zona de influencia de Las Bambas, el gobierno nacional ha venido aplicando como principal medida para contener las diversas demandas de la población y el descontento, la declaratoria sucesiva de estados de emergencia.

“Ni el Estado ni la empresa han sido capaces de revertir el estado de conflictividad latente ante las demandas en materia ambiental, derechos humanos  y desarrollo. Hay una clara muestra de la incapacidad del gobierno para manejar este conflicto por vías alternativas, sobre todo apostando por una mayor institucionalidad y diálogo. Los Estados de Emergencia en estas provincias se ha convertido en una   costumbre que recorta derechos fundamentales de la población”, sostiene José de Echave, coordinador del OCM.

De Echave se pregunta si un gobierno a la deriva y un gabinete como el que acaba de juramentar, tendrá algo de capacidad para diseñar una verdadera estrategia de prevención y abordaje de conflictos sociales. “Seguramente, lo que seguiremos viendo en una estrategia predominantemente reactiva, que buscará apagar incendios y por el perfil de varios de sus integrantes, se seguirá priorizando la herramienta de los estados de emergencia y la criminalización de la protesta, que ya se utiliza en varias regiones del país”, finaliza.

Enlace del informe:  http://bit.ly/2yisI4e

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Con Información de Hiperactiva Comunicaciones, Shia Inguil telef. 013798161

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