Delitos ambientales y asesinatos en la Amazonía

Un informe de MAAP de Amazon Conservation señala que existe una relación entre la ubicación de asesinatos de defensores y la deforestación en la Amazonía peruana, vinculada a los delitos ambientales.

Servindi, 13 de setiembre, 2024.- Desde 2010 hasta 2022 se registraron 29 asesinatos contra defensores de la Amazonía, 14 de ellos en solo los dos últimos años.

Un informe del Proyecto del Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) halló que estos se asocian a delitos como la minería ilegal, tala ilegal, cultivos ilícitos (coca), tráfico de tierras y protestas.

En informe indica que varios de los asesinatos ocurrieron en zonas geográficas con conflictos ambientales, como la minería de oro en el sur de la Amazonía peruana y los cultivos ilícitos (coca) en la Amazonía central.

Madre de Dios es el departamento más afectado por la minería ilegal, actividad que destruye los territorios indígenas y zonas de amortiguamiento de áreas protegidas como la Reserva Nacional de Tambopata.

Ubicación de los 29 defensores ambientales asesinados en el Perú y las presuntas causas relacionadas con las principales amenazas ambientales en la región 2010-2022. Fuentes: IBC, MINJUS, SERNANP, Conservación Amazónica-ACCA.

La minería ilegal que enluta

Desde 2015, tres defensores ambientales han sido asesinados dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Tambopata. Los tres casos involucraban a concesionarios forestales que defendían su concesión de la invasión minera ilegal.

Alfredo Vracko, presidente de la Federación de Concesionarios Forestales y Reforestadores de Madre de Dios fue asesinado en 2015 cerca a “La Pampa”. Su muerte fue vinculada a mineros ilegales; sin embargo, su asesinato sigue sin resolverse.

En 2020, Roberto Pacheco fue asesinado a las afueras de la zona de amortiguamiento de Tambopata, tiempo atrás había denunciado la invasión y quema de su concesión forestal por mineros ilegales por lo que enfrentó múltiples amenazas.

Del mismo modo en 2022, Juan Julio Fernández Hanco fue asesinado justo al lado de la Carretera Interoceánica, cerca del límite de la zona de amortiguamiento de Tambopata, su muerte también fue vinculada a mineros ilegales.

En Tambopata casi 24.000 hectáreas fueron deforestadas debido a la minería de oro entre 2021 y 2023, según precisa MAAP.

Asesinatos relacionados con la tala ilegal

Loreto, Madre de Dios, Amazonas y Ucayali fueron identificadas como las regiones con los niveles más altos de extracción de madera no autorizada.

En 2014, madereros ilegales asesinaron a Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto en la frontera entre Perú y Brasil.

Previo al crimen, Edwin Chota había denunciado múltiples veces la presencia de grupos madereros criminales en su comunidad. Diez años después, en abril de 2024, un grupo de madereros fue sentenciado en primera instancia a 30 años de prisión.

Asesinatos relacionados con cultivos ilícitos (coca)

Desde 2010, diez defensores ambientales fueron asesinados entre 2020 y 2021 dentro o cerca de las comunidades de Sinchi Roca y Puerto Nuevo en la región de Ucayali, entre ellos Santiago Vega, Yenes Río y Herasmo García.

Ambas comunidades están ubicadas dentro de una zona de producción de coca conocida como Aguaytía, que experimentó un aumento del 158% en el cultivo de coca entre 2018 y 2022 según Devida.

Entre 2010 y 2020 fueron asesinados Segundo José Reategui, Manuel Tapullima, Justo Gonzales y Arbildo Meléndez en Unipacuyacu y sus alrededores, zona de producción de coca Pichis-Palcazu-Pachitea en las regiones de Pasco y Huánuco.

En 2022 fueron asesinados Jesús Antaihua, Gemerson Pizango y Nusat Parisada Benavides en las comunidades de Santa Teresa y Cleyton, ubicadas dentro y fuera de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.

Durante los cuatro años previos a sus muertes, la producción de coca en El Sira y su zona de amortiguamiento aumentó en más del 500%. Se cree que sus muertes están vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Hasta el momento, Perú se ubica entre los países con mayor número de muertes de defensores ambientales a nivel mundial, según Global Witness 2023.

Y, si bien existe un mecanismo intersectorial para la protección de los defensores de derechos humanos y medio ambiente, este no tiene la eficiencia necesaria, según versiones de líderes indígenas recopilados por Servindi.

Para dar respuesta a esta ola de asesinatos el Congreso peruano promulgó recientemente nuevas leyes:

1. Proyecto de Ley 4686/2022-CR, una ley que reconoce y protege a los defensores de los derechos ambientales.
2. Proyecto de Ley 2069/2021-PE, una ley para la protección y asistencia de líderes comunales y/o indígenas u originarios en situación de riesgo