Imagen: Napa
Servindi, 11 de octubre, 2016.- La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y afluentes (FECONAU) solicitó formalmente la consulta del Plan Nacional de Desarrollo de la Palma Aceitera en el Perú 2016 – 2025 a fin de tomar en consideración la opinión de las comunidades nativas potencialmente afectadas.
El plan fue publicado en el diario oficial El Peruano y busca incrementar la producción y mejora de la productividad y la calidad de la producción de palma aceitera en el Perú.
La solicitud elaborada con el respaldo del Instituto de Defensa Legal (IDL) busca que respete el derecho de consulta previa establecido en el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La legitimidad de la propuesta reposa en el hecho de que la mayor parte de los predios donde podrían instalarse futuras plantas de palma aceitera se superpondrían a territorios de pueblos indígenas.
Reproducimos a continuación una nota informativa del boletin Justicia Viva sobre el tema:
Imagen: Deforestación de bosques primarios en la Comunidad de Santa Clara de Uchunya tras el cultivo de palma aceitera en su territorio entre 2010 y 2015. Fuente: Monitoring of theAndean Amazon Project, MAAP
Organización indígena solicita consulta de Plan Nacional de Palma Aceitera
Por Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL y FECONAU
10 de octubre, 2016.- Hace pocos días, la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (FECONAU) solicitó formalmente la consulta del Plan Nacional de Desarrollo de la Palma Aceitera en el Perú 2016 – 2025. Mediante un oficio dirigido al ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández Calderón, FECONAU manifestó que la propuesta actual de Plan Nacional de Palma Aceitera debe consultarse con base en el Convenio N° 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y la Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios.
Así, en concreto, la organización indígena –con el respaldo del Instituto de Defensa Legal– ha exigido que esta propuesta, ya prepublicada en el Diario Oficial El Peruano mediante la Resolución Ministerial N° 0281-2016-MINAGRI, incorpore la visión de los pueblos indígenas. De esta forma, podrá lograrse mejores condiciones para la realización de actividades agroindustriales de plantación y extracción de palma aceitera. Su legitimidad reposa en el hecho de que, en su mayor parte, los predios donde estas podrían instalarse futuras plantaciones de palma aceitera se superpondrían al territorio comunal de pueblos indígenas.
Muchas comunidades nativas podrían verse gravemente afectadas por la publicación y posterior ejecución de este Plan. Así lo ha comprobado la experiencia. La Comunidad de Santa Clara de Uchunya–ubicada en el distrito de Nueva Requena, provincia de Coronel Portillo y región de Ucayali–sufre de la actividad palmicultora que desarrolla la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. Esta, mediante presunto fraude y clara violación de las normas que conforman nuestro orden jurídico, ha logrado hacerse de aproximadamente 6 mil hectáreas de territorio indígena. Colonos individuales, avalados en principio por el propio Gobierno Regional de Ucayali, sirvieron para entregar grandes extensiones de bosques primarios (vírgenes) de propiedad indígena a una empresa que no tardó en destruirlos, con el único objeto de extraer aceite de palma. El Estado, según señala la Constitución, debía promover el desarrollo sostenible de la Amazonía y el uso razonable de sus recursos naturales.
FECONAU e IDL, como ya se ha dicho, hemos demostrado nuestra preocupación por las consecuencias que la aprobación de un Plan Nacional de Palma Aceitera pudiera causar en los pueblos indígenas a lo largo de nuestra Amazonía. Sin duda, saludamos las importantes previsiones ambientales que son necesarias para una posible expansión de los cultivos de palma en el Perú; sin embargo, no incorporar la opinión –y las reservas– de pueblos indígenas, originarios de las regiones donde repercutirán los efectos de la extracción de palma, representaría una clara violación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de nuestro orden constitucional.
Como se ha visto ya en otros casos (así como en la trágica experiencia de la palma aceitera en el Sudeste Asiático), algunos efectos posibles que el Estado debe esforzarse en evitar son los siguientes:
1. La pérdida, parcial o total, del territorio ancestral propiedad de las comunidades nativas, a causa de la entrega o venta ilegal de su territorio por parte de entidades estatales hacia terceros, así como por invasiones de colonos;
2. El conflicto social generado por el acaparamiento de tierras en las áreas de cultivo de palma aceitera;
3. La degradación progresiva del medio ambiente, tanto dentro de sus territorios ancestrales como en áreas colindantes;
4. La escasez de fuentes de alimentación variadas, a causa de la intensidad de la actividad palmicultora, y la consiguiente crisis de inseguridad alimentaria;
5. La desmejora de la situación general de la salud pública en los miembros de las comunidades nativas afectadas por plantaciones de palma aceitera;
6. El incremento de la cantidad de sujetos foráneos que ingresen dentro del territorio de las comunidades nativas aledañas a las plantaciones de palma aceitera, por vía terrestre y marítima (lacustre o fluvial).
En conclusión, dado que el Plan busca el incremento de la producción y mejora de la productividad y la calidad de la producción de palma aceitera en el país, es menester que se tome en cuenta la opinión de comunidades nativas potencialmente afectadas. En ese sentido, FECONAU posee la legitimidad necesaria para cumplir esta labor. A lo largo de nuestra historia, las poblaciones originarias –tanto en el Ande como en la Amazonía– han sido más que invisibles para el diseño de políticas públicas que directamente les han afectado. Desde la sociedad civil, creemos urgente que esta situación cambie, no solo por tratarse de una reivindicación moral, sino también de exigencia jurídica.
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