Informe advierte retrocesos de salvaguardias en tiempos de Covid-19

Las decisiones para favorecer la recuperación económica no sólo incrementaron los riesgos para la población indígena sino que desafían las estrategias de sostenibilidad ambiental comprometidas frente al cambio climático e implican medidas de regresión en derechos humanos.

Este tema es el motivo principal de un conversatorio en torno al informe “Perú: Retrocesos en tiempos de COVID-19. Evaluación de los cambios en las salvaguardias sociales y ambientales en Perú durante la pandemia COVID-19 y las consecuencias para los pueblos indígenas y sus territorios” el jueves 13 de mayo a partir de las 5 p. m.

Servindi, 10 de mayo, 2021.- En el Perú la situación de las poblaciones indígenas y comunidades nativas nunca fue buena, el Estado peruano siempre los trató con displicencia. Aún hoy, en época de emergencia sanitaria nacional, son considerados por el estado como peruanos de menor categoría, aunque el discurso político diga lo contrario.

De mal en peor

Existe una legislación deficiente cumplida muy a medias. El estado se acuerda de las comunidades solo cuando las necesita para viabilizar algún proyecto o para favorecer algún inversionista privado.

Las estrategias de recuperación económica apuntan principalmente a las actividades extractivas, vale decir hidrocarburos, minería y tala forestal.

En esta situación, el estado flexibiliza la normativa para conseguir sus objetivos de inversión sin tener en cuenta el daño a las poblaciones y no fiscalizando el cumplimiento de sus propias reglas; en consecuencia, las empresas extractivas actúan impunemente.

El silencio del Estado frente al incremento de las actividades ilícitas en territorios indígenas, pone en riesgo su seguridad, sus vidas y el ecosistema en general. Solo desde el inicio de la emergencia sanitaria se han asesinado cinco líderes defensores ambientales.

Situaciones que afectan a los pueblos indígenas y al medio ambiente

1. Hidrocarburos y minería

El Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de reinicio de actividades forestales, mineras e hidrocarburíferas, se dispuso antes de dictar medidas de protección contra el Covid19 en poblaciones indígenas, pero nunca incluyeron la participación de éstas en los grupos de trabajo.

2. Medidas forestales

Con la reanudación de actividades forestales durante la emergencia sanitaria y sin supervisión ni fiscalización, se acentuó el peligro al que estaban expuestos los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), considerando su extrema vulnerabilidad social, sanitaria y cultural.

3. Inacción del estado ante actividades ilegales

Mientras el narcotráfico, la tala y la minería ilegal amenazan los territorios indígenas y el medio ambiente, ¿el estado?, bien gracias. Los niveles de corrupción estatal tampoco permiten dar garantías a los pueblos indígenas para el ejercicio pleno de sus derechos.

La situación de la pandemia ha sido aprovechada por todos aquellos quienes tienen intereses en dichas actividades y sobre todo, en robar territorio perteneciente ancestralmente a nuestras comunidades.

4. Permanente riesgo de líderes y defensores ambientales

Durante la pandemia fueron asesinados cuatro líderes indígenas: Arbildo Meléndez Grández de la comunidad nativa Unipacuyacu que, se encontraba luchando por la titulación de su comunidad. Gonzalo Pío Flores de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, haciendo frente a traficantes de tierras para extracción forestal.

Lorenzo Wampagkit Yampik de la Reserva Comunal Chayu Nain, asesinado en julio. Roberto Pacheco Villanueva, de la Reserva Nacional Tambopata, asesinado en setiembre; que, con su padre, enfrentaban a taladores ilegales.

​5. Deforestación en la Amazonía

La deforestación es causada principalmente por la agricultura extensiva de cultivos como la palma aceitera y la hoja de coca, seguido por la tala y minería ilegal. Esto produce contaminación, pérdida de la biodiversidad y cambio climático.

Las “flexibilizaciones” para atraer inversiones sin consultar a los pueblos indígenas son garantía de conflictos

En una evaluación de los cambios en las salvaguardas sociales y ambientales en Perú durante la pandemia COVID-19, revisamos algunas de las consecuencias para nuestros pueblos indígenas y sus territorios, éstos son:

• Consulta previa

El estado impulsa la consulta previa para facilitar el desarrollo de inversiones y proyectos buscando el consentimiento de la comunidad; el acuerdo previo se da entre empresa y comunidades, para establecer una relación económica sobre uso de tierras.

Sin embargo, esta acción no ha dado ningún resultado positivo para las comunidades.

• Supervisión de cumplimiento

Mientras que durante la emergencia sanitaria se aumentaron las actividades extractivas en general, hidrocarburos, mineros y forestales, por el contrario, el estado restringió sus labores de supervisión, incluso dispuso que Osinergmin las realice de manera remota.

A pesar de lo anterior, la ley indica que los gobiernos regionales tienen autonomía de administración forestal en la emisión de títulos habilitantes y en supervisión del uso de tierras.

• Entidades involucradas: Tareas específicas

Son varias y todas ellas (en teoría) debieran trabajar coordinadamente:

El Estado debería:

• Fortalecer la fiscalización y supervisión de la normativa.
• Respetar las organizaciones de los pueblos indígenas.
• Mantener firme y estable la normativa ambiental y consensuada con los pueblos indígenas. Las “flexibilizaciones” para atraer inversiones sin consultar a los pueblos indígenas son garantía de conflictos.
• Garantizar la integridad física de los defensores ambientales.
• Cumplir todos los compromisos relacionados al territorio indígena asumidos antes de la pandemia.
• Garantizar que las consultas previas sean igualitarias y justas con los pueblos indígenas, como una misión tutelar del estado.
• Garantizar el bienestar de los PIACI.

La Sociedad Civil debería:

• Evitar la apropiación de los territorios de indígenas, respetando sus espacios de participación y decisión.
• Acompañar a las organizaciones indígenas en los procesos legales, en los casos de ataques y asesinatos de defensores ambientales
• Apoyar en la difusión de la problemática ambiental y sanitaria a las que están expuestos los pueblos indígenas.

Las organizaciones indígenas (mientras tanto) continúan con su labor de siempre:

• Generar mayor difusión sobre las medidas que afecten sus derechos
• Fortalecer la autonomía y control territorial por medio de programas de monitoreo ambiental indígena y el uso de la ley.
• Conseguir financiamiento y apoyo para continuar con el seguimiento de los casos de amenazas y muerte de los defensores ambientales.

Es muy duro aceptar que la aparición del COVID19 ha hecho evidente las profundas inequidades, así como brechas en el ejercicio de los derechos humanos.

Las decisiones implementadas para favorecer la recuperación económica no sólo han incrementado el riesgo para sectores de la población, sino que han desafiado las estrategias de sostenibilidad ambiental comprometidas frente al cambio climático y peor aún, han implicado medidas de regresión en materia de respeto a los derechos humanos.

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