Perú acelera retroceso en materia ambiental

Servindi, 9 de mayo, 2024.- El gobierno decidió apretar el acelerador, pero no para avanzar sino retroceder, es la conclusión a la que podemos arribar después de recoger el análisis de diversos especialistas.

La punta de lanza es el Decreto Supremo 004-MINAM que modifica el Reglamento de la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Según el análisis de la asociación CooperAcción la norma que entró en vigencia el 4 de mayo de 2024 “es la primera de un conjunto de proyectos anunciados por el Gobierno, que incluyen normas que debilitarían aún más la institucionalidad ambiental”.

Los cambios anunciados “harían retroceder varios años la política ambiental, regresando a una lógica fragmentada y sectorizada, con aprobaciones automáticas de permisos ambientales y con una participación ciudadana recortada, entre otros aspectos”.

De acuerdo a César Ipenza, abogado y especialista en temas ambientales, “las autoridades operan conociendo o desconociendo la realidad de nuestro  país y de sus instituciones como si el mandato hiciera que sucediera”.

En referencia a la abreviación de los plazos señala que disponen a sabiendas “que no hay mayores recursos, capacidades y dinero adicional para implementar ese mandato”.

“Es decir, sabiendo ello o desconociéndolo ponen en tela de juicio el rol de las autoridades y las condiciones en la que operan”.

Los cambios aprobados

El citado DS 004-2024 expedido por el propio Ministerio del Ambiente modifica el artículo 51 del reglamento del SEIA e incorpora un nuevo artículo, el 53-A.

El artículo 51 que regula el procedimiento para la admisibilidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fija un plazo de 5 días hábiles para que la entidad que debe evaluar el EIA verifique su admisibilidad.

En ese plazo debe revisar que la solicitud contenga todos los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) correspondiente.

Asimismo, que el EIA contenga todos los capítulos establecidos en los términos de referencia aplicables. Esta verificación no implica una evaluación de fondo sobre el contenido del EIA.

El nuevo artículo (53-A) señala que si alguna entidad opinante incurre en retraso para emitir sus observaciones al EIA, el titular del proyecto puede solicitar a la autoridad evaluadora copia de las observaciones que ya hubieran sido emitidas.

El sentido de este artículo es que el titular del proyecto de inversión, cuyo EIA se encuentra en proceso de evaluación, no tenga que esperar a que lleguen todas las opiniones técnicas emitidas por otros órganos.

Estos cambios –indica CooperAcción– se inscriben en la lógica de “acelerar” los trámites, siguiendo el discurso empresarial sobre la “tramitología”, a pesar que estos procesos ya se han acelerado y establecido plazos perentorios.

Por ejemplo, la Ley 30230 estableció un plazo de 45 días para que las entidades opinantes emitan su opinión técnica –sea vinculante o no vinculante–, bajo responsabilidad del funcionario.

CooperAcción recuerda que en su momento, este artículo fue cuestionado porque establecía una presión arbitraria sobre los funcionarios encargados de elaborar las opiniones técnicas, reduciendo la rigurosidad necesaria que debe tener toda evaluación de un EIA.

¿Qué otros cambios se cocinan?

Además del decreto descrito se anuncia la pronta aprobación de otros proyectos normativos preocupantes como la Resolución Ministerial 126-2024-MINAM.

Esta norma busca quitarle al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) la competencia para definir cuáles serían los proyectos de inversión priorizados en el llamado “esquema de articulación”.

Este esquema permite al SENACE, como Autoridad Evaluadora de los EIA, y a las entidades opinantes, coordinar entre sí para la emisión de opiniones técnicas en los procesos de evaluación de los EIA. 

Con esta propuesta normativa, se excluye al SENACE de la posibilidad de identificar cuáles son esos proyectos de inversión a priorizar –y que requieren ser evaluados bajo el esquema de articulación–, dejando dicha tarea a las autoridades sectoriales.

CooperAcción opina que si el sentido del llamado “esquema de articulación” es que se aprueben EIA con una visión integral y multisectorial, no tiene sentido que se le reste competencias al SENACE.

Lo única que se logra es que se retorne “al viejo esquema que dispersaba sectorialmente las funciones ambientales” puntualiza CooperAcción. 

Limitación a la línea de base biológica

Este nuevo proyecto normativo también busca restringir la participación de organismos técnicos claves como el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).

A pesar que ambas entidades públicas proporcionan información básica para la línea de base biológica –incluyendo la colecta, extracción o captura temporal de especies– se busca eliminar la autorización previa de estos organismos.

La norma pretende establecer que los titulares de proyectos de inversión obtengan sus autorizaciones mediante un procedimiento de aprobación automática, hasta que el MINAM actualice la Guía para la elaboración de la Línea Base en el Marco del SEIA.

De esta manera se excluiría a dos autoridades en la materia para evaluar si los métodos utilizados para levantar información de base conllevan impactos ambientales sobre los recursos bajo su protección.

Cabe precisar que el SERFOR custodia y protege la fauna silvestre y el IMARPE los recursos marinos.

Maniatar al SENACE

Como si fuera poco el afán demoledor de la institucionalidad ambiental la propuesta normativa propone restringir los alcances de las acciones de supervisión que SENACE puede realizar sobre las líneas base.

También limita las posibilidades que tiene el SENACE de formular observaciones complementarias posteriores una vez emitido el informe de supervisión sobre la línea base, remarca CooperAcción.

Otra modificación tiene que ver con los títulos habilitantes –como las autorizaciones de uso de aguas, el desvío de ríos, los vertimientos, desbosque, etc.– que podrán ser renovados “a través de un procedimiento de aprobación automática”.

Cualquier verificación al cumplimiento de los títulos vigentes puede realizarse solo mediante mecanismos posteriores.

Así, con esta propuesta, se elimina la posibilidad que tienen las autoridades que emiten los títulos habilitantes de evaluar previamente si las condiciones físicas que motivaron en un primer momento la emisión del título habilitante, se mantienen en el tiempo.

Resolución Ministerial 484-2023-MINEM/DM

Este proyecto modifica nuevamente el Reglamento de Cierre de Minas establecido en el Decreto Supremo 033- 2005-EM para poner de nuevo en vigencia la posibilidad de presentar los Planes Ambientales Detallados (PAD).

Los PAD son una figura creada en 2019 con la finalidad de adecuar los impactos ambientales negativos que no hayan pasado por la respectiva certificación ambiental.

En esa medida, los PAD incorporarían estos impactos identificados que no cuenten con su respectivo EIA.

Como es evidente, los PAD no tienen nada que ver con el cierre de minas, por lo que su regulación no debería estar contemplada en el reglamento de cierre de minas.

Una observación importante, que realiza CooperAcción, es que tampoco deberían estar bajo la competencia del MINEM sino de la autoridad ambiental.

Con esta norma se altera la unicidad e integralidad del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y se pretende nuevamente fragmentar y sectorizar la gestión ambiental.

Resulta irregular que los PAD sean aprobados por el MINEM y no por el SENACE considerando que desde 2015, el SENACE asumió la competencia de aprobar todos los EIA de grandes proyectos.

Esa función la cumplía antes el MINEM, lo cual generaba una distorsión en el proceso de certificación ambiental, puesto que “el mismo sector encargado de promover las inversiones mineras era a la vez el encargado de ponerle límites”.

Al regresar el PAD al MINEM se genera una mayor dispersión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental al regresar una competencia al MINEM que ya había sido transferida al SENACE.

La norma que creó los PAD en 2019 estableció que estos instrumentos de gestión ambiental se presentarían por única vez y de forma excepcional, y en un plazo no mayor de 30 días hábiles.

Sin embargo, el proyecto normativo aprobado mediante Resolución Ministerial 484-2023-MINEM/DM posibilita que los titulares mineros puedan volver a presentar un PAD en un plazo máximo de 90 días hábiles desde que la norma entre en vigencia.

Por lo tanto, una medida que originalmente iba a ser excepcional se reabre para facilitar que cualquier titular minero pueda presentar nuevamente una propuesta de PAD.

Es decir, nuevamente medidas que favorecen a las empresas mineras y que supuestamente iban a ser excepcionales, se continúan utilizando de manera indiscriminada.

No está demás destacar que la propuesta de modificación restringe el mecanismo de participación ciudadana, al excluir del mismo el requisito de entregar el Plan de Cierre a las autoridades regionales y locales.

Además, se excluye el mismo título de “Participación Ciudadana” como uno de los componentes de evaluación de los planes de cierre de minas. Lo único que se mantiene vigente como obligación es la publicación de anuncios y los avisos radiales.

A manera de conclusión

Se puede afirmar sin ninguna duda que nos encontramos frente a un nuevo paquetazo antiambiental que hace recuerdo de los peores momentos dela dictadura fujimorista que hizo añicos el estado democrático de derecho.

El conjunto de normas apunta a quitarle atribuciones al SENACE y volver en la dirección hacia una política ambiental sectorizada, en la que los ministerios actúan como juez y parte al evaluar los posibles impactos ambientales de los proyectos de inversión.

Así mismo, se restringe al máximo la participación ciudadana, se aceleran plazos y se instala la idea de las aprobaciones automáticas, lo que restará seguridad y confianza a los procesos de evaluación de los permisos ambientales.

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Con información de CooperAcción: https://cooperaccion.org.pe/gobierno-aprueba-primera-norma-del-nuevo-paquetazo-antiambiental/

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