Escándalo en la frontera denuncia Nación Wampis


Servindi, 9 de junio, 2024.- Miembros del Ejército que arribaron al puesto militar de Candungos, en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, habrían descubierto el robo de municiones militares cuyo destino serían mineros ilegales y extranjeros.

Así lo denuncia el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) mediante una carta pública en la que agrega que las municiones habrían sido vendidas a mineros ilegales de la cuenca alta del río Santiago (Kanús).

El robo de municiones y de posiblemente también armamento militar de alto nivel habría sido instigado por mafias mineras ilegales para proteger sus actividades ante cualquier interdicción.

El Gobierno Wampis advierte que este estos grupos ilegales podrían iniciar una escalada de acciones con armas letales para controlar la zona aún a riesgo de cometer asesinatos selectivos o masivos.

La representación wampis exige a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) organizar una “misión interministerial” que intervenga en el terreno para superar el caos local y el descontrol fronterizo.

De mantenerse la impunidad de la minería aurífera, la corrupción institucional y ahora el probable robo de armamento militar se podría configurar una situación de “altísima peligrosidad”.

Tal como se ha hecho conocer en informes anteriores los directivos del GTANW “continúan recibiendo amenazas de muerte” por individuos involucrados al infierno minero, ya sean aparentemente “legales”, eternamente “informales” o abiertamente ilegales.

Frontera viva abandonada

La carta del Gobierno Wampis exige al Estado peruano actuar con urgencia frente al abandono en que se encuentra una frontera viva que es resguardada por las comunidades indígenas y no por las autoridades peruanas.

Por ese motivo solicita la interdicción urgente de dragas y el retiro de los mineros ilegales o pro ilegales cuya actividad afecta a comunidades indígenas como Onanga, Cucuasa, Kim, Papayacu y Dos de Mayo.

La carta interpela además de la PCM, a los ministros de Defensa, Energía y Minas, del Interior, de Relaciones Exteriores y al Comandante General del Ejército,

El GTANW, conformado por 22 comunidades titulares y 63 anexas de las cuencas del Kanús/Santiago y Kankaim/Morona, reitera su política de “defensa territorial y naturaleza a perpetuidad”.

Asimismo, deslinda, rechaza y repudia cualquier robo de armas y municiones por contravenir “los cimientos culturales y morales de la nación Wampis que sancionamos con todo el vigor de nuestra dignidad y valores culturales”.

En defensa de la vida y el bosque... no al infierno minero

Comprometidos con la defensa de 16 500 wampis el GTANW declara que su futuro como pueblo originario amazónico “depende de selvas y aguas, vivos y sanos”.

La minería aurífera y la fiebre por el oro aluvial solo intenta provocar un infierno minero destruyendo la ribera y contaminando de mercurio el cauce del río Santiago/Kanús, afectando de por vida a la fauna, peces y familias.

Autoridades deben cumplir el acta de Villa Gonzalo

Otra de las exigencias del GTANW es que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) cumplan lo que prometieron en el acta de Villa Gonzalo suscrita el 23 de abril de 2024.

En aquella ocasión el Estado peruano se comprometió a desarrollar un plan de interdicción para combatir la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui y reconoció al grupo de control socioambiental wampis “Charip” como un comité de autodefensa.

También se acordó que este grupo podrá destruir la maquinaria incautada el 18 de abril a un grupo de mineros ilegales y policías, quienes fueron capturados y puestos a disposición del Poder Judicial para la investigación y sanción respectiva.

Por último, se acordó crear un grupo de trabajo multisectorial para impulsar proyectos económicos productivos que sean amigables con las bondades de la naturaleza.

De otro lado el Ministerio de Defensa y el Ejército Peruano deben recuperar las municiones robados o vendidos a Ecuador, identificar y sancionar a los responsables directos y mediatos.

Respecto al control fronterizo con Ecuador el Ministerio de Relaciones Exteriores debe corregir el descontrol y coordinar con el país vecino “acciones efectivas que detengan los movimientos fronterizos ilegales sobre oro, madera y cultivos ilícitos”.

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas y el gobierno regional de Amazonas deben dejar de eludir su responsabilidad directa en este caos y violencia fronteriza.

En este sentido, debe suspender “las irresponsables emisiones de concesiones mineras desde Lima” a pesar del rechazo de la Nación Wampis.

Finalmente, el GTANW reitera que los wampis jamás permitirán la violencia social, cultural y ambiental de la minería aurífera amparada por la corrupción de los poderes estatales y gubernamentales.

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