Defensores/as en manos de criminales ¿Qué hacer?

Fuente de la imagen: proyecto Prevenir / Usaid / Norad. Fuente de la imagen: proyecto Prevenir / Usaid / Norad.

Servindi, 7 de febrero, 2024.- Los asesinatos, agresiones y amenazas a las personas defensoras de los derechos humanos, territorios indígenas y el ambiente es una tendencia cada vez más creciente que supera la capacidad del Estado peruano para atenderlos.

Mientras que se aprueban normativas iniciales para enfrentar el problema estas quedan básicamente en un nivel declarativo sin efectividad.

Ante esta situación, Carlos Martín Soria Dall'Orso proporciona un documento que realiza un diagnóstico de la situación que describe la compleja trama que envuelve al problema.

Se trata del documento “Análisis sobre el acceso efectivo a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales, con énfasis en la defensa territorial de pueblos indígenas y ambiente en la Amazonía peruana”.

Zonas de frontera: principal factor de riesgo

De otro lado, el principal factor de riesgo de los defensores amenazados es vivir en una zona de frontera en la que se está dando un progresivo proceso de encerramiento o apropiación de bienes públicos y comunales en favor de la apropiación privada.

Son actores que operan en antagonismo con el marco del sistema universal de derechos humanos y que ejercen fuerte discriminación y desprecian los derechos de los pueblos indígenas.

Ello ocurre en un contexto en que el Estado peruano no es capaz de hacer cumplir la legislación ni cumplir sus obligaciones para con los ciudadanos.

Por tanto, es diseñar una política pública y legislación adaptados a la complejidad de la problemática de los defensores.

Las agresiones contra los defensores son la voluntad manifiesta de actores que espontáneamente rechazan los derechos indígenas, no reconocen su derecho autónomo y operan con una lógica económica que justifica la apropiación de los recursos comunes y públicos.

Marco normativo inicial

Una de las principales conclusiones del estudio es que el marco normativo institucional de la protección de defensores recién ha iniciado su desarrollo normativo en los últimos cuatro años.

En consecuencia, solo cuenta con definiciones y procedimientos de tipo registro y medida de protección escrita.

El análisis advierte que la normativa requiere desarrollo para adecuarse a la complejidad socioeconómica sobre la que se pretende intervenir, los factores criminales, la capacidad de movilizar recursos y neutralizar acciones de sus actores antagónicos, entre otros.

Metodología del análisis

El estudio revisa el marco teórico del derecho internacional sobre la protección de defensores indígenas, así como la legislación nacional para establecer las obligaciones del estado peruano en la materia.

A partir de ello se identifican los lineamientos clave para el análisis de la calidad del acceso a la justicia que tienen los/las defensores indígenas, así como los mecanismos de protección de los que disponen.

Con estos lineamientos se propone una metodología para evaluar el acceso a la justicia en procesos específicos que involucran a defensores indígenas de la Naturaleza.

La base de datos presenta varias docenas de casos de defensoras de derechos humanos y ambientales, amenazados, agredidos, criminalizados y asesinados entre 2008 y 2022.

A través de ellos, se identifican las experiencias de acceso de calidad a la justicia por parte de los defensores indígenas de la Amazonía peruana, los temas comunes y a partir de ello se formulan conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones.

El análisis recoge las ideas de Habermas (1996) y North (1990) para plantear que el derecho, la legislación y la política pública están influenciados por los fenómenos socioeconómicos.

La construcción de soluciones de política pública debe usar un enfoque de múltiples cuerdas (Kingdon 2010) para entender que la formulación de políticas se basa en tres flujos de procesos e información: el de los problemas, el de las políticas y el de los procesos.

A partir de este instrumental teórico y metodológico se reconocen las características de la economía de los lugares donde ocurren las agresiones.

De igual modo, el contexto del otorgamiento y el reconocimiento de derechos sobre la tierra, el aprovechamiento forestal y la minería ilegal como factores económicos e institucionales que inciden sobre el derecho y la protección de los defensores indígenas de derechos humanos.

Descargue documento a través del siguiente enlace:

https://toamazonia.org/wp-content/uploads/2024/02/Analisis-defensores-Peru.pdf

(Archivo PDF, castellano, 87 páginas)

A continuación compartimos las conclusiones del documento:

Conclusiones

Este análisis detallado permite identificar:

1. El principal factor de riesgo de los defensores amenazados es vivir en una zona de frontera en la que se está dando un progresivo proceso de encerramiento o apropiación de bienes públicos y comunales en favor de la apropiación privada. Este proceso ocurre en manos de actores que operan en antagonismo con el marco del sistema universal de derechos humanos y que ejercen fuerte discriminación y desprecian los derechos de los pueblos indígenas, en un contexto en que el Estado no es capaz de hacer cumplir la legislación, ni cumplir sus obligaciones para con los ciudadanos.

2. El acceso efectivo a la protección de defensores/as de derechos humanos y ambientales, con énfasis en defensa territorial de pueblos indígenas y ambiente en la Amazonía peruana es muy débil, por tanto, en este momento los defensores están siendo diezmados sistemáticamente, como lo muestra el caso del pueblo Kakataibo. Sin embargo, hay pueblos como el Awajun y los Wampis que tienen un nivel de propuesta, organización y denuncia que les está permitiendo enfrentar las amenazas sin los altos costos del pueblo Kakataibo, por ejemplo.

3. La acción de los agresores tiene un marco ideológico colonialista y discriminador, con una alineación pragmática económica que favorece el despojo y la apropiación de recursos naturales. En este contexto hay actores intelectuales, actores mediatos y ejecutores que no necesariamente se conocen si no que operan impulsados por ideología y economía. Este es el caso de cocaleros que asesinan dirigentes pues desean expandir sus áreas de cultivo o combatir la defensa de derechos de los indígenas.

4. El impulso del discurso legal y jurisprudencial para la protección de defensores indígenas de derechos humanos y la Naturaleza viene del derecho internacional. La penetración e implementación de este discurso en el derecho nacional se inicia al nivel de algunos elementos del gobierno central (Ministerio de Justicia, Ministerio de Ambiente, Defensoría del Pueblo, otros).

5. La profundización del impulso del discurso legal y jurisprudencial para la protección de defensores indígenas de derechos humanos y la Naturaleza al nivel subnacional y local requiere acciones de educación, difusión, capacitación y entrenamiento de los operadores jurídicos y la sociedad. Por ello es previsible que esta profundización no solo demore, sino que también sea resistida como lo muestran los discursos de quienes se amparan la tala y la minería ilegal. Incluso al nivel nacional se puede evidenciar esta resistencia y oposición en el rechazo a ratificar el Acuerdo de Escazú.

6. La construcción efectiva de una política pública requiere de recursos técnicos, económicos y procedimentales para pasar del discurso general a la gestión integrada de la legislación en una práctica en los casos individuales específicos. Las normas declarativas no bastan, se requiere proporcionar medios para evidenciar sus efectos potenciales. Es necesario proveer a la política pública de un conjunto de instrumentos como normas que estipulan obligaciones, derechos, recompensas y penalidades asociadas al cumplimiento de dicha política; así como de una estructura institucional intersectorial y multinivel encargada proactivamente de ejecutar esos mandatos; disponer de procedimientos, metodologías, criterios de decisión y programas de naturaleza administrativa y técnica, que especifiquen los pasos para su aplicación la política; asi como los mecanismos operativos para la ejecución cotidiana las decisiones que conduzcan a lograr el efecto deseado por la política que se implementa (Charpentier e Hidalgo 1999, 13-14).

7. La problemática que afecta a los defensores indígenas de derechos humanos y la Naturaleza requiere comprender los elementos del contexto económico, social, político y cultural, para poder diseñar respuestas de política pública que puedan tener una aplicación efectiva y relevante para los fines que la diseñamos, esto es para la protección efectiva de derechos.

8. Que el marco normativo institucional de la protección de defensores recién ha iniciado su desarrollo y solo cuenta con definiciones y procedimientos de tipo registro y medida escrita pero no ha avanzado a comprender la complejidad del área socioeconómica sobre la que se pretende intervenir, los factores criminales presentes y en coordinación, la capacidad de movilizar recursos y neutralizar acciones de sus actores antagónicos, entre otros.

9. Es necesario elaborar un diseño adaptado a la complejidad de la problemática de los defensores. Estos no mueren porque no exista un tratado que los respalde (Vogelfanger 2016), o porque la norma este diseñada para el ámbito urbano (Másquez citado por Vera 2022). En mi opinión estos actores mueren porque, de un lado, hay actores que espontáneamente rechazan los derechos indígenas, no reconocen el derecho autónomo de los pueblos indígenas, y más aún porque en la lógica económica de estos actores se justifica la apropiación de los recursos, sea porque están desaprovechados o porque quien los reclama no merece tenerlos, es decir, existe un fuerte componente de discriminación en la toma de las decisiones.

10. El diseño de la protección a los defensores requiere, además del marco normativo e institucional actual, continuar desarrollando este marco normativo para que contenga principios generales aceptados y compartidos de calificación del defensor, análisis de género, un registro operativo a nivel interinstitucional y multinivel (nacional regional y local), la imposición de medidas restrictivas efectivas, financiamiento para la implementación de la protección efectiva, poder garantizar seguridad in situ, contar con mecanismos de resolución conflictos que están en la base de las disputas que generan riesgos a los defensores, así como medidas efectivas y realistas de remediación, compensación y justicia.

11. La implementación del marco legal ocurre dentro de una complejidad política, legal, social, cultural, económica y ambiental que requiere revisarse en detalle desde un enfoque de complejidad, gestión del paisaje y respeto de derechos y deberes para contribuir al fortalecimiento de la gobernanza, la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible. En una situación algo similar, Allen et al 2017 examinaron las condiciones que producen y reproducen círculos viciosos de acumulación de riesgo o ‘trampas de riesgo’ urbano en Lima Metropolitana; así exploraron porqué se generan esas trampas, cómo impactan en la vida de las personas y cómo los esfuerzos e inversiones realizados por la ciudadanía y las agencias públicas para mitigar los riesgos muchas veces incrementan paradójicamente las amenazas. El proyecto rescató la creación de herramientas de mapeo como instrumento para el análisis y diseño de estrategias. La combinación de condiciones deficientes de vivienda, accesibilidad física e inadecuado acceso a servicios básicos, exponen a los residentes locales a múltiples y simultáneos peligros. Mediante el anclaje genuino y la inclusión de pobladores formales e informales en la formulación de políticas públicas de gestión de riesgo urbano y su implementación, es posible promover un desarrollo urbano ambiental y socialmente justo que apoye las aspiraciones de la gente para alcanzar el buen vivir (Soria 2018).

12. Como ya indicamos en otro artículo (Soria 2017b), ‘Las declaraciones generales en una ley son útiles cuando se acompañan de detallados indicadores de cumplimiento, mecanismos concretos, efectivos y de fácil acceso para el monitoreo del cumplimiento, así como procedimientos de sanción, compensación y remediación en caso de incumplimiento, …’. Es fundamental que en el aparato burocrático no solo haya el mandato general sino un personal jerarquizado con tareas para cumplir los objetivos de protección y salvaguarda que cuente con los medios para alcanzar dichos objetivos, a través de monitorear sus acciones, reportar sus resultados y verificar la consecución de los objetivos alcanzados. Cualquier legislación que llegue a menos que eso es un inocente o irresponsable saludo a la bandera que finalmente favorece el accionar de informales e ilegales que ejercen, de manera más efectiva que la burocracia estatal, sus propias estrategias de control del territorio. En el caso de pueblos indígenas en el medio rural o de ciudadanos en la periferia urbana, como el caso de las Lomas de Amancaes, son estos actores los que deciden cómo se aplica o no la legislación ambiental. Estos son los traficantes de tierras, los funcionarios públicos en abierta oposición a los mandatos legales y una parte de la población interesada en invasiones (Soria 2017 y Soria y Romo 2019).

13. El derecho brinda la oportunidad de servir de instrumento de gestión pública. En este caso hay un complejo conjunto de normas (Soria 2018) compuesto por leyes como la Ley del Ambiente y el Código Penal, decretos, resoluciones ministeriales, entre otras, que esperan del liderazgo de la autoridad para ejercer el control de la aplicación de los instrumentos pero es necesario dejar las cuatro paredes de la oficina pública e inmiscuirse en la vida cotidiana de la población para distinguir de qué lado actúa la corrupción y el crimen organizado y poder apoyarse en la acción concertada de funcionarios probos y ciudadanos activos en la defensa del ambiente y su calidad de vida (Soria 2019).

14. Los delitos ambientales tienen impactos negativos directos sobre los ecosistemas y sobre los derechos de sus defensores. La contribución de líderes indígenas y otros ciudadanos que actúan como defensoras de derechos humanos es fundamental en la prevención y combate a los delitos ambientales. Obviamente sus acciones demandando la presencia del Estado y la erradicación de actividades ilegales expone a estos defensores frente al riesgo de ataques por parte de los delincuentes, sus financiadores, los beneficiarios y otros interesados en que los crímenes ambientales continúen ocurriendo. Adicionalmente los defensores muchas veces no solo no reciben respaldo efectivo de la acción estatal, sino que son criminalizados por este.

15. Nos encontramos en una primera etapa del desarrollo de la legislación e institucionalidad para la protección de los defensores de derechos humanos, por tanto, es previsible que avancemos a otros niveles superiores de desarrollo de esta legislación y sus instrumentos de protección. Sin embargo, la velocidad con la que ocurra ese proceso, depende del esfuerzo que hagamos en exponer el abuso, reflexionar sobre los espacios o agujeros negros que consumen energía y evitan el avance de la legislación e institucionalidad, así también como del aprendizaje conjunto de una problemática que no es solo amazónica sino mundial. En ese sentido es importante motivar el diálogo con experiencias comparadas regionales en materia de las obligaciones sobre personas defensoras de derechos humanos, como es el caso de los mecanismos de protección utilizados en Colombia y México, así como también en otras regiones.

 

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