Había una vez, una Defensoría

Por: Germán Vargas Farías Publicado: 05/10/2023

Josué Gutiérrez no vaciló en cambiar los requisitos para facilitar el acceso al cargo de la exintegrante del equipo técnico de Fuerza Popular en la última campaña electoral. Al parecer, poco le importa cumplir las normas y procedimientos administrativos, si no le sirven para consolidar su posición como un defensor ya no del pueblo, sino de los intereses de la coalición que lo eligió.

Por Germán Vargas Farías

5 de octubre, 2023.- Uno de los aciertos de la Constitución Política de 1993 fue la creación de la Defensoría del Pueblo. En el artículo 162, se estableció que las atribuciones de este organismo constitucional son: Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; Supervisar el cumplimiento de los deberes de función de la Administración Estatal; y Supervisar la prestación de servicios públicos a la población.

La Ley n.º 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, le añadió una función más, la promoción de los derechos humanos, y fue a partir de su instalación, con la elección en 1996 de Jorge Santisteban de Noriega, como primer Defensor del Pueblo, que nos percatamos de la importancia de esta institución que bien dirigida, y con el compromiso de Defensores y Defensoras de cumplir su mandato constitucional, puede ser clave para la vigencia de los derechos humanos y el respeto de la institucionalidad democrática en nuestro país.

Así lo ha venido demostrando la Defensoría del Pueblo, pese a carecer de poderes coercitivos o jurisdiccionales, apelando a «la fortaleza de la persuasión» que no solo tiene que ver con la capacidad para convencer y persuadir a funcionarios y ciudadanos, sino con la autoridad que te da el manejo autónomo y transparente del encargo recibido.

Así había sido en casi 27 años desde el inicio de sus funciones, hasta que le tocó al actual Congreso de la República, el peor desde su creación en 1823, elegir al nuevo Defensor del Pueblo. La elección de Josué Gutiérrez Cóndor no fue sorpresa, pues reunía el perfil que la coalición gobernante requería y su condición de exabogado de Vladimir Cerrón evidenciaba una nueva y nefasta repartija dirigida a desvirtuar todo, incluso un organismo tan valioso como la Defensoría del Pueblo.

El defensor que tras juramentar al cargo pidió al país «el beneficio de la duda», y que expresó su deseo «que este Congreso ayude a construir esperanza en la sociedad, a una sociedad que ya no cree», no solo está despejando toda duda sobre el papel que ha elegido jugar, menoscabando la función de la Defensoría, sino que se va revelando como una creatura más del pacto fujicerronista en el Congreso, contribuyendo al descrédito de la institucionalidad democrática, y a la desesperanza de la sociedad.

La renuncia de cinco Adjuntas/os del Defensor del Pueblo indica que el actual titular del organismo está muy lejos de la magistratura de la persuasión que procuraron imprimirle a la Defensoría sus antecesores/as, ya que se ha mostrado absolutamente ineficiente para solucionar conflictos y problemas mediante el convencimiento y la búsqueda de convergencias aun en su mismo equipo.

La voluntad de hacer una buena gestión puede conocerse por la calidad de funcionarios que se elige, y de aquellos que se aparta o se deja ir. Josué Gutiérrez es responsable de la renuncia de cinco profesionales competentes, experimentados y comprometidos con la misión de la Defensoría, y ha optado por rodearse, según los nombramientos que ha realizado, por algunos profesionales vinculados a Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, precisamente las organizaciones políticas que aportaron más votos para su elección.

La designación de Elizabeth Zea como Adjunta en Asuntos Constitucionales es el caso más revelador. Gutiérrez no vaciló en cambiar los requisitos para facilitar el acceso al cargo de la exintegrante del equipo técnico de Fuerza Popular en la última campaña electoral. Al parecer, poco le importa cumplir las normas y procedimientos administrativos, si no le sirven para consolidar su posición como un defensor ya no del pueblo, sino de los intereses de la coalición que lo eligió.