Salvemos la Vida: Protejamos el Ambiente y a nuestras Áreas Protegidas

Foto: Agencia Andina. Foto: Agencia Andina.

Servindi, 5 de junio, 2023.- En el Día Mundial del Ambiente más de 60 organizaciones de la sociedad civil y personas naturales suscribieron el pronunciamiento: Salvemos la Vida: Protejamos el Ambiente y a Nuestras Áreas Naturales Protegidas.

A través de él expresan su profundo rechazo a la propuesta de proyecto de ley elaborada por PERUPETRO y respaldada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que busca modificar la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Denuncian que el objetivo de la iniciativa legal es aprovechar los recursos de hidrocarburos en zonas de alta biodiversidad como lo son las ANP, y de este modo, debilitar la institucionalidad ambiental.

La propuesta del MINEM ha sido señalada como inviable por el Ministerio del Ambiente y sería inconstitucional, “al priorizar actividades extractivas sobre derechos fundamentales y la conservación de la diversidad biológica en las ANP”.

La Constitución Política señala: “el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas” (artículo 68°).

Además, la Carta Magna garantiza el derecho de toda persona “(...) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (artículo 2°, numeral 22°).

El pronunciamiento remarca que la biodiversidad es un activo económico del Perú debido a su alta diversidad biológica protegida en las ANP, muchas de estas altamente frágiles y vulnerables.

Áreas protegidas como el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su corazón, el Candamo; el Parque Nacional del Manu y el Santuario Nacional Megantoni, entre otras, podrían ser afectadas por actividades extractivas.

Además, la propuesta del MINEM trasgrede compromisos internacionales del Estado peruano como el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT, entre otros.

Cabe agregar, que el impacto socioambiental generado por los derrames de hidrocarburos es un tema sin resolver. Entre el 2000 y 2019, la Amazonía ha enfrentado 474 derrames petroleros.

Flexibilizar el aprovechamiento de recursos naturales en áreas del territorio nacional especialmente sensibles ambiental y socialmente solo agravaría la problemática expuesta.

El último desastre ambiental ocasionado por Repsol en el mar peruano evidenció la falta de una respuesta eficaz y oportuna del Estado y la necesidad de reforzar la fiscalización de las actividades de hidrocarburos.

Instan a los poderes Ejecutivo y Legislativo a reconsiderar el paquete normativo que afectaría derechos de los pueblos indígenas, los sistemas de gestión y evaluación ambiental, la normativa forestal y del sector minero y ahora el sistema de ANP.

En conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente se requiere renovar el compromiso del Estado peruano de trabajar en la protección y la salud del medio ambiente, aspectos prioritarios para el país y el planeta.

Finalmente, exhortan al Estado peruano y al sector privado a fortalecer la buena gobernanza y el diálogo a través del respeto del marco normativo, y al cumplimiento de compromisos internacionales de respeto de derechos y de protección del medio ambiente.

Conozca a continuación el pronunciamiento completo:

 

Pronunciamiento

Salvemos la Vida: Protejamos el Ambiente y a Nuestras Áreas Naturales Protegidas

Las organizaciones de sociedad civil organizada y personas que suscriben, expresamos nuestro profundo rechazo a la propuesta de proyecto de ley elaborada por PERUPETRO y respaldada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) que busca modificar los artículos 3, 4, 5, 7, 19, 20, 21, 23 y 27 de la Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), con el objetivo de priorizar, a nivel nacional, el aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos en zonas de alta biodiversidad como lo son las ANP, y de ese modo debilitar la institucionalidad y los mecanismos de creación y gestión existentes en la normativa.

La propuesta del MINEM ha sido señalada como inviable por el Ministerio del Ambiente, además consideramos que sería inconstitucional, al priorizar actividades extractivas sobre derechos fundamentales y la conservación de la diversidad biológica en las ANP, contraponiéndose al mandato establecido en la Constitución Política del Perú, que señala “el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas” (artículo 68°) y vulnerando el derecho fundamental de toda persona “(...) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (artículo 2°, numeral 22°).

La biodiversidad es un activo económico del Perú. Nuestro país cuenta con una alta diversidad biológica protegida en ANP como Parques Nacionales, Santuarios Nacionales y otras categorías, muchas de ellas altamente frágiles y vulnerables a actividades ilícitas, que son reservas de vida para todos los peruanos y peruanas, principalmente para las comunidades campesinas y nativas, y pueblos indígenas que se benefician de los invaluables recursos naturales que nos brindan las ANP, como son el agua, aire limpio, diversidad biológica, y servicios ecosistémicos de provisión, culturales y de soporte como la regulación hídrica, secuestro y almacenamiento de carbono, mantenimiento de la diversidad biológica, entre otros servicios. 

Esta propuesta del MINEM debilita la protección de las ANP y pretende modificarlas física y legalmente, al permitir la extracción  de recursos renovables y no renovables en áreas de uso indirecto (donde la actual legislación lo prohíbe) y en áreas de uso directo sin excepción. Ello evidencia que existen intereses para explorar y explotar el subsuelo de áreas naturales de alta protección como el Parque Nacional Bahuaja Sonene y su corazón, el Candamo; el Parque Nacional del Manu y el Santuario Nacional Megantoni, entre otras, y evitar la creación de nuevas áreas protegidas en zonas como el Mar Tropical de Grau. Periódicamente vuelve a la mira, la promoción de la extracción de hidrocarburos a costa de sacrificar las ANP; de transgredir diversas normas nacionales y compromisos asumidos por el Estado peruano en instrumentos internacionales como el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estado Unidos, el Convenio sobre Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, el Convenio 169 de la OIT, entre otros; y sin importar que varias de estas áreas cuentan con reconocimientos mundiales como Reservas de Biósfera y sitios de Patrimonio Natural reconocidos por UNESCO.

El impacto socioambiental generado por los derrames de hidrocarburos es aún un tema sin resolver. Entre el 2000 y 2019, la Amazonía ha enfrentado 474 derrames petroleros, los cuales han afectado  territorios de comunidades indígenas, quienes lejos de recibir soluciones integrales a las consecuencias del impacto ambiental y social de los derrames, solo obtuvieron atenciones coyunturales insuficientes. Hoy en día, los pueblos indígenas no tienen acceso a agua saludable, los alimentos se encuentran contaminados y las comunidades se encuentran expuestas a consecuencias en su salud, todo a causa de una política de contaminación ambiental y social.

Flexibilizar el aprovechamiento de recursos naturales en áreas del territorio nacional especialmente sensibles ambiental y socialmente solo agravaría la problemática antes expuesta. Además, la respuesta del Estado ante el último desastre ambiental ocasionado por Repsol en nuestro mar peruano en enero de 2022, no solo evidenció la necesidad de reforzar la fiscalización de las actividades de hidrocarburos, sino que ha dejado impactos negativos ambientales, sociales y económicos que, incluso a más de un año del suceso, continúan afectando al ambiente, nuestra fauna marina y a múltiples familias de pescadores artesanales.

Esta iniciativa legislativa es contradictoria con los compromisos ambientales internacionales asumidos por el Estado peruano, más aún en un contexto de crisis climática y de crisis de biodiversidad, y en el que existe una tendencia global a reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles. En particular, incumple la obligación internacional del Estado peruano asumida en el marco del Acuerdo de París y del Convenio de Diversidad Biológica, en especial, el recientemente adoptado “Marco Mundial Kunming-Montreal de la Biodiversidad Biológica”, cuya emblemática Meta 3 establece el compromiso de todos los países signatarios de conservar al menos el 30% de las zonas terrestres y marinas al 2030, en especial aquellas zonas de particular importancia para la biodiversidad, como las ANP. 

Además, este tipo de iniciativas debilitaría todo lo alcanzado en materia de conservación y protección de los recursos naturales. Instamos a los poderes Ejecutivo y Legislativo a reconsiderar el paquete normativo que vienen impulsando, que afectaría principalmente los derechos de los pueblos indígenas -en especial, los que se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial-, los sistemas de gestión y evaluación ambiental, la normativa forestal y del sector minero y ahora el sistema de Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, preocupa profundamente que las acciones de funcionarios y servidores públicos y de congresistas estén orientadas a debilitar la gobernanza ambiental, cuando se busca que el Perú sea parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En conmemoración del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, es necesario renovar el compromiso del Estado peruano de trabajar en la protección y la salud del medio ambiente, ya que son prioritarias para el país y el planeta, y de atender las necesidades energéticas y de consumo a través de fuentes más limpias para el planeta, como son las energías renovables. Asimismo, recordemos los lamentables hechos del conflicto de Bagua que traen a nuestra memoria, una vez más, que la promoción de normas sin participación ni consulta previa generan brechas de desconfianza, debilitan el clima de paz social y promueven conflictos socioambientales.

Exhortamos al Estado peruano y al sector privado a fortalecer la buena gobernanza y el diálogo a través del respeto de nuestro marco normativo, y al cumplimiento de compromisos internacionales de respeto de derechos y de protección del medio ambiente.

Lima, junio de 2023

Firman:

  1. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
  2. Agencia de Investigación Ambiental / Environmental Investigation Agency (EIA)
  3. Amazónicos por la Amazonía (AMPA)
  4. Asociación Arariwa
  5. Asociación de Servicio Integral de Cooperación Rural Anccara (SICRA)
  6. Asociación Ecosistemas Andinos (ECOAN)
  7. Asociación Nacional de Centros (ANC)
  8. Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA)
  9. Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO)
  10. Asociación ProPurus
  11. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
  12. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
  13. Central Ashaninka del Río Ene (CARE)
  14. Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP)
  15. Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur (DESCOSUR)
  16. Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA)
  17. Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA)
  18. Centro Bartolomé de las Casas (CBC)
  19. Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales - Cordillera Azul (CIMA - Cordillera Azul).
  20. CIVICUS
  21. Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)
  22. Consejo Machiguenga del Río Urubamba (COMARU)
  23. Conservación Internacional Perú.
  24. Conservation Strategy Fund (CSF)
  25. CooperAcción
  26. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)
  27. Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA)
  28. DESCO - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.
  29. DESCO SUR - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo del Sur
  30. EarthRights International (ERI)
  31. Fondo de Agua para Lima y Callao - AQUAFONDO
  32. Foro Câmbio Climático y Justicia Socioambiental de Brasil
  33. Foro Ecológico
  34. Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS)
  35. GRUFIDES
  36. Grupo Impulsor Mujeres y  Cambio Climático Perú (GIMCC PERÚ)
  37. Grupo Propuesta Ciudadana (GPC)
  38. Iglesia Matriz de Iquitos San Juan Bautista (Catedral de San Juan Bautista, Iquitos)
  39. Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
  40. Instituto de Montaña (ITM)
  41. Instituto del Bien Común (IBC)
  42. Instituto NATURA
  43. International Rivers
  44. Kené Instituto de Estudios Forestales y Ambientales
  45. Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC)
  46. Natural Resource Governance Institute (NRGI).
  47. Nodo Perú de la Red Latinoamericana Iglesias y Minería 
  48. OCEANA
  49. Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU)
  50. Oxfam en Perú
  51. Pachamama Alliance Perú
  52. Paz y Esperanza
  53. Proética
  54. PUDÚ
  55. Red de Agricultura Ecológica del Perú (RAE-PERÚ)
  56. Red Muqui
  57. Red Nacional de Conservación Voluntaria y Comunal “Amazonía Que Late”
  58. Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral 
  59. Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (SDSN Amazônia)
  60. Servicios Ecosistémicos Perú (SEPERU)
  61. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA)
  62. Sociedad Peruana de Ecodesarrollo
  63. Sociedad Zoológica de Fráncfort (FZS)
  64. The Shared Wood Company (sWc-Perú)
  65. TierrActiva Perú
  66. Wildlife Conservation Society (WCS)
  67. World Wildlife Fund (WWF Perú)

Personas naturales:

  1. Cesar F. Florez, DNI 08732424
  2. César A. Ipenza, DNI 40287902
  3. Claudia Grados Bueno, DNI 44686664
  4. Dafne Grados Tello, DNI 47158792
  5. Elizabeth Peña Izquierdo, DNI 27748507
  6. Flor de María Vega Zapata, DNI 07200287
  7. Indira Alva Alvarado, DNI 70440568
  8. Javier Rodolfo Jahncke Benavente, DNI 07261449
  9. Lucía Ruiz Ostoic, DNI 08767259
  10. Luis Román, DNI 07825044
  11. Margarita Medina Müller, DNI 40139714
  12. Mariano Castro Sánchez-Moreno, DNI  07212391
  13. Oscar Francisco Rada Santivañez, DNI 19993395
  14. Ramón Rivero Mejía DNI 40684427
  15. Roxana Patricia Arauco Aliaga, DNI 10352911
  16. Samar El sous Bautista, DNI 75259182
  17. Tatiana Jarama Arévalo, DNI 05409729
  18. Vivian Chumbiauca Carbajal, DNI 21877422
  19. Patricia Fernandez-Davila Messum, 08220816
  1.  

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