Servindi, 5 de febrero, 2023.- El Gobierno de Nicaragua no envió ninguna representación a la audiencia del jueves 2 de febrero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre una demanda contra el Estado por violaciones a derechos de los indígenas.
La audiencia se refiere al caso Pueblos Rama y Kriol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields y sus miembros contra Nicaragua.
La Comisión interamericana de Derechos Humanos lamentó la ausencia del estado y detalló que desde el 2013 el gobierno se negó a reconocer la elección de las autoridades legítimas y la protección de sus territorios.
Los peritos concluyen que pese a tener la ley de autonomía esta no se cumple desde los y para los territorios, y además se debe respetar las elecciones que les permita adoptar y reconocer a sus líderes como forma de organización interna.
Existe una falta de certificación de autoridades tradicionales violando el derecho a la autonomía, adicionalmente el incumplimiento del saneamiento, ya que hay colonos titulados en sus territorios y sólo una fracción mínima de tierras han sido tituladas tras la reivindicación.
También denunciaron que el estado de Nicaragua no garantizó el derecho de consulta previa, libre e informada ante el proyecto del gran canal interoceánico.
Desacato permanente
Ricardo Pérez Manrique, presidente de la CorteIDH, destacó que la ausencia del representante del Estado de Nicaragua “a pesar de haber sido debidamente notificado".
De igual modo, Erick Acuña, abogado de la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo lamentar “la falta de participación del Estado nicaragüense durante todo el trámite del caso".
Cabe recordar que el 29 de noviembre de 2022 la CorteIDH declaró a Nicaragua en "desacato permanente" luego de que no acatara las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados.
"Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo", indicó la CorteIDH en una resolución del 29 de noviembre pasado.
La CorteIDH detalló que el Estado de Nicaragua ha expresado su no aceptación y rechazo a las medidas provisionales adoptadas en favor de 75 opositores al Gobierno presos, resoluciones que tienen fechas de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021, así como del 25 de mayo y 4 de octubre de 2022.
En esas resoluciones la CorteIDH ha ordenado la liberación inmediata de los opositores encarcelados, entre quienes destacan excandidatos presidenciales, periodistas, líderes sociales, empresarios, estudiantes, entre otros.
La CorteIDH determinó que "la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales, así como los procesos penales seguidos en contra de todos ellos, evidencian un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual gobierno de Nicaragua" del mandatario Daniel Ortega.
El 11 de enero de 2023 el tribunal emitió otra resolución en favor de otros 11 opositores detenidos, exigiendo su liberación.
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