Foto: Agenda Andina.
Los organismos internacionales, la cooperación solidaria para el desarrollo y los países amigos o aliados del país deben saber todo esto para no alimentar un gobierno que lejos de defender el ambiente lo mancilla y lo socava.
Servindi, 4 de junio, 2023.- El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente en momentos que Perú vive en un escenario de crisis agravado por los embates de fuerzas retrógadas y negacionistas que amenazan con traer abajo lo poco avanzado.
Empecemos. La reciente iniciativa de Perupetro para flexibilizar la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP), es la más reciente amenaza del extractivismo desbocado contra la conservación de los ecosistemas más importantes del país.
El propósito es tan burdo que ha sido calificado de “inviable” por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam).
La legislación peruana prohíbe la extracción de recursos naturales y transformaciones del ambiente natural que incluye a las ANP por su alto valor y fragilidad, pero esto poco parece interesar a los intereses extractivos.
Pero no es la única iniciativa contra el ambiente. Está en la agenda del Congreso la propuesta de modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre para que se permita formalizar los cambios de uso de la tierra en zonas de bosque.
Es decir, para que quienes tengan predios con título o constancia de posesión, no necesiten presentar el requisito de zonificación forestal para hacer el cambio de uso del suelo.
Esto, en la práctica, abriría las puertas para que cualquier persona pueda modificar el uso del suelo y se fomente la pérdida de bosques.
Al hacerlo, se pone en riesgo la Amazonía, la lucha contra la deforestación y los derechos de los 400 000 indígenas que dependen de los bosques.
La iniciativa legal ha recibido el amplio rechazo de organizaciones indígenas, sociedad civil y organismos públicos como el Minam y la Defensoría del Pueblo, pero este es un factor que poco interesa a las fuerzas oscuras del mal.
Otra iniciativa proviene del fujimorista Jorge Morante, quien propone modificar la Ley 28736, Ley para la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (Ley Piaci).
El proyecto busca que la creación de reservas indígenas se apruebe por ordenanza regional y no por decreto supremo, transfiriendo esta facultad del Ministerio de Cultura a los gobiernos regionales.
Con este proyecto, también se facultaría a los gobiernos regionales a “determinar la existencia, revocatoria o extinción de los Piaci y de las reservas indígenas creadas a su favor”.
La iniciativa es promovida en el contexto de una campaña que busca desconocer la existencia de los pueblos más vulnerables del planeta y constituiría en los hechos un genocidio.
Pero además de lo anterior, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el 19 de mayo la iniciativa que declara de interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos para el fomento del desarrollo.
El dictamen permite que Petroperú, con ciertas condiciones, se haga de varios lotes petroleros de la costa y la selva cuyos contratos han concluido.
Como lo advierte el antropólogo Mario Zúñiga este proyecto se suma a un cúmulo de proyectos de Perupetro y del Ministerio de Energía y Minas, que apuntan a impulsar nuevas operaciones extractivas de hidrocarburos.
Se trata de iniciativas legislativas “con justificaciones técnicas sesgadas que configuran una arquitectura legal excluyente, atentando contra derechos ambientales e indígenas y sin atender la enorme deuda ambiental que generan”.
En el artículo Las cegueras del petróleo Zúñiga apunta que los que promueven estas actividades no consideran el costo de remediar los impactos petroleros acumulados y los más de seis mil sitios contaminados.
Otros problemas ambientales
Además de las amenazas latentes debemos agregar la persistencia de serios problemas desatendidos por las autoridades peruanas como la minería depredadora y contaminante.
El jueves 25 de mayo, a poco de la medianoche, el pleno del Congreso aprobó una norma que permitiría que la maquinaria incautada a extractores ilegales de oro ya no sea destruida y pase a manos de gobiernos regionales y locales.
Dicha norma, que fue aprobada pese a observaciones de tres ministerios, podría afectar la lucha contra una de las actividades ilícitas más difíciles de erradicar en el interior del país.
Hay que considerar además que existe una huella de 8 500 pasivos ambientales dejados por la denominada antigua minería, la mayoría ubicados en Áncash, Cajamarca y Puno. Solo en Lima existen 693 de estos pasivos.
Las enfermedades del aparato respiratorio son la primera causa de mortalidad en niños menores de cinco años, situación que está directamente relacionada con la contaminación del aire.
A ello debemos agregar la contaminación de las fuentes de agua contaminadas no solo por actividades extractivas sino debido a que el 82 por ciento de los residuos sólidos se arrojan a las cuencas sin tratamiento alguno.
Los bosques continúan siendo destruidos. Ya se han perdido más de 10 millones de hectáreas de bosques primarios.
Entre el 2006 al 2019, cinco grandes plantaciones agrarias deforestaron aproximadamente 33 mil ha de bosques naturales de la Amazonía peruana.
El narcotráfico se viene apoderando progresivamente de amplias zonas de la Amazonía y diversos reportajes como el de Ojo-Publico.com han identificado decenas de pistas de aterrizaje o narcopistas clandestinas.
Todo esto ocurre a vista y paciencia de las autoridades quienes actúan de manera cómplice al no ejecutar las acciones necesarias para contrarrestar la situación.
La crisis conduce el ambiente al despeñadero
Lo cierto y real es que el actual gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola ha perdido toda legitimidad y se encuentra en un descrédito y rechazo ciudadano que asciende al 79 por ciento.
El Congreso de la República, que es donde se toman hoy las principales decisiones de gobierno, alcanza un 90 por ciento de rechazo, según una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
El 82 por ciento de la ciudadanía considera que adelantar las elecciones generales sigue siendo lo más conveniente para el país porque este gobierno no da para más.
Sin embargo, el Congreso se aferra al poder y ha perdido toda vergüenza para realizar acciones que buscan de forma grosera la impunidad y el control de todos los resortes del gobierno.
Por eso, el control del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, la expedición de la Ley de impunidad y su afán actual por controlar los órganos del sistema electoral.
Ha perdido la ética y la vergüenza. Solo le preocupa las formalidades y la leguleyada para fingir una legalidad formal para encubrir un régimen autoritario y antidemocrático.
En este contexto, poco o nada le importa a las fuerzas oscuras que gobiernan el país, el tema ambiental y los derechos de los pueblos indígenas u originarios que dependen en sumo grado de los ecosistemas y la biodiversidad.
Los organismos internacionales, la cooperación solidaria para el desarrollo y los países amigos o aliados del país deben saber todo esto para no alimentar un gobierno que lejos de defender el ambiente lo mancilla y lo socava.
AÑADE UN COMENTARIO