Servindi, 2 de junio, 2023.- Todo el afán del fujimorismo por controlar las instituciones estatales busca evitar que Keiko Fujimori, la hija del exdictador, siga los pasos de su padre y termine purgando una larga prisión.

Alberto Fujimori cumple actualmente una condena de veinticinco años de prisión por su responsabilidad en los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado y lesiones graves.

Ello, tras ser hallado culpable por autoría mediata de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), acciones cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina.

Fujimori renunció a la presidencia de Perú y vivió en el Japón, donde incluso postuló al senado japonés. Pero cometió el error de su vida al viajar a Chile, donde fue capturado y luego extraditado a Perú.

Aleccionada por la experiencia paterna, Keiko ha intentado desde 2022 salir del país con diversos pretextos, a pesar del juicio que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos de fondos ilícitos podrían conllevar una posible sentencia de 30 años de privación de libertad.

Salidas frustradas

Keiko Fujimori primero intentó viajar en diciembre de 2022 con el argumento de cumplir actividades políticas y académicas en Inglaterra y España. La solicitud incluso fue aprobada por el Poder Judicial.

Sin embargo, luego se conoció que la invitación de la Oxford Union Society se había cancelado, lo que no fue comunicado al Juzgado, induciendo a error a los jueces superiores que autorizaron su viaje a Inglaterra.

La institución académica indicó que la invitación efectuada en julio de 2022 para Keiko Fujimori había sido cancelada en setiembre, debido a que no confirmó su presencia en el plazo establecido.

Entonces, el juez Víctor Zúñiga Urday impuso una sanción de apercibimiento a la excandidata presidencial.

Pero en enero de 2023 Keiko Fujimori intentó volver nuevamente salir del país entre el 22 y 27 de enero para viajar a España a fin de participar en actividades de la World Law Foundation que se realizarán en Madrid y a la que fue invitada.  
 

Sin posibilidad de escape

Ante el nuevo pedido la respuesta del juez Víctor Zúñiga Urday dispuso el impedimento de salida del país a la lideresa de Fuerza Popular y a su exesposo Mark Vito Villanela por 36 meses.

La medida también incluye a otros miembros de la referida agrupación política: Vicente Silva Checa, Ana Herz Garfias, Adriana Tarazona Martínez, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y Pier Figari Mendoza.

Todos ellos tienen prohibido salir del país por 36 meses y están incursos en el juicio público por el presunto delito de lavado de activos al emplear aportes ilícitos en las campañas electorales y presuntamente haber montado una organización criminal.

La medida de restricción busca garantizar la presencia de la inculpada y de sus principales colaboradores en la fase final del proceso, en la que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria terminará las audiencias de control de acusación contra Keiko Fujimori.

El juez acogió en parte el pedido de la fiscal Paulina Roque de equiparar las reglas de conducta que deberán cumplir los procesados mientras se desarrolla el juicio público.

Pero, denegó el pedido fiscal para imponer una vigilancia judicial al partido político Fuerza Popular por los próximos tres años.

Los encausados no podrán variar su domicilio sin autorización del cuarto Juzgado de Investigación preparatoria nacional y deberán comparecer cada 30 días al registro de control biométrico para registrar su huella e informar de sus actividades.

También deberán presentarse a las citaciones de la fiscalía y al juzgado cada vez que sean convocados para alguna diligencia y tienen prohibido comunicarse con coimputados, testigos o peritos de este proceso.

Se exceptúa la comunicación entre Keiko Fujimori y Vito Villanela por la condición de tener hijas en común.

Tanto la Fiscalía como los abogados de Keiko Fujimori apelaron la decisión del juez, por lo que la medida será revisada por la Sala de Apelaciones Nacional.

El Ministerio Público había pedido además otras 16 reglas de conducta que el juzgado consideró infundados.

Al termino de la audiencia, el juez Zúñiga Urday anunció que en los próximos días emitirá la resolución para pasar al juicio público. 
 

La gravedad del caso Los Cocteles

Keiko Fujimori es investigada desde 2018 en el marco del "caso Odebrecht", por presuntamente haber recibido aportes irregulares de esta empresa para sus campañas presidenciales.

Los hechos evidencian que para la campaña de 2016, Fuerza Popular organizó seis actividades de recaudación, es decir, media docena de cócteles. En estos eventos, según reportó el mismo partido fujimorista, se recolectó 4 millones 606 mil 218 soles.

Keiko Fujimori reportaba a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresos exorbitantes de sus cócteles, que no coincidían con lo que había transferido a las cuentas de su partido.

Los cócteles eran eventos a los que los invitados llegaban tras haber adquirido tarjetas con precios que oscilaban entre los 250, 350 y 500 dólares por persona.

Un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos de 2018, señala que el partido fujimorista solo pudo justificar una parte de los recolectado, a través de “la relación de las personas que adquirieron las tarjetas de las actividades proselitistas que se desarrollaron el 16 de febrero y el 29 de marzo de 2016”.

En esa línea, se resolvió que el partido de Keiko Fujimori solo pudo documentar el 30 por ciento del total de lo recolectado, es decir 1 millón 432 mil 701 soles.

"No se cuenta con información que permita sostener que estas [actividades] recaudaron las sumas de dinero que aparecen en sus informes”, indica el reporte fiscal.

"Estas actividades proselitistas (cócteles) si bien podrían haberse realizado, no habrían podido recaudar tan importantes sumas de dinero en seis cócteles, como se informó a la ONPE en 2016”, se lee en el reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos.

Para ello, siguiendo el hilo de las sospechas la Fiscalía detectó que algunas personas vinculadas al ex secretario del partido fujimorista, Jaime Yoshiyama, figuraban como los mayores aportantes.

Uno de estos casos fue el de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jorge Yoshiyama, quien compró 27 tarjetas por un total de 9 mil 450 dólares.

Así mismo, Carlos Blanco Oropeza, exparlamentario, y la extesoresa del partido fujimorista, Cecilia Matsuno Fuchigami, compraron cada uno 50 y 20 tarjetas, por un total respectivo de 17 500 dólares y 14 mil dólares.

los cócteles habían sido una fachada para introducir aportes de empresas entre las que se contó a la constructora brasileña Odebrecht.

En 2016, el caso Cócteles era investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Germán Juárez Atoche. En 2017, cayó en manos del fiscal José Domingo Pérez, quien lo adecuó a la ley de organización criminal.

El paso del caso al Equipo Especial se debió a un hecho relevante: la aparición de una anotación de Marcelo Odebrecht en la que se habla de aumentarle “500” a Keiko Fujimori.

Con este hallazgo, la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular se inscribió en el marco del caso Lava Jato en el Perú, en cuyo centro se encuentra la empresa Odebrecht, que pagó millones de dólares en coimas y en financiar a políticos para luego, más adelante, obtener beneficios de estos.
 

Con la deriva del caso hasta el despacho del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, se impuso la tesis de que los cócteles habían sido una fachada para introducir aportes de empresas entre las que se contó a la constructora brasileña Odebrecht.

Así, a medida que se iban recogiendo testimonios de exdirectivos de la firma brasileña y de otros colaboradores, se fue estableciendo un esquema que revelaba una presunta organización criminal en el interior de Fuerza Popular liderada por Keiko Fujimori.

Por estas circunstancias, la Fiscalía pidió una orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori en 2018, la cual fue admitida. Por ello, la lideresa de Fuerza Popular estuvo casi 13 meses recluida en el penal Anexo de Chorrillos.

Si bien, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación, la Fiscalía insistió con el pedido de prisión preventiva y, tras un par de meses en libertad, la lideresa del fujimorismo volvió tras las rejas.

Fue liberada a fines de 2019 luego de que el Tribunal Constitucional le concediera un habeas corpus. Fujimori regresó a prisión preventivamente en enero de 2020, medida revocada por la Sala de Apelaciones en abril, la misma que ordenó su libertad bajo comparecencia restringida en mayo del mismo año.

Según la Fiscalía, Fuerza Popular, con el conocimiento de Keiko Fujimori, fraguó el ingreso de varios millones de soles provenientes de capital privado para blanquear los aportes con la técnica del “pitufeo”, tal como el partido fujimorista lo identificó.

La abogada de Keiko Fujimori niega que esta haya recibido aportes ilegales pues en el caso de los empresarios se trata de dinero lícito que pertenece al patrimonio personal de los empresarios.

Hallazgos posteriores encontraron que además de Odebrecht otras empresas, como las del Club de la Construcción, y firmas de otros gremios, como la que lidera Dionisio Romero y Leche Gloria, de Vito Rodríguez, hicieron a favor de la campaña de Keiko Fujimori.

Esto, si bien es cierto, no era ilegal al momento en que se dio, el hecho es que estos aportes millonarios no fueron declarados debidamente ante las autoridades correspondientes.

Por el contrario, el fujimorismo ocultó la procedencia del dinero y armaron todo un esquema de falsos aportantes para disimular el origen de los fondos.

Keiko Fujimori preside desde 2010 la agrupación política Fuerza Popular, y sus ansias por hacerse del poder la llevó a tentar la presidencia de la República en las elecciones generales de 2011, 2016 y 2021.

En todas esas ocasiones fue derrotada por un estrecho margen en la segunda vuelta electoral. Si el Caso Cocteles prosigue sin interferencias políticas de por medio, en lugar de tentar el poder obtendrá la cárcel.
 

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