Servindi, 2 de marzo, 2024.- El relator especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), José Francisco Calí Tzay, hizo un especial llamado a los estados para proteger a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).
El relator destacó que los PIACI son especialmente amenazados por la expansión de actividades ilícitas y extractivas avaladas por políticas estatales, y no reciben la protección adecuada a pesar de su extrema vulnerabilidad.
Su intervención se efectuó en una Jornada de diálogo de alto nivel entre el Grupo de Trabajo Internacional (GTI-PIACI), organizaciones internacionales, organizaciones indígenas, aliadas y el Estado Colombiano.
El evento se realizó el 22 de febrero con la finalidad de promover una red de asistencia técnica internacional para entidades del gobierno colombiano y formular e implementar políticas de prevención y protección de derechos PIACI a nivel nacional y en zonas de frontera.
José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas junto al Senador Julio César Estrada, Darío Mejía, presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas y a Carlos Macedo de la Organización para el Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Foto: Amazon Conservation Team Colombia.
El relator enfatizó en que a consecuencia de actividades impulsadas por empresas agrícolas, ganaderas, mineras y la presencia de actores armados y el narcotráfico.
Debido a ello y a las políticas que favorecen la explotación de los recursos naturales, minerales e hidrocarburos los PIACI se ven obligados a tener un contacto forzado y a desplazarse de los territorios por los que normalmente transitaban.
En este sentido remarcó que los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tienen el derecho de libre determinación, por lo que es vital el monitoreo no invasivo.
Asi lo hace, por ejemplo, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) en Perú, que, en coordinación con las comunidades indígenas y un organismo estatal, aplican planes de protección “sin contacto”.
Ello se realiza a través de una red de puestos de vigilancia que rodea a los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario y contacto inicial.
Presunción de no consentimiento
Respecto a los proyectos impulsados por las empresas dentro del territorio de los PIACI, el relator precisó que, tratándose de población en aislamiento voluntario, se presume su no consentimiento frente a cualquier tipo de actividad que irrumpa en su territorio.
De tal manera que si no existe una autorización de los pueblos indígenas como lo estipulan los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos no deben realizarse aunque exista autorización del Estado.
Cabe precisar que tales Principios Rectores fueron aprobadas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2011.
El relator especial de la ONU, recordó a los países que envíen información relacionada a la situación de los PIACI mediante la página electrónica de la Relatoría hasta el 15 de marzo.
También se recibirá aportes en la consulta virtual que realizará el 19 de marzo a las 10 de la mañana hora de Bogotá y Lima, y finalmente en su visita a Colombia entre el 5 y 15 de este mes.
José Calí Tzay, resaltó que esta convergencia de información permitirá hacer un amplio análisis y reflexión sobre la situación de los PIACI de forma que se gestionen soluciones.
También debe permitir aplicar políticas que garanticen su supervivencia física y cultural, basada en normas internacionales como la Declaración de la ONU sobre derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana sobre derecho de los Pueblos Indígenas y otras.
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