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Cifras reveladas por informes de USAID contradicen la última medición hecha por el gobierno que, en 2020, señaló que en todo el Perú había 50 mil mineros artesanales.

Hallazgos superan significativamente las estimaciones de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible en 2020, la cual calculó que 50 000 personas en el país se dedican a esta actividad.

Incorporar los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre a la Ley contra el Crimen Organizado permitiría a los operadores de justicia contar con mejores herramientas para perseguir el delito.

“Caja de herramientas” es una plataforma creada por USAID para facilitar a periodistas el acceso a mapas, fotografías y fuentes, entre otros, sobre delitos ambientales.

Las empresas relacionadas a gestión de bosques y vida silvestre, cadenas de valor y medios de comunicación podrían ser pieza clave, revela el reciente informe de USAID.

150 fiscales especializados en delitos ambientales tendrán una oportunidad para mejorar sus conocimientos y destrezas en torno a los delitos ambientales de mayor incidencia.

La ciudadanía señala al Estado como el principal responsable de combatir los delitos ambientales, pero lo percibe ausente e inactivo para el control de actividades ilegales.

Corrupción, ilegalidad y exclusión: un entramado complejo detrás de los delitos ambientales señala boletín del proyecto PREVENIR de la USAID.