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Mundo Indígena Perú: El resumen nacional de Servindi

Servindi, 09 de setiembre, 2018.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Indira Armendariz y Julio Quispe.

Mundo Indígena al 09 de setiembre de 2018

Mesa Nacional Amazónica. Uno de los principales logros obtenidos en Atalaya es el compromiso del Ejecutivo de instalar una Mesa Nacional para resolver los principales temas amazónicos del país. 

Así lo informó Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) al evaluar los resultados del diálogo en Atalaya.

Se trata de un espacio multisectorial de alto nivel coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros que será integrado por los ministros de los sectores involucrados.

AIDESEP participará con sus nueve organizaciones regionales para abordar los problemas prioritarios de la agenda amazónica nacional.

“En este espacio discutiremos temas transversales a la Amazonía, no solo contaminación por las actividades extractivas, sino también de proceso y reconocimiento a los pueblos indígenas amazónicos”, sostuvo Cauper.

El pedido de reactivar este espacio es porque no hubo seguimiento a compromisos anteriores asumidos por el Estado.

Por ejemplo, está el Plan de Acción elaborado el 2001 durante el gobierno de Valentín Paniagua y la Mesa luego de los sucesos de Bagua en 2009.

“Los resultados de ambos procesos aún no se han implementado” afirmó Lizardo Cauper.

Demanda de amparo. El Tribunal Constitucional admitió una demanda de amparo contra entidades acusadas de favorecer el tráfico de tierras, el desbosque y los cultivos de palma aceitera.

Los demandados son la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, la empresa Plantaciones de Pucallpa -hoy Ocho Sur P.- y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.

La demanda fue interpuesta por la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya con el apoyo del Instituto de Defensa Legal.

La referida comunidad, ubicada en Ucayali, pide que se declare la nulidad de las constancias de posesión otorgadas por la Dirección de Ucayali a 222 presuntos traficantes de tierras.

Estado de emergencia. El Gobierno declaró en estado de emergencia el Corredor Vial Apurímac - Cusco – Arequipa, como respuesta a las demandas de las comunidades afectadas por la minera Las Bambas.

Como se recuerda, el 22 de agosto, la comunidad de Fuerabamba inició su protesta con un bloqueo de la carretera nacional en el distrito de Colquemarca, Cusco.

Otras comunidades se plegaron a la protesta porque también son afectadas por el impacto ambiental de los camiones que transportan minerales del referido proyecto extractivo.

La población movilizada esperaba a representantes del Gobierno central el 30 de agosto, pero, en vez de la vía del diálogo, el Gobierno optó por la represión.

El cuento de la titulación. La titulación de las comunidades indígenas amazónicas es "puro cuento" porque no se les da la propiedad, como exige el Convenio 169 de la OIT.

En vez de ello, se les da cesión de uso, que es un préstamo y que puede ser revertido y dejado sin efecto.

Así lo sostuvo el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, quien señaló que el problema se origina en la Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva.

La norma establece que las tierras de aptitud forestal no se titulan, sino que se dan en contratos de cesión de uso y no en propiedad, pese a que casi toda la Amazonía tiene dicha aptitud forestal.

Ultimátum aimara. Líderes indígenas de la región Puno amenazan con realizar un “segundo aimarazo” si el Estado peruano otorga una millonaria reparación a la empresa minera Bear Creek.

Ante el ultimátum, el Gobierno suspendió el proyecto de Ley que solicita el pago de una reparación a la empresa a causa del levantamiento denominado el "aimarazo", en 2011.

Sin embargo, Carlos Oliva Neyra, titular del Ministerio de Economía y Finanzas, advirtió que de no pagar la deuda los intereses se incrementarán.

Hidrovía. Alfonso López, dirigente de la organización indígena cocama ACODECOSPAT, denunció en un foro público los impactos del proyecto Hidrovía Amazónica.

En su intervención el referido apu lamentó la falta de criterio del Estado en la inclusión de los conocimientos ancestrales en la elaboración del estudio.

También denunció que los sedimentos de los ríos que serán dragados podrían contener metales pesados que contaminarían los peces de los que se alimenta la población.

Afectados por contaminación. Federaciones indígenas de cuatro cuencas amazónicas exigen ser incluidas en la política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados.

Las comunidades de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón también pidieron a la Ministra de Salud que se instale el Comité de Gestión del Modelo de Salud de Cuatro Cuencas.

El pedido es suscrito por la Federación Indígena Quechua del Pastaza y la Federación de Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes.

Asimismo, por la Organización de Pueblos Indígenas Kichuas, Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador y la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca.

Enfoque de género. La organización indígena amazónica AIDESEP exigió el reconocimiento y la defensa de los derechos de la mujer indígena con políticas y programas que incluyan enfoque de género.

Así lo indicó en un comunicado al conmemorar el Día Internacional de la Mujer Indígena, el pasado cinco de septiembre.

En su pronunciamiento, AIDESEP demandó que se reconozca la fecha en el Perú como el “Día de la Mujer Indígena”.

Igualdad de condiciones. La Coordinadora Nacional de Derechos Humano saludó la aprobación de una norma que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.

Las personas con discapacidad tenían anulada su facultad para ejercer derechos. Por ejemplo, no podían votar, abrir una cuenta en el banco, decidir dónde y con quién vivir o casarse.

A partir de esta nueva ley el Estado peruano se adecúa a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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