Servindi, 17 de marzo, 2023.- Un conflicto surgió esta semana debido al irregular y cuestionable fallo del Tribunal Constitucional (TC) que fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia del Perú mediante un pronunciamiento público.
La declaración difundida el martes 14 de marzo califica como muy grave que el TC anule tres resoluciones emitidas por tres jueces a favor de sendos recursos de amparo, contra decisiones del Legislativo.
De igual modo, cuestiona que se amenace a esos magistrados con procesarlos judicialmente, lo que afecta la independencia del Poder Judicial.
Los magistrados advierten que no se puede menospreciar al Poder Judicial “ni crear de facto, zonas de inmunidad de jurisdicción en beneficio de otros órganos del Estado con serio riesgo de quebrar el equilibrio de poderes”.
Culmina señalando que “El Poder Judicial (...) expresa su preocupación por la concepción juridica que asume [el fallo del TC] y resalta los graves efectos que puede tener para la proteccion de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la independiencia del poder judicial”.
El cuestionado fallo cuestionado del TC recibió duras críticas de juristas y organizaciones de la sociedad civil, al considerar que establece un precedente que deja las manos libres a eventuales abusos del Congreso de la República.
Luego del fallo del TC un grupo de congresistas de derecha presentaron un proyecto de reforma constitucional, para que el Parlamento nombre a los titulares de los autónomos organismos electorales y a la Junta Nacional de Justicia, que supervisa la acción de jueces y fiscales.
El proyecto sostiene que, al atribuir al Congreso la fiscalización o poder de destitución de altos funcionarios, la constitución incurrió en omisión y ese poder debe incluir a los titulares del JNE, Jorge Salas; la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde.
Los tres funcionarios fueron atacados por partidos derechistas por un supuesto fraude en la elección del presidente Pedro Castillo, depuesto por el Congreso y encarcelado en diciembre último.
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