Compartimos una evaluación de la asociación IDLADS PERÚ sobre la importancia de la Comisión de Pueblos del Congreso como espacio de rendición de cuentas de los funcionarios públicos ambientales frente a la sociedad civil y canalizar exigencias de las organizaciones indígenas.
Las batallas de la Comisión de Pueblos del Congreso (2016-2017)
Por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS)
29 de mayo, 2017.- La historia de las Comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso y su relacionamiento con los pueblos indígenas y sociedad civil siempre ha sido inestable y llena de fricciones especialmente durante el tiempo de los paquetazos ambientales donde poco o nada hicieron por impedir el debilitamiento de la gestión ambiental e indígena.
Ad portas de cumplir un año en el cargo de presidenta María Elena Foronda y su equipo podemos destacar su política de puertas abiertas y de acercamiento continuo a las poblaciones indígenas, además de hacer de la Comisión una instancia de rendición de cuentas. Allí, se citó en el 2016 a la Ministra del Ambiente y la presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) exigiéndoles tomen posición sobre la Ley No 30230 y la derogación de su artículo 19 que impidió la aplicación de multas ambientales a los infractores, declaraciones que sirvieron de insumo al proceso de inconstitucionalidad del caso y de la ley que se aprobaría en abril del 2017.
Su preocupación por los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano la llevo a recorrer los lugares impactados en Loreto y a organizar eventos de visibilización de la problemática con las poblaciones indígenas de Acodecospat y ORPIAN-P así como la sociedad civil y generar un espacio de reflexión y alternativas de solución. También apoyaron decididamente el litigio estratégico ambiental e indígena de IDLADS y defendieron la integridad de las Áreas de Conservación Privada de Chaparri y Puerto Viejo así como la consulta previa de la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos.
Delegación indígena en el Congreso de la República. Foto: CNA
Asimismo, hizo que rindiera cuentas el Ministro de Transporte y Comunicaciones por la falta de reglamento de protección ambiental y le exigió explicaciones por el Proyecto del Tercer Carril de la Costa Verde que se realizó sin certificación ambiental. Sin duda, el caso que más recordamos fue el de la Ministra de Salud, en el que no paró de citarla persistentemente para que restituyera la Dirección de Pueblos en el sector Salud, lo que finalmente contribuyó a su reposición junto con el litigio estratégico del Pacto de Unidad.
una de las funciones más importantes que ha cumplido la Comisión de Pueblos ha sido ser espacio de rendición de cuentas de los funcionarios públicos ambientales frente a la sociedad civil
Así queda demostrado que una de las funciones más importantes que ha cumplido la Comisión de Pueblos ha sido ser espacio de rendición de cuentas de los funcionarios públicos ambientales frente a la sociedad civil y ser la voz de las poblaciones indígenas que tuvieron la oportunidad de exigir y demandar sus derechos a las propias autoridades.
También ha sido trinchera de resistencia a proyectos de ley lesivos que afectaban áreas naturales protegidas, límites máximos permisibles y derechos ancestrales indígenas como fueron el caso de Purus, la Ley de Reconstrucción con Cambios y la Ley del Despojo, Decreto Legislativo 1333.
Sin duda, la Comisión ha sido cuartel de construcción de proyectos de ley claves para el desarrollo sostenible como el relacionado a la consulta previa de las leyes y los estudios de impacto ambiental así como normas de protección a ecosistemas claves para nuestro país.
La escasa institucionalidad indígena que tenemos, hace que cuando vemos el cumpliendo cabal de las funciones de una entidad estatal, sintamos la necesidad de hacer conocer su trabajo, para valorarla, fortalecerla, y sobre todo aprovecharla y exigirle que mantenga ese rumbo y refleje la agenda de los pueblos indígena en su labor de fiscalización y de creación de proyectos de ley que garanticen un verdadero desarrollo intercultural y sostenible.