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Lea o escuche nuestro resumen anual de noticias… Edición: Perú

Servindi, 2 de enero, 2012.- Entregamos a nuestra audiencia el resumen de las principales noticias acontecidas en el año 2011, con los hechos más destacados que hicieron noticia en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

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Mundo Indígena Perú

Resumen Anual, edición Perú 2011

Este es el resumen de las principales noticias acontecidas en el año 2011 preparado por el Servicio de Información Indígena Servindi

Ley de consulta. El presidente Ollanta Humala promulgó la esperada Ley de Consulta Previa, que fue publicada en el diario oficial El Peruano el 7 de setiembre de 2011.

Tuvo que culminar el gobierno del presidente Alan García y su agresiva política de inversiones privadas en territorios comunales para que los pueblos indígenas pudiesen contar con una ley que los ampare en su derecho a ser consultados sobre lo que se haga en sus tierras.

La ley pudo ver la luz gracias al esfuerzo y sacrificio de decenas de miles de indígenas amazónicos que desde sus comunidades, centros poblados, y sus organizaciones hicieron que la Ley de Consulta sea la primera norma aprobada por el nuevo Congreso.

La ley establece una metodología sobre el proceso de consulta previa, libre e informada, de acuerdo con el mandato establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Ley señala que debe contar con un reglamento, proceso que está bajo responsabilidad del viceministerio de Interculturalidad, y que debe aprobarse en febrero de 2012.

Pacto de unidad. El conjunto de organizaciones indígenas integrantes del Pacto de Unidad presentó un documento con una serie de principios mínimos para la aplicación de los derechos de participación, consulta previa y consentimiento previo, libre e informado.

La propuesta se efectuó con miras a la elaboración del reglamento de la Ley de Consulta Previa y contempla estándares internacionales para su interpretación.

El Pacto de Unidad está integrado por cinco organizaciones indígenas y campesinas: Aidesep, la Confederación Campesina del Perú, la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (Conacami) y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).

La Conga que no se baila. El conflicto social y ambiental que marcó el año 2011 fue sin duda la lucha de las rondas campesinas y el pueblo de Cajamarca por impedir que se ejecute el megaproyecto minero aurífero Conga, de propiedad de la empresa Newmont.

En setiembre, una multitudinaria movilización en defensa del agua y el ambiente se realizó en la ciudad de Cajamarca convocada por el gremio magisterial y encabezada por el presidente regional Gregorio Santos.

La Plataforma Interinstitucional Celendina presentó un documento donde se sustentan las razones por las que el proyecto Conga es inviable.

El proyecto “afectaría irreversiblemente a las numerosas lagunas, acuíferos altoandinos, el caudal de agua de los ríos, canales y humedales, y los respectivos ecosistemas, que dependen de esas fuentes de agua”.

Pero la gota que derramó el vaso en el conflicto y que motivó la radicalización de las protestas en Cajamarca fue que el presidente Ollanta Humala dijera “Conga sí va”, expresando su respaldo al cuestionado proyecto minero.

Luego, cuando el pueblo de Cajamarca inició un paro regional indefinido, el presidente Humala trató de conciliar lo que hasta ahora es inconciliable: “Déjenme demostrar que sí se puede tener el oro y el agua a la vez”, al tiempo que pedía a Yanacocha modernas lagunas artificiales.

El paro regional indefinido que empezó el 24 de noviembre y duró once días, fue sofocado con la declaratoria del estado de emergencia en cuatro provincias de dicha región.

Las organizaciones indígenas agrupadas en el Pacto de Unidad presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el estado de emergencia y la detención de dirigentes.

Frente a tantas críticas, el Poder Ejecutivo levantó la medida el 16 de diciembre, y de paso, desbloqueó de las cuentas bancarias del Gobierno Regional que pudo reactivarse al Sistema Integrado de Administración Financiera.

La crisis en Cajamarca motivó la renuncia del primer ministro Salomón Lerner y el cambio del gabinete ministerial. Oscar Valdez Dancuart, quien asumió la presidencia del Consejo de Ministros, tiene en su contra una denuncia por la masacre de campesinos en la provincia de Candarave, Tacna.

Con Valdez, el gobierno central ha adoptado medidas autoritarias tratando de aislar a Gregorio Santos y a los dirigentes del frente de defensa ambiental. Para variar, diversos medios de comunicación han unido sus esfuerzos para desprestigiar a los líderes cajamarquinos.

Cerca de veinte años de contaminación y destrucción del ecosistema, hace que la población de Cajamarca rechace la minería a tajo abierto, y exija respeto a sus decisiones.

El 2 y 3 de enero la población volverá a las calles en el paro convocado por el frente de defensa.

Apurímac. Las comunidades campesinas y organizaciones sociales de varias provincias de Apurímac, entre ellas Andahuaylas, exigieron al gobierno que declare zonas intangibles y “reservas hídricas libres de minería” las cabeceras de cuenca de los ríos Antabamba y Aymaraes.

El paro indefinido empezó el 3 de noviembre en defensa del agua y en rechazo a los megaproyectos mineros que impulsan las empresas Buenaventura y Southern Peru Copper Corporation, entre otros.

La crisis afectó también el gabinete que derivó en la renuncia del viceministro de gestión ambiental. Las protestas cesaron el 14 de noviembre tras la formación de una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

Huancavelica. Cansados de esperar la intervención de las autoridades de Energía y Minas por el caso de la minera Pampamali (Angaraes, Huancavelica), las organizaciones sociales de base realizaron el 28 de abril un paro provincial de 24 horas por el “día de la dignidad angareña”.

La medida de carácter pacífico fue convocada por los frentes de defensa de Lircay y de Secclla, por sus respectivos comités de lucha y por el Comité de Fiscalización del Medio Ambiente de la provincia de Angaraes.

Arequipa. En marzo de este año, los pobladores de Cocachacra, provincia de Islay, Arequipa, se movilizaron en contra del proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Perú Cooper Corporation. La mayoría eran agricultores que temían ver afectados sus cultivos con la presencia de la mina.

Un informe de la UNOPS, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos, indicaba que el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por la minera tenía vacíos de información técnica y no presentaba un estudio hidrogeológico completo. Con ello, les daba la razón a los pobladores.

Tras el saldo de tres muertos en los enfrentamientos de abril entre campesinos y fuerzas de orden, el gobierno peruano decidió cancelar de forma definitiva el proyecto Tía María al declarar inadmisible el estudio de impacto ambiental.

Puno. Esta región volvió a la calma luego de que en junio el gobierno emitiera cinco normas con las cuales se suspendieron las actividades de exploración y explotación de recursos minerales en Puno y establecen como requisito para otorgar concesiones la aprobación de las poblaciones afectadas mediante el proceso de consulta previa.

Las manifestaciones en las distintas provincias de Puno dejaron un saldo de seis muertos y decenas de heridos.

De otro lado, la Asamblea del Parlamento Aymara, celebrado en noviembre, acordó consolidar la libre determinación de este pueblo y rechazar la ley de la Consulta Previa.

Los aymaras confían en el fortalecimiento de su autonomía aymara para dar impulso al buen vivir o “sumaq qamaña”.

Piura. Con la finalidad de promover la protección de áreas naturales protegidas, una caravana denominada Zonas libres de Minería recorrió diversas comunidades de la provincia de Huancabamba en julio de este año.

Foro de los pueblos. La organización de comunidades afectadas por la minería Conacami organizó en setiembre el Foro Nacional de los Pueblos, que se celebra en forma paralela a la ostentosa Convención Minera Perumin.

Entre los principales acuerdos del foro de los pueblos figuran crear una Comisión de la Verdad sobre la actividad minera en el país, la formación de un tribunal ambiental, la suspensión de las concesiones mineras y una asamblea constituyente desde los pueblos para la propuesta de una nueva Constitución.

La Declaración del Foro Nacional incluye el pedido para que cese la criminalización de la protesta social, se otorgue amnistía a los comuneros denunciados, se sancione ejemplarmente las infracciones ambientales y se ponga en marcha un proceso de reparación a las víctimas de la contaminación.

CULTURA:

Amauta: En el mes de enero el Perú se puso de pie para homenajear a José María Arguedas en el centenario de su nacimiento. El escritor reflejó las vicisitudes del mundo andino a través de su identificación con la población indígena.

AMAZONÍA:

Dengue. El dengue hemorrágico cobró la vida de 27 personas entre enero y noviembre de 2011 y produjo más de 23 mil contagios solamente en la Amazonía.

Hasta la última semana de noviembre se habían registrado 23,380 casos confirmados de dengue en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

Lluvias. Más de cinco mil damnificados de las comunidades asháninkas y nomatsiguengas de la selva central dejaron las lluvias torrenciales que elevaron el caudal de los ríos en los meses de enero y febrero.

Tan sólo en Loreto, las lluvias dejaron 29 mil damnificados y más de 9 mil personas afectadas. Un total de 7 regiones del país fueron declaradas en estado de emergencia debido a las fuertes precipitaciones.

Pérdida. El 30 de marzo, dejó de existir el líder asháninka Miqueas Mishari Mofaf, fundador y ex presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP), por complicaciones de una anemia severa.

Afrodita. En abril, Aidesep denunció la existencia de un convenio de la vergüenza, que demuestra la cooperación entre la Sexta Reserva del Ejército y la minera Afrodita en el cual esta empresa se comprometía a brindar atención médica y energía eléctrica y pagar veinte mil soles mensuales al Ejército a cambio de transporte, seguridad y comunicación.

Represas e hidroeléctricas. Los capitales brasileños en este rubro esperan todavía que prospere al menos uno de sus proyectos hidroenergéticos, como el de Inambari, a pesar de que el Ministerio de Energía y Minas archivara el expediente.

Los proyectos Tambo 40, Tambo 60, Mainique 1 y Paquitzapango fueron también archivados por el rechazo de los pueblos indígenas.

Kakinte. En el mes de julio la organización del pueblo Kakinte cuestionó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para la prospección sísmica y perforación de 23 pozos de exploración en Kinteroni, Mapi y Mashira.

Los indígenas denunciaron que no se les informó ni consultó y que no han dado su consentimiento para que opere REPSOL en el lote 57 ubicado entre las provincias de Satipo, en Junín; Atalaya, en Ucayali y La Convención en el Cusco.

Loreto. Catorce chamanes del pueblo shawi fueron asesinados en el último año al parecer por fanáticos evangélicos encabezados por Augusto Torres Rucoba, hermano del alcalde de Balsapuerto, en el departamento de Loreto.

Los fanáticos culpan a estos herederos y transmisores de los conocimientos ancestrales de las comunidades nativas de haber pactado con el diablo y de ser responsables de la mortalidad infantil en la zona, a pesar de los reportes de salud que señalan la alta incidencia de enfermedades bronquiales y diarreicas.

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