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Perú: La minerÃa y la necesidad de compromisos claros con el desarrollo del país

en los últimos años, los precios de los minerales han aumentado mucho, y esto no podían anticiparlo ni el Estado peruano ni las empresas que no esperaban una ganancia tan grande al contratar. Entonces, si las empresas ganan más por esta situación que no depende de su propia tecnología y competitividad, es justo que esa ganancia deba beneficiar algo más al país. Presidente Alan García Pérez, Mensaje a la Nación, 28 de julio del 2006

En su Mensaje a la Nación del 28 de julio pasado, el Presidente Alan García ha invocado a las empresas mineras a que hagan un aporte extraordinario, señalando el contraste que existe entre las ganancias extraordinarias que vienen obteniendo gracias al aumento de los precios de minerales, y la pobreza que aflige a 13 millones de peruanos y peruanas, buena parte de los cuales viven en las zonas en las que precisamente se desarrolla la actividad minera.

La Red Muqui, como colectivo de instituciones que venimos trabajando la problemática de la minería y del desarrollo en el país, consideramos que es de primera importancia colocar en el debate público cuál es el aporte de las industrias extractivas, como la minería, y los hidrocarburos, al desarrollo nacional, regional y local. Por lo tanto saludamos que desde la más alta autoridad del Estado se señale que el aporte fiscal que en la actualidad hace este sector, especialmente el minero, es insuficiente.

Queremos señalar que es necesario definir mecanismos que sean totalmente transparentes para hacer efectiva una más justa contribución de las empresas mineras a la inversión social que el país necesita. Frente a la iniciativa de proponer un aporte voluntario, manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad que se acepte que las empresas contabilicen como una contribución extraordinaria los gastos sociales y productivos que ya vienen haciendo en las localidades en las que desarrollan sus actividades. Debemos señalar con toda claridad que esto sería inaceptable, en la medida en que ya no se trataría de aportes adicionales, sino de ponerle una nueva etiqueta a los gastos que las empresas vienen realizando en base a sus propias estrategias de inserción y relaciones con sus entornos poblacionales.

De la misma manera, nos parecería inaceptable que las empresas descuenten estos aportes del impuesto a la renta como lo han sugerido algunos voceros empresariales. No se trata de aportar sobre la base de dejar de pagar lo que corresponde. Insistimos, se trata de asegurar un aporte adicional al que ya se hace.

En ese sentido, no nos parece apropiado que éste sea un aporte voluntario. No se trata de lograr un favor de parte de las empresas, sino de garantizar que su aporte fiscal, sea acorde con las ganancias que vienen obteniendo y responda a las necesidades del país y de las poblaciones más vulnerables.

Como alternativa, planteamos que este aporte adicional debe definirse tomando en cuenta tres consideraciones que lo hagan equitativo, previsible y transparente:

- En primer lugar, es necesario que las empresas mineras paguen plenamente todos sus impuestos y demás contribuciones, como lo hacen las demás actividades productivas en el Perú. Para ello, se debería eliminar todo vestigio de beneficios tributarios que fueron obtenidos en los contratos firmados en la década pasada. Si bien las condiciones de violencia e inestabilidad en la que entonces vivía el país, más una coyuntura de precios bajos, podían hasta cierto punto justificar el otorgar incentivos extraordinarios para la inversión, hoy se vive una situación distinta. En efecto, hoy no existe la situación de violencia política que vivía el país, se cuenta con una economía estable, y hay una coyuntura de cotizaciones extraordinariamente altas, lo que hace innecesarios esos incentivos.

Pero además, la experiencia de los últimos años muestra que el conjunto de beneficios tributarios (reinversión de utilidades, doble depreciación, depreciación acelerada, entre otros), todos deducibles del Impuesto a la Renta que las empresas mineras deben de pagar, han generado una serie de distorsiones que terminaron por afectar los ingresos del Estado y de las localidades donde se ubica la minería. Entre otros, mencionamos dos ejemplos: la autorización a Cerro Verde para usar el beneficio de la Reinversión de Utilidades hasta por US$ 800 millones de dólares -pese a que dicho beneficio había sido derogado 6 años atrás - lo que significaría, para los próximos años, una drástica reducción del Impuesto a la Renta, hasta por US$ 240 millones de dólares, de los que la mitad corresponde al canon minero de Arequipa. Es decir, 120 millones de dólares menos para la región. Otro ejemplo es el de la empresa Barrick, propietaria de mina Pierina en Ancash, que se ha beneficiado del mecanismo de la Doble Depreciación, que le habría permitido revaluar sus activos ya depreciados, para inmediatamente después volverlos a depreciar. Esta operación significó que Barrick reduzca su pago del Impuesto a la Renta por US$ 141 millones de dólares, de los que la mitad correspondían al canon minero para la región Ancash. En este caso, más de 70 millones de dólares menos para la región

- En segundo lugar, nos parece necesario que todas las empresas paguen las regalías mineras. Se ha argumentado que esto viola sus contratos de estabilidad tributaria, pero en realidad no se trata de un tributo sino de una retribución por la extracción de un recurso no renovable. También se ha argumentado que esta medida restaría competitividad al país, sin embargo no debemos olvidar que el proyecto minero de Las Bambas fue licitado de manera exitosa, pese a que en los términos de referencia se incluyó el pago de regalías de un 3%. Un caso distinto es el de la mina Tintaya, con contrato de estabilidad tributaria, antes bajo propiedad del más importante grupo minero del mundo, BHP Billiton y hoy día vendida al grupo suizo Xstrata, cuyos propietarios acordaron transferir el año 2003 el 3% de utilidades antes de impuestos como aporte directo a un fondo para el desarrollo de la provincia de Espinar. Ciertamente, estas empresas no están atentando contra su propia competitividad.

- En tercer lugar, nos parece necesario que se definan mecanismos claros para que se pueda concretar una transferencia adicional justa de la minería al país, acorde con las ganancias inesperadas resultado de los precios excepcionalmente elevados.. Consideramos que el mecanismo más adecuado es el de un impuesto a las sobre ganancias, tal como fue ofrecido en la campaña electoral.

Finalmente, nos parece importante establecer los instrumentos que deben permitir la utilización eficiente y transparente de esos fondos. Una opción, para no crear una nueva institucionalidad, sería fortalecer la que ya existe y que enfrenta serias restricciones de recursos. En todo caso, sea cual fuese la opción que se tome, la tarea central es asegurar que su gestión sea transparente y totalmente independiente, previniendo cualquier aprovechamiento político y evitando las situaciones del pasado en las que la ayuda social fue un instrumento de manipulación política de las necesidades de los más pobres. Tenemos hoy la oportunidad de definir nuevas reglas de juego para la minería en el Perú, acordes con las nuevas circunstancias de altos precios en los mercados internacionales y las necesidades de desarrollo; por lo tanto, se hace necesario definir un aporte más justo de las empresas al país. Nuestras propuestas apuntan en esa dirección. De no hacerlo, de mantenerse una situación de bonanza empresarial, estrechez fiscal y pobreza, se mantendrá e incrementará la polarización y la conflictividad, escenario que no beneficia a nadie.

La Red Muqui está integrada por:

Asociación Civil Labor - Asociación Marianista de Acción Social (Trujillo) -Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Centro Pastoral de la Diócesis de Chulucanas - Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES) - Comisión Prelatural de Pastoral Social de la Prelatura de Huamachuco (COPREPAS) - Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) - Comité Parroquial de Derechos Humanos de La Oroya - Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) - Cooperacción, Acción Solidaria para el Desarrollo - Diaconía para la Justicia y la Paz del Arzobispado de Piura y Tumbes - Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) - Proyecto Amigo - Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) - Grupo para la Promoción del Desarrollo de los Andes - Grupo Propuesta Ciudadana - Pastoral Social del Vicariato San Francisco Javier-Jaén - Pastoral de Dignidad Humana de la Arquidiócesis de Huancayo (PASDIH) - Red Uniendo Manos contra la Pobreza

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