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Perú: DefensorÃa del Pueblo publicó informe sobre proyecto Camisea

Camisea_tuberia.jpgLima, 3 de marzo 2006.- Luego de dos años de riguroso trabajo de investigación y análisis, a cargo de un grupo de funcionarios de cinco Oficinas Descentralizadas, en coordinación con el Programa de Comunidades Nativas y la Adjuntía para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente, la Defensoría del Pueblo ha publicado su Informe Defensorial Nº 103, titulado “El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas”.

El informe pone en evidencia aquellos derechos constitucionales que han sido vulnerados como consecuencia de la implementación del Proyecto Camisea, especialmente en las poblaciones que viven en un mayor grado de indefensión como son las comunidades nativas y los pueblos indígenas en situación de autoaislamiento que ocupan el territorio donde se ejecuta el proyecto.

En sus conclusiones, la Defensoría del Pueblo ha encontrado graves violaciones a los derechos de estas personas y, por ello, ha elaborado 12 recomendaciones dirigidas al Congreso de la República, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Energía y Minas, al OSINERG, al Consejo Nacional del Ambiente y a la Dirección del Grupo de Coordinación Técnica Interinstitucional para el Proyecto Camisea, para que se superen los problemas planteados con vistas a la ejecución de la segunda etapa de este proyecto.

Recomendaciones

Conforme a las atribuciones señaladas en el artículo 162 de la Constitución Política del Perú, y en el artículo 26º de su Ley Orgánica, la Defensoría del Pueblo considera pertinente recomendar:

  1. Al Congreso de la República, al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Salud, emitir normas específicas para la protección eficaz de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, considerando estudios de impacto ambiental que incluyan planes de contingencia para evitar, en lo posible, el contacto con dichos pueblos, así como garantizar la atención médica en caso de producirse daños al derecho fundamental a la salud. Este proceso requiere considerar la elaboración por parte del Ministerio de Salud de estudios de línea basal sobre la situación de la salud en la zona.
  2. Al Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y el Consejo Nacional del Ambiente-CONAM, diseñar criterios de valoración que garanticen compensaciones equitativas por los daños generados.
  3. Al Ministerio de Energía y Minas, diseñar e implementar mecanismos que garanticen negociaciones equitativas y posibiliten la asistencia técnica a las comunidades y pueblos indígenas en los procesos de negociación.
  4. Al Congreso de la República y al Ministerio de Energía y Minas, crear el marco jurídico que permita prevenir cláusulas que puedan resultar abusivas para los pueblos indígenas y comunidades nativas en los acuerdos suscritos con las empresas, y crear mecanismos que garanticen el cumplimiento de los convenios.
  5. Al Congreso de la República y al Ministerio de Energía y Minas, modificar la regulación sobre servidumbre vigente, con el fin de eliminar los incentivos contrarios a la negociación entre las partes, e introducir en su lugar otros que la incentiven de manera equitativa.
  6. Al Congreso de la República y al Ministerio de Energía y Minas, diseñar e implementar un marco institucional y de gestión que proporcione soluciones administrativas a las controversias entre empresas y ciudadanos surgidas tanto en el proceso de negociación como en la ejecución de los convenios.
  7. Al OSINERG, intensificar el control estatal de compromisos ambientales y sociales asumidos por las empresas involucradas, así como una actuación oportuna para prevenir impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas, fortaleciendo sus programas y equipos de supervisión y fiscalización.
  8. Al Ministerio de Energía y Minas y al OSINERG, establecer mecanismos que garanticen la implementación de las recomendaciones efectuadas a las empresas, en cuanto a medidas de mitigación, remediación y/o el levantamiento de observaciones.
  9. Al Ministerio de Energía y Minas y al OSINERG, fortalecer la realización de inspecciones técnicas multidisciplinarias de obras ejecutadas del gasoducto del Proyecto Camisea.
  10. Al Congreso y al Ministerio de Energía y Minas, establecer plazos suficientes y razonables entre la publicación de los estudios de impacto ambiental y la realización de las audiencias públicas, así como ampliar y mejorar los mecanismos de información y participación ciudadana, brindando asistencia técnica a las comunidades para quepuedan plantear sus observaciones y recomendaciones a los estudios de impacto
    ambiental.
  11. A la Dirección del GTCI CAMISEA y a todos sus miembros, mejorar los mecanismos de coordinación transectorial e intercambio de información en aras de lograr procesos de deliberación, decisión y actuación conjunta más eficaces.
  12. Al Congreso y al Consejo Nacional del Ambiente-CONAM, diseñar los mecanismos que permitan la efectiva reparación del daño ambiental puro, precisando los alcances de la responsabilidad objetiva en materia ambiental, a fin de evitar futuras controversias en torno a la definición e interpretación de “bien ambientalmente riesgoso o peligroso o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o
    peligrosa”. 

Fuente: Defensoría del Pueblo

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