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El Tribunal Constitucional publicó una sentencia histórica para las personas defensoras de los derechos humanos constantemente criminalizadas por ejercer su derecho a la protesta.

"Si el Estado no está en la capacidad de adoptar medidas idóneas de protección hacia estos pueblos, no debería permitir actividades extractivas que pongan en peligro la vida y salud".

Corte Superior de Justicia de Ucayali fue demandada por la ausencia de intérpretes shipibos en los procesos judiciales de los que son parte los miembros de este pueblo.

Desde 1994 hasta hoy se firmaron al rededor de 150 convenios entre la Policía Nacional del Perú y las empresas extractivas, para brindarles servicios de protección.

Lamentablemente actitud: el Ministerio de Cultura apeló la sentencia de la 4° Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordena proteger a los PIACI.

El 2011, la Comunidad San Andrés de Negritos, presentó una demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas y Minera Yanacocha S.R.L., por la violación de derechos.

Tras tres años de espera, el TC admitió la demanda de amparo que denunció los convenios entre la Policía Nacional del Perú y la empresa minera Glencore Antapacay.

Juan José Quispe del IDL explicó que los ‘estados de emergencia’ en zonas de conflictividad entre las comunidades indígenas y empresas extractivas extingue derechos.

Por las características de los proyectos mineros Antapaccay y Corccohuayco, no basta con que se consulte a las comunidades campesinas, debe tener el consentimiento.

La demanda busca tutelar el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado frente a la inminente construcción de la Central Hidroeléctrica Chadín 2 en el Río Marañón.