estado de emergencia

Es necesaria una mirada crítica sobre el estado emergencia en desigualdad. Por ello deben asegurarles a los indígenas varados, servicios básicos que les permita resistir.

Miles de personas luchan por volver a sus regiones de origen y pasar allí la emergencia nacional. Se han perdido más de 1 millón 216 mil empleos por la cuarentena.

Algunas cifras elaboradas por el monitoreo de portales periodísticos nos dicen que ya son 718 los trabajadores mineros infectados. El caso más reciente: Marcobre.

El aislamiento comunal es una estrategia de las comunidades indígenas que, sin tener información sobre el COVID-19, busca solo cuidar y proteger a todos en la comunidad.

Comunidades demandantes consideran que el D.S. 060 viola el derecho a la protesta social, restringe la libertad de reunión y suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

La decisión fue adoptada con el fin de evitar el aumento exponencial de casos de COVID-19. Desde el próximo lunes, la inmovilización social obligatoria regirá desde las 8:00 pm.

Once de las 21 personas que viajaron a entregar víveres a las comunidades nativas del río Corrientes, han dado positivo al coronavirus.

Pese al incidente, la petrolera Frontera Energy se excusa y no ha asumido su responsabilidad, un problema que se agrava por el retraso de los organismos de fiscalización.

Seis empresas mineras reportan un total de 237 casos confirmados. Antamina lleva el récord.

Numerosa población indígena asentada en los distritos de Yarinacocha, Manantay y Callería de la provincia de Coronel Portillo vive al día y no cuenta con un salario semanal ni mensual.