comunidades indigenas

Un entramado de corrupción privatizó 546 mil hectáreas de territorio ejidal en Yucatán en 20 años. La herramienta para este despojo fue un uso faccioso de la Ley Agraria.

Comunidades nativas registran incremento de contagios de COVID-19, por lo que la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades de Loreto que sean atendidas con urgencia.

Reporte de comunicadores indígenas desde la zona da cuenta de más de 200 comunidades y 250 caseríos indígenas afectados por el desborde del río Ucayali.

Medida abarca el Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP), lugar en el que, entre 2014 y 2019, se registraron hasta 16 derrames de petróleo.

La empresa Perupetro, que provee de electricidad a las comunidades, cortará el servicio este 19 de febrero por falta de combustible para la planta de generación eléctrica.

No existe un acuerdo sobre lo que se considera comunidades indígenas, por lo que las cifras oficiales son incompatibles.

Comunidades quechuas y kukamas solicitan pruebas rápidas, medicamentos y la presencia de personal especializado para atender casos de COVID-19 en sus territorios.

De las 100 comunidades indígenas en Guatemala impactadas por la presencia de proyectos en sus territorios, 84 son afectadas por la construcción de plantas hidroeléctricas.

Al menos 129 lideres fueron atacados en conflictos vinculados con proyectos en sus territorios. El 71% de las comunidades son afectadas por obras de infraestructura.

Demanda exige cancelación del proyecto hasta que exista certeza científica de que no constituye una amenaza cierta e inminente para los pueblos y ríos por el dragado.