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Pluspetrol, defensores y debida diligencia

Servindi, 4 de diciembre, 2020.- El 19 de octubre, Mar Pérez, abogada y responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) participó en un evento del Ministerio de Justicia en el que expuso el caso de la comunidad nativa La Petrolera donde fue asesinado Cristian Javá, joven indígena urarina que realizaba labores de monitoreo ambiental.

Debido al límite de tiempo –de acuerdo con su relato– la abogada no pudo presentar todos los detalles. Sin embargo, su intervención produjo “indignación” en la representante de la Sociedad Nacional de Energía Petróleo y Energía. Esto trajo como consecuencia que Pluspetrol le enviara una carta notarial donde califica sus expresiones como difamatorias.

Según la abogada, dos años antes del asesinato de Cristian Javá, la comunidad La Petrolera expulsó a un grupo familiar ya que consideraban que estaba negociando con Pluspetrol para su propio beneficio.

El grupo se asentó en un sector de la comunidad, comenzaron a recibir foráneos y a amenazar a los comuneros.

En su momento, la  Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Acodecospat)  y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) denunciaron que la empresa Pluspetrol reconocía a quienes habían sido expulsados “como interlocutores y beneficiarios de sus programas de responsabilidad social”.

Además, la empresa exigía que la comunidad llegue a un acuerdo con sus agresores para remediar un derrame. Inclusive la petrolera llegó al punto de referirse a los expulsados como si constituyeran una comunidad denominada “Petrolera Nueva”, “algo legalmente imposible por encontrarse sobre el territorio titulado e inscrito en registros públicos de una verdadera comunidad”.

Para la abogada, “lo que está en discusión no son las intenciones de Pluspetrol, sino su contribución en una cadena de eventos que acabó generando el asesinato de un defensor indígena”.

Según lo que se ha podido documentar, es difícil sostener que la empresa haya cumplido con el estándar de “debida diligencia” en materia de derechos humanos.

A continuación reproducimos la versión amplia de Mar Pérez, publicada por el Instituto de Defensa Legal (IDL):

Pluspetrol, defensores y debida diligencia

Por Mar Pérez*

IDL, 4 de diciembre, 2020.- Por estos días se viene construyendo en el Perú el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Aunque el instrumento ha despertado muchas expectativas y el apoyo decidido de la cooperación internacional, en otros países del mundo los resultados han sido decepcionantes. Por ejemplo, en México el movimiento de derechos humanos decidió retirarse del proceso por considerar que el plan estaba siendo empleado para mejorar la imagen de las empresas y el gobierno, pero que no existía una real voluntad de generar cambios (i).

Conocedoras de estos antecedentes, las organizaciones de la sociedad civil peruana resolvimos involucrarnos en el proceso del PNA después de un intenso debate interno. La decisión fue aportar con propuestas y participar en los espacios de discusión públicos para aprovechar esta ventana de oportunidad, aunque atentas a no ser instrumentalizadas en la validación de un proceso  meramente cosmético. 

Uno de los focos de especial atención en el PNA es la situación de las personas defensoras de derechos humanos. No en vano el Perú es considerado por la organización Global Witness como uno de los países más peligrosos a nivel mundial para la defensa de los derechos humanos (ii). Solo durante la pandemia 5 defensores de los derechos humanos han sido asesinados (iii). Y en esta situación las empresas tienen una responsabilidad notable, en particular los sectores llamados “consumidores de tierras” como la minería, el petróleo, los desarrollos inmobiliarios o la agroindustria (iv). De acuerdo al Bussines and Human Rights Center  más del 50% de los asesinatos de defensores en Perú se dieron en el ámbito de influencia de las empresas formales,  y más del  50% de los asesinatos afectaron a defensores que promovían los derechos humanos en el sector minero (v).

Si queremos que el PNA sea una herramienta para transformar esta realidad, necesitamos analizar las dinámicas que están tras la violencia contra las personas defensoras en el ámbito de influencia de las empresas.  Hay casos extremos como el de la recordada defensora hondureña Berta Cáceres, donde sencillamente la empresa contrató asesinos a sueldo para sacarla de su camino. Pero existen formas más sutiles de propiciar la violencia.

La comunidad nativa la Petrolera queda dentro del Lote 8, operado por Pluspetrol en Loreto, y ha vivido en carne propia la violencia. El 17 de abril del 2019 sufrieron una emboscada con armas de fuego que acabó con la vida del monitor ambiental Cristian Java Ríos (22). El apu de la comunidad Robles Pisco Torres y otros cuatro comuneros uranina resultaron gravemente lesionados y tuvieron que ser evacuados con el apoyo de Pluspetrol. Pero, ¿cómo se llegó a esta terrible situación?

Dos años atrás la asamblea comunal expulsó a un grupo familiar por considerar que estaban negociando con la empresa para su propio beneficio. Estas personas se asentaron en un sector de la Comunidad, y comenzaron a recibir a foráneos. Desde su enclave, los expulsados se dedicaban a amedrentar a los comuneros con armas de fuego, impidiéndoles circular libremente por su propio territorio y talando de manera indiscriminada los bosques. La Comunidad denunció la situación ante la Fiscalía de Nauta, pero no hubo  respuesta de las autoridades.

Estas personas habían sido expulsadas por la Comunidad la Petrolera y hostilizaban permanentemente a los comuneros.  Pese a ello, la  Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca- ACODECOSPAT  y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente- ORPIO han denunciado que  Pluspetrol los reconocía como interlocutores y beneficiarios de sus programas de responsabilidad social (vi). La empresa exigió que la Comunidad llegara a un acuerdo con sus agresores para remediar un derrame (vii). Pluspetrol llegó al extremo de referirse a estas personas como si constituyeran una comunidad llamada “Petrolera Nueva” (viii), algo legalmente imposible por encontrarse sobre el territorio titulado e inscrito en registros públicos de una verdadera comunidad (ix).

La empresa Pluspetrol afirma que  en sus operaciones siempre ha buscado mantener la “coexistencia social” (x). Ciertamente no hay ninguna evidencia de que buscaran deliberadamente  perjudicar a la  Comunidad la Petrolera, y  es posible que en este caso su único propósito fuera evitarse conflictos con la población. Finalmente, esto es una circunstancia que a través de una actuación prolija podrá esclarecer la Fiscalía que está investigando el asesinato del defensor Cristian Java.

Pero lo que está en discusión no son las intenciones de Pluspetrol, sino su contribución en una cadena de eventos que acabó generando el asesinato de un defensor indígena. Si, tal como sostiene ACODECOSPAT,  la empresa reconoció como interlocutores a los agresores de la  Comunidad la Petrolera, si como  indican los documentos que acompañamos llegaron al punto de atribuirles indebidamente el estatus de comunidad, difícilmente se puede sostener que la empresa cumplió con el estándar de debida diligencia en materia de derechos humanos.

De acuerdo con el principio de debida diligencia la empresa Pluspetrol debió prevenir los impactos de estas acciones sobre los derechos de la comunidad la Petrolera y los defensores indígenas. A nivel internacional el Relator de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos alertó en su informe 2017 enfocado en la actividad empresarial sobre los graves  impactos que tienen las acciones de desarticulación de los esfuerzos colectivos o “estrategias de divide y vencerás”, sobre todo en el caso de los defensores indígenas (xi).

Pero lo que está en discusión no son las intenciones de Pluspetrol, sino su contribución en una cadena de eventos que acabó generando el asesinato de un defensor indígena. Si, tal como sostiene ACODECOSPAT,  la empresa reconoció como interlocutores a los agresores de la  Comunidad la Petrolera, si como  indican los documentos que acompañamos llegaron al punto de atribuirles indebidamente el estatus de comunidad, difícilmente se puede sostener que la empresa cumplió con el estándar de debida diligencia en materia de derechos humanos.

En nuestro medio, la asociación entre paralelismo organizativo y violencia contra los defensores es una dinámica ampliamente documentada. Por ejemplo, la Federación Nacional de Trabajadores en la Construcción Civil del Perú ha denunciado (xii) como la avalancha de asesinatos de líderes sindicales de los últimos 10 años ha coincidido con el registro indiscriminado de supuestos sindicatos que comenzó durante el segundo gobierno de Alan García. El pasado mes de febrero, los pueblos indígenas awajun y wampis se movilizaron masivamente para exigir la anulación del reconocimiento otorgado por el gobierno regional de Amazonas a dos pseudo comunidades integrada por personas dedicadas a la minería ilegal en la Cordillera del Cóndor. Al día siguiente de que se lograra el objetivo de las protestas, se encontró el cuerpo sin vida del líder awajun Amarico Santiak, con evidentes signos de tortura (xiii).  De la misma forma,  en el 2018 las organizaciones sociales en el ámbito de influencia del proyecto minero Río Blanco en la sierra de Piura, han denunciado que la empresa viene promoviendo la creación de organizaciones sociales y la infiltración de organizaciones en la zona (xiv). El presidente de la central única de ronda campesinas de Huancabamba en Piura, Isaac Huamán señala haber recibido amenazas por hacer pública esta denuncia (xv). Inclusive el pasado 30 de septiembre el defensor ambientalista Ismael Acha fue atacado con arma blanca en la Comunidad Campesina de Yanta por una mujer que era dirigente de la Comunidad pero que según la población ha sido cooptada por la empresa Minera Río Blanco Copper S.A. (xvi).

En definitiva, era previsible que en una situación de fraccionamiento de la Comunidad la Petrolera se produjera una escalada de violencia contra los defensores. En aplicación del principio de debida diligencia Pluspetrol del Norte debió abstenerse de reconocer como interlocutores a las personas expulsadas por la Comunidad, pues al hacerlo estaba en cierto modo dando el espaldarazo a estos actores, consagrando el paralelismo organizativo y propiciando la violencia.

Ahora que el daño ya está hecho el principio de debida diligencia impone nuevas obligaciones a Pluspetrol del Norte (xvii). La primera de ellas es realizar una revisión exhaustiva para identificar cuáles fueron las fallas en su proceso de decisión y mecanismos de supervisión, a fin de subsanarlas y evitar su repetición en el futuro. La empresa también debería informar a toda la sociedad sobre cuál fue la participación de las personas expulsadas por la Comunidad como beneficiarios en sus programas de responsabilidad social, y sobre  las conclusiones a las que arribe en  esta revisión.  En segundo lugar, la empresa tendría que colaborar con la justicia, entregando a la Fiscalía toda la información que pueda ser útil para el esclarecimiento de los hechos, como la relación de personas que integraban la pseudo comunidad Petrolera Nueva. Finalmente, Pluspetrol del Norte debería reparar a la Comunidad la Petrolera por  las graves afectaciones sufridas de manera proporcional a su contribución en las mismas.

Sirva todo lo dicho para precisar el alcance de algunas referencias a este caso durante un foro público organizado por el Ministerio de Justicia el pasado 19 de octubre, donde por lo acotado del tiempo de mi intervención no pude presentar todos los detalles que ahora menciono. Mis expresiones en ese espacio generaron la indignación del representante de la Sociedad Nacional de Energía Petróleo y Energía y son calificadas como difamatorias en una carta notarial que me ha remitido la empresa Pluspetrol del Norte.

A pesar de que el sector empresarial ha bloqueado la ratificación del acuerdo de Escazú, las organizaciones de derechos humanos mantenemos la expectativa en que nuestro Plan Nacional de Acción ayude a construir un país más  seguro para los defensores de derechos humanos. Esta aspiración será inviable si no se permite, aunque pueda resultar incómoda, una revisión genuina de cuáles son las prácticas empresariales vinculadas a la violencia contra las personas defensoras en el Perú. Recordemos que hay diferentes formas en las que las empresas pueden buscar acallar a las personas defensoras, formas más sutiles que pagar a unos sicarios. Precisamente la criminalización a través del uso abusivo del sistema de justicia es la forma de hostigamiento a los defensores más difundida en el Perú.

Referencias:

(i) Ver https://aida-americas.org/sites/default/files/publication/carta_osc_segob_0.pdf .

(ii) Ver Global Witness: El ambiente mortal de Perú. Disponible en https://www.globalwitness.org/documents/17866/peru_deadly_environment_es.pdf .

(iii) Se trata de  los defensores indígenas Arbildo Meléndez, Gonzalo Pío y Santiago Vega, el ambientalista Roberto Carlos Villanueva, y el sindicalista Jerson Noé Suárez.

(iv) Ver A/72/170 p. 15  disponible en https://undocs.org/es/A/72/170

(v) Ver https://www.business-humanrights.org/en/from-us/human-rights-defenders-database/ 

(vi) http://www.orpio.org.pe/?p=959 .

(vii) Según acta del 04 del 01 del 2019. Ver http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/1%20-%20Ficha%20Lote%208_enero%202019.pdf .

(viii) Así lo hace en el Informe Mantenimiento del Derecho de Vía Oleoductos: Chambira- Corrientes, Corrientes- Saramuro  Yananayacu-Saramuro de enero del 2018.

(ix) La Comunidad la Petrolera está reconocida mediante R.D. 244-96-CTAR-DRA y titulada mediante R.D.083-97-CTAR-DRA. Ver https://bdpi.cultura.gob.pe/index.php/buscador-de-localidades-de-pueblos-indigenas

(x) Así lo indican en la Carta notarial que me han remitido.

(xi) Ver A/72/170, párr. 20.

(xii) Ver podcast de audiencia  ante CIDH celebrada en abril del 2016, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=y4ygTnRPRRg .

(xiii) Ver https://www.servindi.org/actualidad-noticias/19/02/2020/hallan-muerto-awajun-tras-protestas-contra-invasion-minera

(xiv) Ver https://www.ocmal.org/piura-rondas-campesinas-se-pronuncian-frente-a-estrategias-de-rio-blanco-copper/ .

(xv) Ver https://www.ocmal.org/presidente-de-rondas-campesinas-en-piura-recibe-amenazas-tras-pronunciarse-contra-rio-blanco/ .

(xvi) Ver https://www.servindi.org/actualidad-noticias/01/10/2020/nuevo-intento-de-homicidio-contra-un-defensor-del-medioambiente .

(xvii) Ver REDESCA 2019, párr. 50.

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* Mar Pérez es abogada y responsable de la Unidad de Protección a Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

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Fuente: Publicado el 4 de diciembre de 2020 en el portal de Revista IDL: 
https://www.revistaideele.com/2020/12/04/pluspetrol-defensores-y-debida-diligencia/
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Comentarios

La verdad que las remedaciones están mal hechas porque el ANA. en el estudio de agua dejo en claro que no se realizo correcto y lo que es los suelos y especies forestales están mal efectuado los trabajos de remedaciones

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