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¿Por qué ninguna autoridad ha podido detener a Ocho Sur?

Foto: Diego Pérez/Oxfam.

Por operar ilegalmente y deforestar la Amazonía, las autoridades ordenaron en dos ocasiones, en los últimos cinco años, la paralización inmediata de las actividades de Plantaciones Pucallpa SAC. Sin embargo, la palmicultora que cambió su razón social a Ocho Sur desde 2016 y que opera en la región Ucayali, no detuvo sus labores ni siquiera con la llegada de la pandemia.

En junio de 2020, alertados por la falta de cuidados al personal, un equipo médico llegó a la empresa para testear a los trabajadores. El resultado: el 90% de los que pasaron por la prueba de COVID-19, dieron positivo. Esto le ha valido una serie de procesos administrativos y penales a la compañía, esta vez por el delito contra la salud pública y trabajo forzoso.

Casi una década después de que la empresa comprara muy convenientemente la tierra que invasores armados arrebataron –y continúan arrebatando– a la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya, esta vive en zozobra, con amenazas de muerte y cada vez menos bosque.

¿Por qué ninguna autoridad detiene a Ocho Sur? ¿Quiénes son los accionistas, clientes y proveedores que sostienen a una empresa que sólo ha traído violencia a las familias de Santa Clara de Uchunya? ¿Qué impide que las autoridades peruanas tomen medidas en favor de las familias de Santa Clara de Uchunya?

Operando sin certificación ambiental

Por Equipo de Investigación Servindi

Servindi, 18 de setiembre, 2020.- La empresa Plantaciones Pucallpa SAC, dedicada a la producción de palma aceitera, fue fundada por el empresario checo-estadounidense Dennis Melka, dueño del Grupo Melka, una red de empresas acusadas de deforestar más de 13 mil hectáreas de bosque en Loreto y Ucayali.

Sin contar con los permisos necesarios, la compañía inició sus actividades en 2013 tras adquirir tierras en el distrito de Nueva Requena (Ucayali) bajo modalidades cuestionables que incluirían el despojo de tierras a comunidades indígenas con la complicidad de autoridades del gobierno regional.

Desde el 2014, la comunidad Santa Clara de Uchunya, que colinda con las plantaciones de esta empresa, ha denunciado el arrebato de sus tierras y las constantes agresiones y hostigamientos por parte de trabajadores y traficantes de tierras ligados a la palmicultora.

El 2 de setiembre de 2015, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Ministerio de Agricultura (Minagri), ordenó la paralización inmediata de las actividades agrícolas intensivas de Plantaciones Pucallpa.

Pobladores de Santa Clara de Uchunya vienen denunciando desde el 2014 el arrebato de sus tierras ancestrales por parte de invasores. Los terrenos luego fueron convenientemente comprados por la empresa Plantaciones Pucallpa. Foto: IDL

Para entonces, las operaciones de la empresa abarcaban 6,845.43 hectáreas de un predio localizado en los caseríos Naranjal y Unión Progreso, en el distrito de Nueva Requena, provincia ucayalina de Coronel Portillo.

La medida preventiva se emitió luego de confirmarse que la empresa venía sembrando palma aceitera sin contar con certificación ambiental, un documento requerido por las autoridades para determinar los posibles impactos negativos que puede generar la actividad agrícola intensiva.

Además, se determinó que las tierras desboscadas por la empresa, 6,824.39 hectáreas (99.69% del total), no contaban con su estudio de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor, por lo que se desconocía si la actividad agrícola se venía realizando sobre los suelos apropiados.

La medida era el resultado de una denuncia presentada el 21 de agosto de ese año por los representantes de cinco pueblos indígenas, quienes indicaron que la empresa sembraba palma aceitera sin haber realizado antes los estudios de impacto ambiental.

Luego de una supervisión ambiental, realizada el 27 de agosto, y tras un análisis realizado por representantes de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA), esta versión pudo ser confirmada. Así se ordenó la paralización inmediata de las actividades de Plantaciones Pucallpa SAC, hasta que no presente y apruebe la Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor (CTCUM) del área correspondiente.

Resolución de la DGAAA del 2 de setiembre del 2015: ordena la paralización inmediata de las actividades de Plantaciones Pucallpa S.A.C.

La resolución, firmada por la entonces directora general de la DGAAA, Katherine Riquero Antúnez, también ordenaba que, en un plazo de hasta 90 días hábiles, la empresa remitiera la CTCUM.

En mayo de 2016, un fiscalizador del Minagri que se apersonó a la plantación con el objetivo de verificar el cumplimiento de la suspensión, constató —pese a que le negaron el acceso a la plantación— que la empresa continuaba irregularmente con sus operaciones, al encontrar en la zona a cerca de 60 trabajadores laborando con normalidad.

Por estos hechos —por impedir la acción fiscalizadora y por incumplir la orden de paralización— la DGAAA determinó el 25 de julio de 2016 la responsabilidad administrativa de la empresa y la sancionó con dos multas por un valor total de 125 UIT, medida que la empresa apeló mediante un recurso de reconsideración.

Mientras la apelación seguía su curso, la compañía presentó la CTCUM, que fue aprobada por la DGAAA el 15 de diciembre de 2016; por lo que, en mayo del 2017, la autoridad agraria del Minagri dispuso, a solicitud de la empresa, el levantamiento de la medida preventiva de paralización de actividades.

Sin embargo, esto no quitó que Plantaciones Pucallpa SAC sea sancionada por las dos infracciones antes cometidas. En agosto de 2019, la DGAAA respondió al recurso de reconsideración ratificando la responsabilidad de la empresa. La entidad solo accedió a reducir el monto de las multas impuestas.

Por estos hechos —por impedir la acción fiscalizadora y por incumplir la orden de paralización— la DGAAA determinó el 25 de julio de 2016 la responsabilidad administrativa de la empresa y la sancionó con dos multas por un valor total de 125 UIT.

Depredando la Amazonía

En abril de 2016, la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés), ordenó a Plantaciones Pucallpa SAC detener el desarrollo de nuevas plantaciones hasta que demostrara que no había destruido bosques primarios en Perú.

La medida se dio luego de que la comunidad Santa Clara de Uchunya denunciara ante la RSPO que la empresa estaba plantando palma en sus tierras ancestrales, violando las leyes peruanas y sus derechos como pueblos indígenas.

La RSPO es un organismo mundial que agrupa a instituciones interesadas en el sector de la palma aceitera y certifica que la producción y el comercio de este producto sean sostenibles y respetuosos de los derechos humanos.

Días después a esta decisión, Plantaciones Pucallpa SAC se cambió de razón social y pasó a llamarse Ocho Sur P. SAC. Ya en noviembre del 2016, días antes de que la RSPO emitiera su fallo final sobre este caso, la compañía decidió retirarse súbitamente del organismo.

En el 2017, el Poder Judicial ordenó a la palmicultora paralizar sus operaciones depredatorias. Foto: EIA

A pesar del cambio de nombre, la palmicultora continuó operando en las tierras arrebatadas a la comunidad Santa Clara de Uchunya hasta que, en diciembre de 2017, una medida judicial ordenó la suspensión inmediata de sus “actividades depredatorias de bosque y tala”.

Esta vez, la medida cautelar contra la empresa fue solicitada por la Procuraduría del Ministerio del Ambiente que, mediante un informe técnico, comprobó “la afectación real del bosque a consecuencia de actividades de deforestación y cambio de uso de suelo en áreas de la empresa”.

A partir de estos hechos y considerando los daños que las operaciones de esta empresa causaban sobre el medio ambiente, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la suspensión inmediata de actividades depredatorias de la empresa el 15 de diciembre de 2017.

Entre los impactos negativos que las operaciones de Plantaciones Pucallpa SAC causaban, según la resolución, se encontraron la degradación de suelos por mal planteamiento y/o uso inadecuado de maquinaria, y la contaminación de suelos y aguas por el uso de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos.

Poder Judicial ordena paralización de actividades depredatorias de Plantaciones Pucallpa el 15 de diciembre del 2017.

La medida de suspensión debía ser notificada a los trabajadores y demás personas que laboraban en la empresa, “a fin de que se abstengan de realizar cualquier tipo de actividad depredatorias de desbosque dentro de la región Ucayali”.

Asimismo, el juez dispuso la suspensión de actividad inmediata de los vehículos, instrumentos, maquinarias y personas que se encuentren en el lugar de operaciones, “a fin de evitar que con sus acciones se produzca lesión en el ambiente o recursos naturales”.

A pesar del cambio de nombre, la palmicultora continuó operando en las tierras arrebatadas a la comunidad Santa Clara de Uchunya hasta que, en diciembre de 2017, una medida judicial ordenó la suspensión inmediata de sus "actividades depredatorias de bosque y tala.

¿La empresa cumplió la medida? “Aquí hay un pequeño detalle. Hubo mucha confusión sobre qué cosa fue lo que decidió el juez en esa medida: si [Ocho Sur] dejaba de depredar o dejaba de operar como empresa”, explica el procurador público del Minam, Julio Guzmán Mendoza.

“Lo que esta medida dispone es el cese de actividades depredatorias, es decir, paralizar cualquier cosa que implique deforestación. En ese sentido, la medida pretendía proteger lo que no se había deforestado y eso es lo que hemos logrado”, agrega.

Según el procurador público, el nivel de crecimiento de deforestación en la zona luego de aprobarse la medida cautelar, ha sido reducido y “lo que finalmente se deforestó, no forma parte de la propiedad de la empresa”. Sin embargo, esto no quitaría que se investiguen estos hechos.

“Una primera teoría es que se habría incumplido esta medida y que ellos [Ocho Sur] habrían continuado [deforestando]; pero eso, tiene que ser materia de investigación todavía”, añade.

Lo que sí deja en claro Guzmán es que, para la Procuraduría del Minam, la ejecución de la medida no se da solo cuando un fiscal ingresa a la zona. “Nosotros lo tenemos monitoreado desde el punto de vista espacial con las imágenes georeferenciales”, sostiene.

Peligro contra la salud pública

Ocho Sur P. no paralizó sus actividades ni siquiera cuando la COVID-19 empezó a rondar por el Perú, en marzo de este año.

Peor aún, según los propios trabajadores de la compañía, que hablaron con el portal de investigación Convoca, la empresa empezó a aplicar las medidas de prevención en sus instalaciones recién desde el 15 de mayo, dos meses después de decretada la emergencia nacional.

Por eso, cuando el último 5 de junio las autoridades llegaron a la plantación de la empresa para realizar un testeo, por recomendación de la Defensoría del Pueblo, no sorprendió que 35 de los 39 trabajadores muestreados (90%) dieran positivo al COVID-19.

Este hecho motivó a que el 9 de junio un grupo de organizaciones de la sociedad civil decidiera presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra la empresa y su gerente general, Serge Georges Verhaert.

Trabajadores afirmaron que la empresa empezó a entregarles mascarillas recién el 15 de mayo. Foto: Facebook - Ocho Sur Comunidades. 

La Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau), la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa y el Instituto de Defensa Legal (IDL), denuncian que la empresa atentó contra las condiciones de seguridad y salud laboral de sus trabajadores, exponiéndolos a la propagación de enfermedades peligrosas como la COVID-19.

Mientras la denuncia sigue su proceso en la Fiscalía Penal Corporativa de Campo Verde, intentamos comunicarnos con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), para conocer si han adoptado alguna acción que pueda garantizar las condiciones de trabajo del personal de la empresa. Al cierre de esta nota, no obtuvimos información al respecto.

Por eso, cuando el último 5 de junio las autoridades llegaron a la plantación de la empresa para realizar un testeo, por recomendación de la Defensoría del Pueblo, no sorprendió que 35 de los 39 trabajadores muestreados (90%) dieron positivo al COVID-19.

Por otro lado, en respuesta a unas preguntas hechas por Servindi, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que, entre el 2016 y 2019, iniciaron acciones de supervisión contra la empresa Ocho Sur P. que derivaron en tres informes de supervisión.

En esa línea, señalaron que la supervisión iniciada el 29 de noviembre de 2019, la última de ellas, concluyó recomendando el inicio de un expediente sancionador contra la empresa por presuntos incumplimientos a la normativa ambiental.

“Al respecto, el procedimiento sancionador ya se ha iniciado y la autoridad de primera instancia determinará la responsabilidad y aplicará las medidas que considere pertinente”, indicaron.

Además, el OEFA sostuvo que vienen evaluando realizar acciones de supervisión en la unidad fiscalizable (Fundo Tibecocha) de la empresa Ocho Sur P., con la finalidad de verificar el cumplimiento de sus obligaciones ambientales.

Cabe señalar también que, en agosto de este año, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del Minagri, rechazó por segunda vez y de forma definitiva el Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA) solicitado por Ocho Sur P.

Con esta certificación ambiental, la compañía esperaba convalidar sus actividades agroindustriales de siembra y cosecha de palma aceitera sobre tierras que antes les fueron arrebatadas a la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya.

Sin embargo, la DGAAA, rechazó la propuesta al considerar que la empresa inició sus actividades el 2013, deforestando a gran escala y sin contar con la autorización de cambio de uso del suelo, como lo exige la Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

La deforestación a gran escala y no en forma progresiva, fue corroborada con evidencia satelital e información de otras entidades públicas. Ahora se espera que las autoridades competentes inicien los procedimientos de sanción y reparación contra la empresa.

Autoridades llegan a la comunidad ante denuncias por invasión y usurpación, pero pobladores manifiestan su malestar porque hasta el momento no encuentran una solución. Foto: Feconau

Y Ocho Sur siguió deforestando…

Sobre el cierre de este reportaje, Servindi pudo conocer que la Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente (Minam), ha vuelto a requerir al Poder Judicial, a través de una solicitud de medidas cautelares, la suspensión inmediata de las actividades depredatorias de la empresa Ocho Sur P.

En la nueva solicitud, la procuraduría identifica cómo las actividades de la compañía continuan incrementando la deforestación en Nueva Requena, dentro del territorio de la comunidad Santa Clara de Uchunya.

Este medio también intentó comunicarse con los representantes de la compañía Ocho Sur P para abordar los hechos vertidos en este reportaje; pero al cierre de esta nota, no obtuvimos una respuesta.

¿Podrán detener realmente a Ocho Sur P. esta vez? No deja de llamar la atención que una empresa sancionada por incumplir una orden de paralización de actividades y resistirse a la acción fiscalizadora, además de ser investigada por deforestación y operar sobre terrenos arrebatados a una comunidad ancestral, haya continuado con sus operaciones en la Amazonía, incluso durante la pandemia.

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Comentarios

Es increíble lo permisibles que son las autoridades con esta empresa cuyas actividades lindan con lo delincuencial debido a los métodos usados para obtener, mantener y ampliar la propiedad de tierras que pertenecen a una Comunidad sin la autorización de ésta. Obliga a pensar que cuando los perpetradores de delitos no son políticos, o empresas mineras que los van a hacer salir en los medios (TV, Prensa Escrita), los fiscales no tienen interés en actuar con energía. En cuanto al Procurador del MINAM; por qué solo pide detener acciones depredatorias en vez de pedir suspensión de operaciones, como lo harían con cualquier minera y como se hizo hasta con el Oleoducto Nor peruano? Mientras la empresa continúe operando, no le importarán las multas o solicitudes de adecuación ambiental pues siempre podrá judicializarlas y manejar los juicios a su conveniencia.

La procuraduria pidio la suspension de las operaciones del Oleoducto Nor peruano??? No inventemos por favor.

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