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Radiografía del BCP: el banco del perverso Grupo Romero

El Grupo Romero, dueño del Banco de Crédito del Perú (BCP), expuesto en una radiografía que recoge sus actuaciones más perversas en las tres últimas décadas: desde la avioneta que cedieron a Montesinos para su fuga, hasta sus recientes infracciones vinculadas a deficiencias en la prevención de lavado de dinero.

Servindi, 21 de agosto, 2020.- En medio de las denuncias por el abuso desplegado por los bancos al reprogramar o congelar la deuda de sus clientes, hay una noticia que ha pasado desapercibida.

Hace unos días, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores de Fondos de Pensiones (SBS) estableció que el Banco de Crédito del Perú (BCP) presentó deficiencias antilavado durante las últimas dos campañas presidenciales.

En esta nota, además de este último episodio turbio del BCP, repasamos todas las veces, al menos conocidas, que los dueños de este banco (el Grupo Romero), se vieron involucrados en revuelos marcados por aires de corrupción.

Empecemos por el capítulo más reciente.

Deficiencias antilavado

La SBS acaba de establecer que el BCP cometió cuatro infracciones vinculadas a deficiencias en la prevención del lavado de dinero y en el registro de operaciones bancarias dadas durante las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

Los hallazgos forman parte de un proceso sancionador administrativo iniciado este mes por la SBS contra el banco del Grupo Romero, según informó OjoPúblico en una nota publicada el 14 de agosto.

De acuerdo a la SBS, durante las últimas dos campañas presidenciales, el BCP emitió alertas antilavado basados en análisis que carecían de “constancia documental”.

Asimismo, entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019, omitió y cometió errores en “el registro de algunas operaciones”, no conservó de manera “precisa y completa” dicho registro y presentó deficiencias “en el registro contable de operaciones de terceros”.

Además del BCP, la investigación iniciada por la SBS incluye a Pacífico Seguros y Mibanco, empresas que también pertenecen al Grupo Credicorp de la familia peruana Romero.
 

SBS inició proceso sancionador contra tres empresas del Grupo Romero (BCP, Mibanco y Pacífico Seguros) por aportes a campañas presidenciales / Composición: La República - Fabrizio Oviedo

La apertura de esta investigación se basa en las conclusiones del Grupo de Trabajo Ad Hoc, creado por la SBS en noviembre de 2019 para “investigar y evaluar” el rol del BCP y las otras dos subsidiarias del Grupo Credicorp en “los aportes efectuados a campañas electorales presidenciales”.

Como se recuerda, aquel mes, Dionisio Romero Paoletti, entonces director del BCP, reveló a la Fiscalía que aportó US$3,65 millones a la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

Los aportes se habían realizado mediante tres subsidiarias del Grupo Credicorp: BCP, Mibanco y Pacífico Seguros y nunca fueron reportados a los órganos electorales.

Aportes ocultos

La revelación de Romero Paoletti, representante de la cuarta generación del Grupo Romero, se dio la mañana del 18 de noviembre de 2019.

Ese día, sentado y presto para declarar ante el fiscal José Domingo Pérez, el empresario, presidente además del directorio de Credicorp y del Grupo Romero, confesó.

Dijo que —mediante la empresa Credicorp Ltd.— había aportado 3 millones 650,000 dólares para financiar la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.

Romero detalló que “sacaba el dinero en sobres de manila” y realizaba los pagos “en maletines” durante reuniones donde estaba presente Keiko Fujimori.
 

Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, ocultó los aportes del Grupo Romero a su campaña presidencial en los años 2011 y 2016 / Composición: Convoca.pe

En una carta dirigida a sus colaboradores la tarde de ese mismo día, el presidente ejecutivo de Credicorp dijo que sus aportes se basaron “en el contexto de la amenaza del chavismo”, en clara alusión al entonces candidato, Ollanta Humala.

Lo cierto es que ese no fue el único aporte. Romero Paoletti también reveló que, durante 2016, apoyó a Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, por ser las “dos candidaturas que promovían el modelo de desarrollo económico y social en el cual creemos”.

"Así en tres subsidiarias de Credicorp Ltd. y la propia familia de Romero aportamos en total alrededor de 650 mil dólares a las campañas de Fuerza Popular y Peruanos Por el Kambio, en diferentes momentos de la primera y segunda vuelta de las elecciones", señaló aquel día.

En total, US$4’250,000 donados por el Grupo Romero a las campañas de Fujimori y Kuczysnki.

Pero esto no acabó aquí. Las indagaciones del portal periodístico Convoca.pe revelaron que solo el 5% de todo el dinero donado había sido declarado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Mientras que Peruanos por el Kambio, de Kucyznski, reportó un total de 711 mil soles en aportes de las tres subsidiarias de Credicorp; Fuerza Popular de Fujimori, no reportó ninguno de los aportes que había recibido de este grupo.

Pero, ¿fue esa la primera vez que los Romero se vieron involucrados con los Fujimori en hechos poco transparentes? La respuesta es: no.

Reuniones en el SIN

La buena relación entre los Romero y los Fujimori data, por lo menos, de la década de los años 90’, cuando Alberto Fujimori gobernaba de la mano de su oscuro y tenebroso asesor Vladimiro Montesinos.

Fue entre los años 1996 y 1999, que Dionisio Romero Seminario –el padre de Romero Paoletti–, visitó hasta en cinco ocasiones el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) para conversar con Montesinos.

El historiador peruano Alfonso Quiroz Norris, autor del célebre libro “Historia de la corrupción en el Perú”, lo recuerda así:

El jefe del grupo económico más importante del país, Dionisio Romero, tuvo reuniones secretas con Montesinos, en una de las cuales altos mandos militares, policiales y navales estuvieron presentes. En esa reunión, Romero accedió a una entrevista periodística favorable a la relección de Fujimori que fue publicada poco después.

Quiroz hace referencia al encuentro que sostuvieron Romero y Montesinos el 14 de junio de 1999, en la que este último le solicita una declaración pública a favor de Fujimori, quien aspiraba a su segunda relección. La entrevista aparecería publicada en el diario Expreso el 23 de junio.

Una semana después, el 22 de junio, Romero volvería a la salita del SIN, esta vez para conversar con Montesinos sobre la situación del grupo empresarial Hayduk.
 

 

Los propietarios de este grupo habían sido involucrados en un proceso por narcotráfico, debido a los 353 kilos de droga que se encontró camuflada en harina de pescado propiedad de la empresa Hayduk de Eudocio Martínez “Olluquito”.

La noticia alarmó a los Romero, que a través del BCP y otros bancos, le habían prestado dinero al empresario por una suma que ascendía a unos 80 millones de dólares.

Fue así que Romero le planteó a Montesinos separar a la empresa de la situación legal de los propietarios, y le propuso, en su lugar, introducir a cuatro administradores judiciales en la empresa.

La empresa naviera y pesquera, según Quiroz, sería confiscada y luego absorbida por el grupo Romero.

En aquella reunión, Romero también le solicitó a Montesinos una disminución del arancel del trigo, argumentando que sería “conveniente para bajar el precio del pan” y afrontar con éxito las elecciones.

La ayuda en la fuga de Montesinos

La relación, como se denota, marchó bien durante el régimen fujimorista, algo que tal vez explique por qué en setiembre del 2000, cuando Montesinos planeaba su fuga, Dionisio Romero le cedió una de sus avionetas para que escapara.

El 14 de setiembre de aquel año, había salido a la luz el primer “Vladivideo”, prueba fidedigna de la corrupción del gobierno fujimorista. Ocho días después, Romero recibió una llamada que él relató así, según informó La República:

El 22 de setiembre del año pasado un funcionario del Ministerio de Economía, a quien yo no conocía, me llama y solicita que ponga a disposición del gobierno mi avioneta. Esta petición se produce a instancias del ministro de Economía de entonces, Carlos Boloña, y con conocimiento del presidente de la República.

Romero accedió al pedido alquilando la avioneta de su empresa Aerotransporte (ATSA) y el vuelo se realizó el 24 de setiembre, llevando a Montesinos, su pareja Jaqueline Beltrán y al técnico del SIN, Manuel Túllume Gonzales, a Panamá.

Según el empresario, el costo del alquiler de la avioneta fue de 27,118 dólares más impuestos, que canceló Túllume.

Años más tarde, en un reportaje de Cuarto Poder en el 2009, Dionisio Romero dijo que sabía que darle la avioneta a Montesinos, “era un riesgo, pero estaba seguro que estaba haciendo una cosa bien, porque era importante para el gobierno”.

 

Solo tres infracciones en casi 20 años

La “buena suerte” de los Romero no parece estar relacionada solo con la política; sino también con la débil regulación del sistema financiero en el Perú.

En julio de este año, OjoPúblico reveló que, en casi dos décadas, la SBS ha impuesto solo 15 multas y dos amonestaciones contra diez bancos por cometer infracciones graves, en su mayoría, de las normas antilavado.

Las 15 multas por un monto total de S/1,5 millones (US$530 mil), se dieron entre 2002 y el 4 de febrero de 2020 contra el Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA Perú, Scotiabank, Interbank y otras seis entidades.

Tres de las 15 multas fueron contra el BCP por S/196 mil: por no implementar adecuadamente el manual de prevención del lavado de dinero; omitir el reporte de alrededor de 300 operaciones que superaron los US$10 mil; y no verificar si sus sucursales en el exterior cumplían las normas antilavado.
 

En casi dos décadas, la SBS solo ha impuesto 15 multas contra bancos en el Perú, tres de ellas, dirigidas al BCP / Foto: Andina

Llama la atención, sin embargo, que las multas impuestas por la SBS contra los bancos en el Perú en casi dos décadas, son irrisorias en comparación con las que aplica el ente supervisor bancario de Costa Rica, por citar un ejemplo.

Allí, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el equivalente a la SBS en Lima, multó con US$2 millones a la filial de Scotiabank en ese país por incumplir normas antilavado.

Así como se lee: en Costa Rica, la Sugef multó con US$2 millones a un banco en un solo caso; mientras que, en Lima, se han impuesto 15 multas por US$530 mil en casi veinte años.

Con estos antecedentes, ahora tal vez se entienda porque los Romero se sienten tan seguros de financiar, por lo bajo, la campaña presidencial que les plazca y porque, ni en medio de una pandemia, pueden dejar de abusar de los clientes de sus bancos.

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