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Nicaragua: la masacre de Alal es solo la punta del iceberg

Restos de un asentamiento indígena de la comunidad Alal en Nicaragua atacado la semana pasada por hombres armados. Foto cortesía de la comunidad.

Los pueblos indígenas de Nicaragua enfrentan una grave situación. Recientemente, los indígenas Mayangna en la comunidad de Alal sufrieron una masacre protagonizada por 80 hombres de la banda Kucalón. Según autoridades indígenas de Mayangna, el ataque habría dejado 6 hombres asesinados, 10 desaparecidos, 16 viviendas y la ermita quemadas, y el ganado exterminado.

En la última década dichos pueblos han sufrido la violencia de colonos, la deforestación causada por la empresa Alba-Forestal, la expansión de monocultivos, la ganadería expansiva, etc.

Sin duda, los indígenas de Nicaragua no tienen de justicia, ya que los culpables gozan de impunidad. Una política pública de protección integral a estos pueblos sería lo más inmediato ante un Estado que hasta el momento ha sido indolente para unos, y cómplice para otros. 

Por María Luisa Acosta*

Debates Indígenas, 11 de febrero, 2020.- Ubicada en la Reserva de la Biósfera de Bosawás, en la comunidad de Alal viven 800 indígenas Mayangna. La población fue atacada por un grupo de colonos armados y los sobrevivientes debieron huir. La masacre se suma a una práctica que lleva más de 10 años y que solo puede ser explicada por contar con la complicidad del Gobierno de Nicaragua, la policía y los medios de comunicación dirigidos por la Vicepresidenta de la República y cuatro de sus hijos.

En la mañana el 30 de enero, líderes y autoridades del pueblo indígena Mayangna informaron a través de las redes sociales que 80 hombres de la banda Kucalón, dirigida por Isabel “Chavelo” Meneses Padilla, habían atacado a la comunidad de Alal con armas de guerra.

El ataque había dejado a 6 hombres asesinados, 10 desaparecidos, 16 viviendas y la ermita quemadas, y el ganado exterminado.

El ataque había dejado a 6 hombres asesinados, 10 desaparecidos, 16 viviendas y la ermita quemadas, y el ganado exterminado.

Si bien esta no es la primera ni la más grave de las matanzas ocurridas, a diferencia de hechos anteriores, esta es la primera vez que se da a conocer por las redes sociales, casi en tiempo real.

De este modo, la masacre generó una rápida indignación de los medios de comunicación independiente, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, la CIDH, la OACNUDH y el Secretario General de la OEA.

Los cadáveres de la masacre de Alal transportados por otros miembros de la comunidad. Foto: Debates Indígenas

Al día siguiente del ataque, los medios de comunicación pro-gobierno publicaban declaraciones de funcionarios públicos de origen indígena minimizando la gravedad de la masacre de Alal.

Sin embargo, las redes sociales estaban inundadas de fotografías y declaraciones sobre la matanza que continuaban enviando las autoridades indígenas. Además, entre el 30 de enero y el 1 de febrero de 2020, la Policía Nacional emitió tres comunicados de prensa contradictorios.

En el primero reconocía dos personas muertas por impacto de bala en el área de Bonanza, pero sin mencionar el ataque armado a la Comunidad de Alal; al día siguiente, la Policía negó los asesinatos en la comunidad a pesar que los comunitarios informaron haber encontrado y sepultado a dos de los indígenas asesinados; y al tercer día, ante el repudio social, la Policía aceptó haber encontrado cuatro cadáveres junto al río.

Cabe destacar, que esta es la primera vez que la Policía Nacional hace presencia y realiza algún tipo de investigación en el terreno después de un ataque, ya que en ocasiones anteriores también se había negado a recibir las denuncias de los comunitarios, por lo que ninguna persona había sido juzgada y condenada por estos ataques.

La actitud de la Policía llama especialmente la atención porque un despliegue de 80 hombres armados en una reserva como la de Bosawás no es fácil de ocultar.

Los defensores de derechos humanos han señalado la necesaria complicidad de las autoridades.

Por esta razón los defensores de derechos humanos han señalado la necesaria complicidad de las autoridades, considerando que el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua (cuya función es proteger la reserva) no se percató de la presencia de la banda Kucalón ni de los ataques.

Una práctica sistemática

A pesar que Bosawás fue declarada Reserva de la Biósfera por la UNESCO y es el pulmón más grande de Centroamérica (y el segundo después del Amazonas), la costa Caribe de Nicaragua sufre una agresiva colonización: entre 1983 y 2011 se acabó con casi el 40% de la cobertura forestal, a una tasa de 400 kilómetros cuadrados anuales.

A partir de la insurrección popular iniciada el 18 de abril de 2018, los líderes comunitarios informaron que el Ejército y la Policía Nacional llegaron a las comunidades de Bosawás a decomisarles sus armas, la mayoría de ellas usadas para la caza.

Hace más de una década que se están perpetrando ataques sistemáticos y reiterados contra los indígenas Mayagna y Miskitu ubicados en la costa Caribe Norte.

Hace más de una década que se están perpetrando ataques sistemáticos y reiterados contra los indígenas Mayagna y Miskitu ubicados en la costa Caribe Norte, ocasionando que comunidades enteras hayan sido desplazadas hacia poblados cercanos e incluso hasta Honduras, Costa Rica y Panamá.

Detrás del despojo de las tierras indígenas, los colonos destruyen el bosque y las fuentes de agua. Sus ataques siempre han quedado en la impunidad.

Ya en 2017, el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) que trabaja con estas comunidades indígenas, informó que, desde 2012, el conflicto por la tierra había dejado a 32 indígenas Mískitu muertos y 66 desaparecidos o heridos.

Recientemente, ha denunciado una seria inseguridad alimentaria entre los indígenas privados de sus tierras y un inminente etnocidio por el exterminio que están sufriendo.

Estado nicaragüense tendría otros planes para las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe.

La razón de los ataques parece radicar en que el Estado nicaragüense tiene otros planes para las tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe.

Asimismo, en la última década la relación entre estos pueblos con su medio ambiente ha sido fuertemente menoscabada por la violencia de los colonos, la deforestación causada por la explotación forestal realizada por la empresa Alba-Forestal, la expansión del monocultivo de la Palma Africana (Elaeis guineensis), el avance de la frontera agrícola y la ganadería extensiva; el incremento de la actividad minera a través de la aprobación de la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS) y el simple anuncio de la concesión del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua.

A raíz del inminente peligro de sufrir graves e irreparables daños, entre 2015 y 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó varias medidas cautelares, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sancionó medidas provisionales en favor de alrededor de una docena de comunidades indígenas de la costa Caribe.

Al mismo tiempo, han demandado al Estado de Nicaragua a prevenir, investigar y sancionar a los culpables de estos ataques. Sin embargo, el Estado de Nicaragua se encuentra en desacato, al omitir el cumplimiento de tales medidas y negar que los ataques estén ocurriendo.

En la foto viviendas de Alal destruidas por el fuego durante el ataque de los colonos. Foto: Debates Indígenas

Un futuro oscuro

En un comunicado firmado el 30 de enero, la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) pidió a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas pronunciarse y monitorear la situación de estos pueblos.

Asimismo, le exigió al Estado de Nicaragua acatar las medidas prescritas por la CIDH y la Corte IDH, iniciar el proceso de saneamiento de sus territorios titulados y cumplir con su obligación de proteger sin discriminación alguna a estos pueblos.

APIAN exige una investigación exhaustiva, profesional y seria sobre la matanza de la comunidad indígena Mayangna de Alal.

El lunes 3 de febrero líderes indígenas pidieron nuevamente protección a las autoridades nicaragüenses ante el reporte de recientes amenazas.

Sin embargo, a menos de una semana del ataque a Alal, el lunes 3 de febrero líderes indígenas pidieron nuevamente protección a las autoridades nicaragüenses ante el reporte de recientes amenazas de invasión por parte de los colonos armados.

Esta vez, las denuncias se registraron en la comunidad Mayangna de Suniwas, generando el desplazamiento en horas de la noche de más de 100 indígenas, incluyendo ancianos, mujeres y niños.

Sin duda, la gravedad de la situación que enfrentan actualmente los pueblos indígenas de Nicaragua ha sido generada por la impunidad de la que gozan los perpetradores de tales crímenes; por lo que una política pública de protección integral a la seguridad física de los indígenas y de sus territorios, por medio de un protocolo especial de respuesta temprana ante las amenazas y de protección reforzada, sería lo pertinente ante un Estado que hasta este momento ha sido indolente para unos, y cómplice para otros.

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*María Luisa Acosta es Doctora en Derecho, Presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua y actualmente es la coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).

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Fuente: Publicado el 8 de febrero de 2020 en Debates Indígenas: http://www.debatesindigenas.org/26-la-masacre-de-alal.html

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