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Consúltame de verdad: informe crítico a 7 años de la Ley de Consulta

Imagen: CooperAcción

Comparten investigación: Consúltame de verdad. Aproximación a un balance sobre la consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero, elaborado por Ana Leyva, de la asociación CooperAcción. A continuación una nota informativa.

Consúltame de verdad: informe hace balance crítico a siete años de la Ley de Consulta Previa

Cooperacción, 4 de julio, 2018.- Siete años han pasado desde la aprobación de la histórica Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios. Como se recuerda, dicha Ley fue producto de la lucha indígena por el cumplimiento efectivo de este derecho, que seguía siendo ignorado por los sucesivos gobiernos pese a que se encuentra reconocido en el país desde que el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1994.

Siete años han pasado desde la aprobación de la histórica Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios. Como se recuerda, dicha Ley fue producto de la lucha indígena por el cumplimiento efectivo de este derecho, que seguía siendo ignorado por los sucesivos gobiernos pese a que se encuentra reconocido en el país desde que el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1994.

¿Qué se ha avanzado en estos años? ¿Esta Ley, pionera en el mundo, ha logrado garantizar realmente el cumplimiento efectivo del derecho de consulta a los pueblos indígenas? Un reciente informe de CooperAcción y Oxfam muestra que no, pues en la mayoría de casos la consulta ha sido reducida a un mero trámite adicional, y en el caso de las actividades extractivas se someten a consulta decisiones administrativas menores en las etapas finales del proceso, cuando casi no queda nada sustantivo por decidir.

La investigación, realizada por Ana Leyva –directora de CooperAcción- analiza 38 procesos de consulta realizados en sectores como Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Ambiente, Educación, Salud y Agricultura.

El grueso de las consultas realizadas (25 de ellas) tiene que ver con proyectos extractivos, de los cuales 13 han estado referidos a hidrocarburos y 12 a minería. Un primer problema identificado tiene que ver con la decisión sobre qué se consulta. “La realización de un proyecto extractivo implica una cadena numerosa de decisiones que se realiza en etapas. Entre tales decisiones, el Minem ha definido qué se consulta y qué no, sin haber solicitado para ello la opinión de los pueblos indígenas”, señala el informe.

Además, señala que “el mayor problema ha sido la asimetría de los actores, lo que dificulta la participación y está relacionado con temas logísticos, falta de información o de asesoría”, entre otros elementos.

La investigación también muestra las deficiencias en la información previa provista por el Estado, así como en los plazos y tiempos para el cumplimiento de las diversas etapas de información, evaluación interna y diálogo intercultural.

Por otro lado, dadas todas estas deficiencias, los acuerdos alcanzados al finalizar el proceso son, en la mayoría de casos, de tipo general y se refieren a obligaciones que ya tiene el Estado al margen del proceso de consulta. Por ejemplo, algunos de los acuerdos son que “se respete el medio ambiente”, “que la empresa cumpla con sus compromisos”, “que el Estado cumpla con fiscalizar”, entre otros. “Creemos que la consulta previa en minería, tal como ha sido diseñada, conduce inexorablemente a este resultado”, concluye la investigación.

Entre sus recomendaciones, se plantea que las medidas a ser consultada deben ser definidas en diálogo con los pueblos indígenas, se proponen cambios en la metodología y la necesidad de garantizar asesoría técnica para las etapas informativas, de evaluación interna y de diálogo, entre otros planteamientos. Ello debería llevar a modificar las normas reglamentarias emitidas por el Gobierno que regulan la consulta previa, especialmente en actividades extractivas.

Acceda a la publicación completa haciendo clic en el siguiente enlace.

- "Consúltame de verdad. Aproximación a un balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero" (Versión PDF, español, 78 páginas)

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Fuente: CooperAcción: http://cooperaccion.org.pe/consultame-de-verdad-informe-hace-balance-critico-a-siete-anos-de-la-ley-de-consulta-previa/
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Los derechos humanos indígenas y tribales no son limitados ni circunscritos por el Convenio 169 de la OIT. Aún que no es necesario para sostener esto, el artículo 3.2 del mismo Convenio 169 PROHÍBE que derechos y libertades con fuentes afuera del Convenio sean desaplicados. Por ende, cuando se habla del CONSENTIMIENTO, corresponde aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y la más extensa jurisprudencia más extenso en el mundo sobre el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta jurisprudencia es obligatoria para todos los Poderes Públicos del Perú, en base de artículo 55, y la Cuarta Disposición Transitoria y Final de la Constitución de 1993 y el Tribunal Constitucional en una decena de sentencias. La jurisprudencia interamericana tiene una amplísima lista de ocasiones en donde el Consentimiento o No-Consentimiento de los pueblos es JURÍDICAMENTE VINCULANTE Y FINAL con respecto a la procedencia o no del proyecto en consideración. ¿Cómo es posible que esta rica fuente de normas en defensa fuerte de los territorios y pueblos indígenas sea ignorada y desaplicada por los mismos defensores de los pueblos indígenas? ¿En quién puede confiar ellos? ¿Es la causa miedo del estado, conveniencia, o desconocimiento? ¿ O deseos de financieros extranjeros que intrometen en esta materia? Este libro de Cooperacción NO MENCIONA LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS NI UNA SOLA VEZ, acabando al inicio con el goce y ejercicio de derechos humanos indígenas. La Corte Interamericana es boicoteada por Cooperacción, ocultando derechos humanos indígenas a quedarse libre de construcción en sus territorios si así lo desean en todo una abanico de casos comunes y corrientes. Por un sole ejemplo, a todo pueblo indígena en territorio no demarcado le corresponde consentir o prohibir cualquier "actividad" que altera el "uso, goce, valor o existencia" de su tierra. (Saramaka v. Surinam 2007, 2008) Esto uno de diez amplísimos criterios de la Corte Interamericana que exigen el consentimiento. Ocultado. Lo que se precisa es el respeto al Estado de Derecho y recursos para los pueblos indígenas que en consulta con sus propios peritos pueden llegar a sus propias conclusiones sustentados icon peritos independientes en un proceso controlados por los pueblos . Véanse, https://www.academia.edu/30180357/El_Derecho_Ind%C3%ADgena_de_Decir_No_c...

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