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Perú: ¿Quién detiene el desastre del proyecto Camisea? por Jorge Agurto

El quinto derrame del gasoducto Camisea provocó no solo heridos y llamaradas de fuego de hasta 80 metros sino que ha devastado alrededor de 500 ha. del bosque tropical del Urubamba y ha provocado contaminación y daños ambientales a las comunidades indígenas aledañas al gasoducto. Las imágenes del bosque devastado y aún en llamas difundidas por televisión y los reportes periodísticos que hoy copan la actualidad han generado un momento altamente propicio para promover un cambio de actitud en las autoridades y sectores políticos que siempre han ignorado las denuncias y llamados de alerta efectuados por las organizaciones indígenas.

El megaproyecto Camisea, como casi todos los proyectos energéticos, se aprobó de manera acelerada, sin cumplir los procesos de consulta adecuados a los pueblos y comunidades indígenas ubicados en el área del proyecto y que son los que ahora sufren sus impactos. El Ministerio de Energía y Minas tiene la responsabilidad política de haber patrocinado un proyecto sin que se cumpla adecuadamente el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas que es ley en el Perú. 

Los estudios de impacto ambiental  fueron aprobados en audiencias públicas en los que a los jefes de las comunidades se les escamoteó durante meses los EIA para que no tengan oportunidad de revisarlo con asesores especializados. Apenas se les alcanzó un resumen ejecutivo minutos antes de iniciarse la audiencia en la que no se les permitió hablar en su lengua natal. Se les impuso de manera arbitraria la condición de efectuar únicamente sus preguntas "por escrito", a pesar que la mayoría de autoridades indígenas son personas que no han culminado su educación escolar básica y tienen dificultades para la escritura en el idioma español.

Luego de los primeros derrames, las organizaciones indígenas Consejo Machiguenga del Ríos Urubamba (COMARU) y Central de Comunidades Nativas Machiguengas José Santos Atahualpa (CECONAMA) junto con otras asociaciones de colonos, han venido a la capital con gran sacrificio de su parte a dialogar con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y pedir se tomen las garantías adecuadas porque los peces estaban desapareciendo de sus ríos. Cabe relatar que en una reunión recibieron la burla de un funcionario que en tono jocoso afirmó que él había visitado la zona luego del cuarto derrame y solo había visto peces saltando de alegría. Una de las autoridades tradicionales respondió que si los peces estaban saltando es porque estaban desesperados tratando de salvar su vida.

Esa anécdota grafica la estupidez, la ceguera y la obsecuencia de una retahila de funcionarios que va desde el Primer Ministro Kuczynski hasta los funcionarios del MEM que se desviven por servir a los intereses de las empresas transnacionales y carecen de toda virtud moral para representar el interés público y nacional. Si uno compara los comunicados publicados el día lunes por el MEM y la empresa TGP veremos que el comunicado del estado defiende más a la empresa que el propio comunicado de la TGP.

La afirmación de Kuczynski de que el último desastre pudo haber sido una acción de sabotaje, ha sido un acto  políticamente deleznable, cuya única intención ha sido desviar la atención sobre la responsabilidad de la empresa y crear una cortina de humo en torno a su responsabilidad. Esta maniobra distractiva hecha por el Presidente del Consejo de Ministros solo es comprensible en un país donde las autoridades políticas están acostumbradas a zurrarse en la ciudadanía y manejar la opinión pública a su antojo con total desparpajo.

Sin embargo, tanto va el cántaro al agua que termina por reventarlo. Y así viene sucediendo con el proyecto Camisea. La empresa E-TECH Internacional en su informe presentado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denunció que el proyecto ha empleado tubería defectuosa y advirtió la existencia de puntos críticos, siendo uno de ellos el lugar del último accidente. Asimismo, el diario El Comercio, sensibilizado francamente no sabemos por quién, ha publicado varios días seguidos un extraordinario informe acerca de las condiciones en que viven las comunidades machiguengas donde opera el proyecto (vea el informe especial: Camisea: una oportunidad en riesgo)   

A pesar que la empresa TGP descalificó de inmediato el informe de E-TECH el quinto derrame les explosionó en la cara. Ahora todos los sectores de la opinión pública están de acuerdo no solo en una auditoría completa e independiente sino que incluso se están pronunciando por la paralización del gasoducto mientras no se brinden garantías. Esta opinión ha sido expresada por diversos líderes políticos, instituciones y la opinión ciudadana que en una encuesta de Internet organizada por El Comercio alcanzó el 49.54 %. Otros sectores se están pronunciando incluso por rescindir el contrato con la TGP de comprobarse fallas dolosas.

La opinión ciudadana ha reavivado una serie de temas asociados como la inconstitucional ley que obliga a los consumidores de energía eléctrica a sufragar parte del costo del gasoducto como una forma de asegurarles la rentabilidad. Esta norma ha sido denunciada hace mucho por congresistas como Johny Lescano por violar el principio: "no se puede cobrar por un servicio que no se brinda". Pero recién ahora los medios se ponen a reflexionar acerca de lo injusto de dicha medida que fue otorgada por el gobierno como una forma de auxiliar a  la empresa "inversora".

Otro tema asociado es el tema de los altos costos del gas y sus productos derivados, los cuales supuestamente iban a reducirse con el gas natural. Finalmente, está el hecho de que la población y el sector industrial no recibe un beneficio consistente de un recurso que está destinado principalmente para favorecer el mercado internacional y que grafica el rol de Toledo y Kuczynski como servidores del interés transnacional.

Para los pueblos indígenas y sus organizaciones el momento es propicio para -junto con otros sectores ciudadanos- exigir que la política energética y la extracción de los recursos naturales no renovables se convierta en una cuestión nacional de primer orden, que debe ser discutida y consensuada por todos los sectores. En particular, los pueblos y las comunidades indígenas deben ser especialmente escuchadas y atendidas no solo porque tienen derechos que no son respetados, porque muchos de los recursos se encuentran en sus territorios ancestrales y su extracción impacta sus condiciones de vida sino además porque se debe asegurar que su calidad de vida mejore y no empeore como viene sucendiendo en la mayoría de los casos.

Para ello es menester plantearse si existe una instancia autónoma y representativa que posea mecanismos eficaces para la vigilancia independiente del proyecto, que apoye la participación de las organizaciones indígenas en el monitoreo del proyecto pues son las que están en el terreno. También es pertinente plantearse la necesidad de un Fondo Ambiental para el manejo integral del bosque del Urubamba frente a los impactos ocasionados y que se ocasionarán durante la operación del proyecto. No hay que olvidar que las empresas evitan cualquier responsabilidad sobre los impactos indirectos a pesar que éstos son los principales y más dañinos para el ambiente.

La política de promoción de las inversiones en las industrias extractivas no puede ser dejada exclusivamente a funcionarios insensibles y parcializados con el interés de lucro privado que no ven, no escuchan, no entienden los reclamos ciudadanos hasta que estos se vuelven inocultables y se producen serios daños a la población y el ambiente. Debemos evitar la costumbre de que la pita se rompa por el lado más debil y los paganos sean las comunidades indígenas que sin peces, sin bosques, sin animales, aumentarán sus niveles de desnutrición por un proyecto promovido con gran auspicio del Estado pero que no les ha traido ningun beneficio sostenible.    

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Comentarios

El gas de Camisea nos está resultando una maldición.Primero demoró más de 20 años para ejecutarse.Recuerdo que en el gobierno de Alan Garcia se discutió la ejecución de este proyecto para exportar gas a Brasil y no prosperó por la tenaz oposición de la izquierda.Dentro de este sombrio contexto,Brasil pasó a proveerse de gas de Bolivia,que le impulsó seguir buscando más gas hasta que encontró los grandes yacimientos gasiferos de campos Margarita,en Tarija.
Cuando el gobierno del señor Toledo puso manos a la obra y al fin se ejecutó dicho proyecto,los peruanos nos alegramos mucho porque el gobierno nos aseguró que ibamos a tener gas barato.Finalmente fue una burla,porque el gas resultó costando más caro en el Perú que en un pais que no lo produce.Nos dejaron con un amargo sabor en la boca y con los crespos hechos.Y como si todo esto fuera poco,ahora los tubos que conducen los liquidos,se rompen,ocasionando serios daños a las comunidades nativas de la zona.Los incendios y derrames desde luego ocasionan serios daños a la ecologia.Este gas si que resultó una maldición y encima,como cosa de Ripley y de Belcebú,la empresa no se hace responsable de los daños ocasionados.No indemnizará y seguramente el dinero saldrá de nuevo de nuestros bolsillos,tal como ocurrió para su financiamiento.

Es una maldicion para el pueblo peruano pero una bendicion para las transnacionales que estan haciendo el negocio de su vida con gas barato, con ducto fijnanciado por los usuarios y que venden a precio internacional.
No hay que perder de vista el otro lado. Es maldicion pára los pobres, la población y los nativos; es bendicion para los ricos, los grupos de poder y las transnacionales

Elias Condori,estoy de acuerdo con tus puntos de vista.En efecto ,mala suerte para el pueblo peruano y una bendición para los ricos,que se enriquecen a costa de nuestros recursos.Pareciera que esos desperfectos de los ductos,lo han hecho con el deliberado propósito de que el pueblo peruano ahora pague más por el consumo de energia.Cuando somos concientes de estas injusticias nos provoca rabia y una sensación de impotencia.Con la modernidad y la democracia nos están arruinando la vida.El Perú se ha convertido en la Meca de los monopolios transnacionales.En realidad a este gobierno,que está de espaldas al pueblo peruano,no le conviene instalar más centrales hidroeléctricas.Le conviene que la cosa vaya asi,con termoeléctricas a gas para que ellos puedan cobrar los mejores precios,es decir para que dejen sin sangre a los consumidores.Somos pues el pais de Ripley,un pais como el Perú que produce gas,pero que sin embargo le cuesta mucho más que en un pais que no lo produce.Muchos funcionarios de este gobierno irá forrados con dinero,uno de ellos será PPK.

estos comentarios son propios de la realidad humana del apresuramiento de enriquecerse, concuerdo con estos comentarios constructivistas y mi opinion seria que no siempre con el poder y con las riquezas podemos surgir de nuevo si no con la solidaridad y la union y la practica de valores eticos

Es necesario una auditoria totalmente independiente y que vaya hasta las ultimas consecuencias.

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