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Mundo Indígena Perú: El resumen nacional de Servindi

Servindi, 21 de febrero, 2017.- Compartimos nuestro boletín semanal de noticias, edición Perú, con algunos de los hechos más destacados de la semana en el ámbito indígena y ambiental del país. Se autoriza la libre reproducción y difusión. Todos los derechos están compartidos.

El actual resumen de noticias de Servindi es locutado por Patricia Saavedra y Julio Quispe.

Mundo Indígena al 21 de febrero de 2017 (Puede descargar el audio con clic derecho en el botón "Reproducir" y luego en "Guardar audio como...").

Mentiras de la Interoceánica. El antropólogo Alberto Chirif consideró que la corrupción relacionada a la empresa Odebretch y la "Carretera Interoceánica" se inició cuando se hizo creer a la población que era importante para el comercio entre Perú y Brasil.

Chirif sostiene que la polémica carretera lo único que ha dinamizado son la minería ilegal y la tala descontrolada del bosque.

Considera también que la principal finalidad de la carretera ha sido su propia construcción para justificar un elevado sobrecosto ganado por los constructores y para esto sirvió el soborno que habría recibido el expresidente Alejandro Toledo.

Negligencia de Petroperú. Una empresa auditora internacional concluyó que la causa del derrame de petróleo ocurrido en el Oleoducto Nor Peruano en 2014 se debió a la falta de protección adecuada del ducto.

El informe echa por tierra el argumento de Petroperú de culpar a supuestos sabotajes terroristas o a los propios comuneros indígenas de provocar los derrames. 

El documento concluye que el derrame "había sido consecuencia del retiro de la protección en parte de la tubería, originando su corrosión atípica y posterior falla".

Exigen titulación. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) solicitó una reunión con Fernando Zavala, presidente del Consejo de Ministros y otros funcionarios, para exigir la titulación de las comunidades.

AIDESEP demanda la plena ejecución del proyecto "Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa" (PTRT3), que no avanza cómo debería pese a que genera una deuda externa de 80 millones de dólares.

La organización responsabiliza al Gobierno por colocar trabas y no resolver la titulación de 1376 comunidades pendientes, de las cuales 403 debían ser atendidas por el PTRT3.

Corrupción y paquetes legislativos. De otro lado AIDESEP también cuestionó la política de corrupción implementada por los últimos gobiernos.

Los responsabilizó por agravar los desastres ambientales y sociales de la crisis, así como la agresión climática global en la Amazonía.

En un contexto marcado por el escándalo de la mega-corrupción AIDESEP afirma que el Estado peruano ha sido privatizado a favor de intereses particulares.

Los tecnócratas del Estado se encuentran al servicio de los grupos empresariales, afirma la organización indígena en un pronunciamiento.

La premura del actual gobierno por dinamizar la economía a como dé lugar se expresa en la promulgación de normas que atentan contra los derechos de las comunidades, indica AIDESEP.

Debilitan controles. La asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) observa que los decretos legislativos 1250 y 1251 debilitan los controles que permitan quebrar los esquemas utilizados por empresas corruptas como Odebrecht.

El nuevo marco legal plantea que las Asociaciones Público–Privadas (APP) llamadas autofinanciadas, no requieren de las opiniones previas del organismo regulador correspondiente, del Ministerio de Economía y Finanzas, entre otras instituciones. 

Para DAR, las APP autofinanciadas pueden generar potenciales obligaciones de pago a cargo del Estado, por algún "evento de riesgo propio del proyecto", y no es prudente eximirlas de estos controles.

Alerta forestal. La organización DAR advirtió que la simplificación de trámites administrativos para el sector forestal mediante dos decretos legislativos podría resultar desfavorable.

Sostuvo que la nueva normativa no fue consultada con los pueblos indígenas pese a que las normas originales fueron resultado de dos procesos de consulta previa.

Los decretos podrían debilitar la protección de especies forestales amenazadas y crear conflictos territoriales entre indígenas y plantaciones forestales.

Represas en el Marañón. Un reciente estudio advierte que el principal costo económico de los cinco proyectos hidroeléctricos priorizados en el río Marañón es la pérdida de tierras agrícolas.

El informe: “Marañón: costo social de los impactos acumulativos de cinco proyectos hidroeléctricos” estima además que el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero equivale a 418 millones de soles.

La investigación fue realizada por la organización Conservación Estratégica.

Indígenas contra decretos. La Organización Regional de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P) expresó su rechazo a tres decretos legislativos por considerarlos lesivos a los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La organización regional del pueblo Awajún cuestionó que mediante el Decreto Legislativo 1292 el Estado pueda expropiar tierras de comunidades nativas aledañas al Oleoducto Norperuano.

También rechazó que mediante el Decreto 1333 se pueda reubicar a poblaciones para favorecer obras de infraestructura y que faculte al nuevo organismo APÏP a convocar a asambleas, cuando esta es una facultad autónoma de las comunidades.

ORPIAN cuestionó asimismo el Decreto Legislativo 1334 sobre “adelanto social” que financia proyectos en zonas de conflictos con actividades extractivas, pues podría condicionar la voluntad de las comunidades involucradas en estas actividades.

Presencia china. China es actualmente el principal inversor minero del Perú, concentrando un 35 por ciento de las inversiones en este sector.

Así se dio a conocer durante el foro público “Estándares socio ambientales de las inversiones mineras de China en el Perú”, realizado el 17 de febrero.

Si bien tanto el gobierno chino como sus empresas están haciendo esfuerzos en implementar lineamientos para mejorar la inversión minera respecto a temas ambientales y sociales, el escenario resulta distinto debido a la debilidad de la normativa nacional como de sus entes reguladores. 

Esta fue una de las conclusiones a las que arribó el evento que convocó a especialistas internacionales como a voces representativas del Estado y a dirigentes de comunidades.

Otra vez Yanacocha. Daniel Chaupe, hijo de Máxima Acuña cayó de la motocicleta, felizmente sin daños personales, cuando un agente de la tranquera de Yanacocha lo jaloneó y le hizo perder el equilibrio.

Para algunos puede parecer un hecho menor, pero si vemos que se trata de acciones constantes dirigidas contra la familia veremos que es un hostigamiento sistemático e indigno.

La agresión ocurrió esta semana según lo reportó una nota de la asociación Grufides que muestra una imagen de la motocicleta tirada al costado de la tranquera.

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