Servindi, 16 de mayo 2008.- La Coordinadora Interinstitucional de Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz denunció la agresión sufrida días atrás por una marcha pacífica de mil comunarios del pueblo Monkox por cincuenta individuos con vestimenta camuflada.

Los agresores, armados de palos, piedras y cohetes, atacaron la marcha lo que dejó un saldo de ocho comunarios heridos, dos de ellos de gravedad.

La Coordinadora señaló que los atacantes serían aliados de los grupos de poder del Departamento de Santa Cruz quienes influyen en las autoridades municipales de la localidad.

Las veintiocho comunidades afiliadas a la CICOL marcharon pacíficamente desde sus lugares de origen para exigir la renuncia de las autoridades municipales que faltaron a su palabra y han provocado un clima de violencia.

El alcalde Ángel Sumamí y el Presidente del Concejo Municipal Alfredo Chivirú violaron el acuerdo celebrado con la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL) para abstenerse de convocar al referéndum autonómico.

Otra demanda de la marcha fue destituir al Director Distrital de Educación que con algunos docentes presionaron a estudiantes y ancianos a votar bajo la amenaza de que serían reprobados o perderían el bono dignidad, respectivamente.

La Coordinadora señaló los agredidos acusan a las autoridades municipales y a Mario Parapaino, quién funge de presidente del Comité Cívico de San Antonio de Lomerío, “quienes se están prestando servilmente para enfrentar a un pueblo que ha vivido pacíficamente y sin violencia hasta ahora”.

La dirigencia indígena de Lomerío señaló que la acción fue planeada por asesores de la subprefectura de la provincia Ñuflo de Chávez y los traficantes de tierras que perdieron sus posesiones ilegales en el saneamiento del territorio de Lomerío.

La Coordinadora señaló que los pobladores del Territorio Indígena Autónomo Monkox de Lomerío sufren constante agresión a sus derechos humanos por lo que demandaron a las autoridades sancionar ejemplarmente a los infractores de la ley.

Afirman que ellos pretenden dividir al pueblo y a su territorio motivados por mezquinos intereses personales de poder político y económico.

La población indígena rechazó de manera contundente el Referéndum Autonómico del pasado 4 de mayo que pretendía imponer un régimen que no respeta el derecho a la diferencia.

La Coordinadora de Defensa de los Derechos Humanos está integrada por las instituciones Casa de la Mujer, el CIPCA, el Colectivo Rebeldía, el CEJIS, la Colonia Pirai, el DNI Desafío, Formasol y la Fundación Tierra.