El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) emitió su sentencia a mediodía del viernes con una condena ética y moral a “las conductas y prácticas políticas, económicas, financieras, productivas y judiciales del modelo neoliberal, implementadas y permitidas por los Estados y las instituciones de la Unión Europea”.

• Resolución del Tribunal Permanente de los Pueblos, 16 mayo 2008 (descargar archivo mp3, 42.12 minutos)

Igualmente decidió denunciar en el foro internacional a las corporaciones multinacionales europeas por sus graves y sistemáticas violaciones a las normas del derecho internacional que amparan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades, nacionalidades, familias y personas de los pueblos de América Latina y el Caribe.

Asimismo, resolvió solicitar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que nombre un Relator Especial que se encargue de presentar a la Asamblea General de Naciones Unidas un informe que contenga una propuesta de caracterización del concepto de deuda ilegítima, y la calificación de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales perpetrados por gobiernos, empresas financieras y corporaciones multinacionales en contra de personas y pueblos.

Propuso que para ese efecto se constituya un Tribunal Internacional que juzgue los crímenes económicos y ambientales, donde las víctimas individuales o colectivas puedan constituirse como parte accionante.

Demandó que los países de la Unión Europea y sus organismos comunitarios “sometan de manera vinculante sus relaciones económicas internacionales y sus decisiones de política económica y de cooperación internacional, bajo los estándares de primacía, garantía y respeto de las convenciones, pactos internacionales y las declaraciones y normas de la OIT en temas de derechos fundamentales, desarrollo humano, democracia y protección ambiental”.

También planteó que los Estados y gobiernos de América Latina y El Caribe garanticen “la soberanía y dignidad de los pueblos antes que los intereses económicos de los sectores privados” y que impidan la privatización de recursos fundamentales para la vida como agua, aire, tierra, semillas, patrimonio genético y aseguren el acceso universal a los servicios públicos.

Las audiencias del Tribunal se desarrollaron el 14 y 15 de mayo en tres sesiones. Testigos y expertos presentaron oralmente los casos documentados y respondieron a las preguntas realizadas por los miembros del jurado.

También fueron convocados para que hagan sus descargos representantes de las 24 empresas denunciadas, pero solo acudió el de Camposol.

La sentencia del Tribunal, que se leyó en la última sesión de la Cumbre de los Pueblos, será remitida al Fiscal de la Corte Penal Internacional, al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los relatores especiales competentes para esa materia, a la Corte Europea de los Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Igualmente a los presidentes de los Tribunales y Cortes constitucionales, Ministerios Públicos, Fiscales y Defensores del Pueblo de América Latina y del Caribe, así como a los gobiernos de los Estados miembros y la Comisión de la Unión Europea.

• Dictamen del Tribunal Permanente de los Pueblos (archivo PDF, 22 páginas)