Por Mario Tabra Guerrero

Al mas estilo fascista la empresa minera Río Blanco Cooper de origen inglés, aliada con capitales chinos y en contubernio con el Estado peruano, han presentado una denuncia a la Fiscalía de Piura utilizando a lacayos de la provincia de Huancabamba para que acusen de terroristas a alcaldes, comuneros y defensores del medio ambiente de la provincias de Ayavaca, Huancabamba (Piura) y de las provincia de San Ignacio y Jaén (Cajamarca).

Como es sabido en el año 2003 durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo, a la empresa transnacional inglesa Río Blanco Cooper se le concesionó -en plena naciente de aguas y sin consulta alguna- 6,472 hectáreas para exploración minera de las comunidades de Yanta-Ayavaca y de Segunda y Cajas-Huancabamba.

Por ese motivo ambas comunidades realizaron dos marchas hacia el campamento minero para reconocer sus territorios, recibiendo como respuesta: el asesinato de dos comuneros: Remberto Herrera Racho (2004) y Melanio García Gonzáles (2005); detenidos y torturados por tres días en el campamento minero 30 comuneros y dos comuneras; quedando mutilados Javier Neyra (ojo derecho) y Fernando Meléndrez García (pierna izquierda); denunciados mas de doscientos comuneros y comuneras; y ataques constantes por la “prensa libre” peruana satanizando a todo aquel que defienda su territorio.

La represión del Estado peruano no frenó la resistencia por el territorio comunal, sino mas bien la expandió con la solidaridad y participación de múltiples marchas y paros pacíficos de las provincias mencionadas hasta realizar la consulta vecinal del 16 de setiembre de 2007 donde el 97 por ciento de la población dijo: No a la Mina.

Además, la comunidad de Yanta y la comunidad de Segunda y Cajas presentaron una denuncia contundente contra la empresa minera por usurpación del territorio comunal, la cual fue admitida q proceso y se encuentra en los juzgados de Ayavaca y Huancabamba respectivamente.

Viéndose derrotados los mineros y el Estado peruano el 24 de marzo de 2008 presentaron una denuncia ante la fiscalía del departamento de Piura acusando a comuneros, defensores del medio ambiente y hasta alcaldes de los siguientes delitos:

1. Delito de terrorismo.
2. Delitos contra la tranquilidad pública.
3. Delito contra la paz pública en la modalidad de disturbios, apología, asociación ilícita.
4. Delito contra los poderes del estado y el orden constitucional en la modalidad de motín, conspiración.
5. Delitos contra la humanidad en la modalidad de tortura.
6. Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves y leves.
7. Delitos contra la libertad – violación de la libertad personal en la modalidad de coacción y secuestro.
8. Delitos contra la violación de domicilio.
9. Delitos contra el patrimonio en la modalidad de usurpación.
10.Delito de daños

Entre los comuneros y autoridades a las que se les quiere involucrar de estos diez delitos tenemos a:

• Dirigentes comunales de Ayavaca: Cenecio Jiménez Peña, Magdiel Carrión Pintado y Mario Tabra Guerrero.

• Dirigentes comunales de Huancabamba:Wilson Ramiro Ibáñez, Alfonso Meléndrez Clemente, Benito Guarnizo García, Edgardo Adrianzen Ojeda.

• Dirigentes comunales de Jaén: Nicanor Alvarado Carrasco y Gregorio Santos Guerrero.

• Alcaldes: Carlos Martínez Solano (San Ignacio), Humberto Marchena Villegas (Ayavaca), Valentín Quevedo (Huancabamba) e Ismael Huayama (distrito Carmen de la Frontera - Huancabamba).

• Otros: Deyber Flores (Teniente alcalde de Ayavaca), Euler Jave Díaz (Gerente Municipal de San Ignacio), Abogado Javier Jahnke Benavente miembro de la organización católica Fedepaz.

Por la naturaleza y dimensión de los cargos y a quienes se les pretende responsabilizar de los mismos, está claramente demostrado que se trata de una inminente violación de los derechos humanos; resulta ahora que ser libre, digno, soberano y emprender la defensa legal pacíficamente es estar expuesto a ser acusado de toda la barbarie histórica estatal como: Terrorista.

Es así como, debido a la implementación del modelo neoliberal en el norte del Perú por parte del Estado peruano y la justa resistencia de las comunidades que no ceden sus territorios a las voraces transnacionales, se viven momentos de gran tensión con acusaciones como éstas, que inmediatamente han sido trasladadas a la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE), institución que como es sabido toma medidas de fuerza, antes del debido proceso.

Por todo esto hacemos de conocimiento de la comunidad mundial y les pedimos estar alertas a este caso que pretende violar las normas constitucionales y tratados internacionales para imponer una actividad totalmente rechazada por las comunidades y pueblos indígenas del norte del Perú.

Fuente: Mario Tabara Guerrero