¿Quién dio la orden de disparar a matar? es la pregunta que debe responder el miércoles 26 de febrero el Ministro del Interior Luis Alva Castro, que acudirá al Congreso de la República a explicar la muerte de cuatro campesinos, tres de ellos por herida de bala, durante el Paro Nacional Agrario realizado el 18 y 19 de este mes.

En días previos diversos voceros del gobierno acusaron a los propios organizadores del Paro de ser los responsables de estas muertes.

El Presidente de la República Alan García expresó su felicitación a la Policía por haber cumplido su labor de mantener el orden público.

Por su parte, el Ministro Rafael Rey Rey ha justificado plenamente el accionar de la policía al afirmar que “las armas no se llevan de adorno”.

Organizaciones de derechos humanos en un plantón realizado ayer martes frente al Ministerio del Interior pidieron una investigación imparcial y sanción a los responsables de las muertes de los campesinos.

Una pregunta de fondo es quién o quienes dieron a la Policía la orden de disparar a quemarropa contra la población civil.

Congresistas de oposición afirmaron que los campesinos fueron abatidos por la espalda, con disparos en la nuca, que habrían sido efectuados por personal especializado o francotiradores, quienes habrían viajado desde Lima a Ayacucho.

Asimismo, señalaron que el gobierno debe asumir su responsabilidad y el Ministro del Interior debería asistir al Congreso con su carta de renuncia pues hubo un uso desproporcionado de la fuerza represiva y no se agotaron las medidas disuasivas.

Una preocupación ciudadana es si el gobierno ha decidido enfrentar con dureza las manifestaciones de protesta social al amparo del Decreto Legislativo 982 expedido en julio de 2007.

El mencionado decreto agrega al artículo 20 del Código Penal un inciso de inimputabilidad para el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que estará libre de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria “cause lesiones o muerte”.

El decreto forma parte de un paquete de medidas expedidas por el gobierno y que ha motivado una campaña de recolección de firmas para que el Tribunal Constitucional declare su inconstitucionalidad por criminalizar la protesta social.