CAOI.- El Paro Nacional Agrario convocado por las organizaciones campesinas, agrarias e indígenas del Perú e iniciado ayer 18 de febrero es un éxito en todo el país. La protesta organizada se ha hecho sentir en todas las regiones.

El Gobierno, en lugar de acceder al diálogo, ha respondido con la represión indiscriminada, la declaratoria en Estado de Emergencia de ocho provincias del norte y la orden de intervenir al Ejército. El saldo hasta el momento es de, al menos, cuatro muertos.

Sin embargo, ese mismo Gobierno difunde mensajes de democracia y mejor participación, mientras implementa leyes para favorecer a las empresas transnacionales, la privatización de las aguas, la concesión de la Amazonía y las zonas arqueológicas, así como el remate de tierras para favorecer a los inversionistas extranjeros. Y quienes hacen valer sus derechos son reprimidos y judicializados.

Este accionar represivo se enmarca en el acelerado proceso de criminalización de las demandas sociales, una de cuyas expresiones fue la dación de once decretos legislativos que aumentan las penas por bloqueos de carreteras y otras acciones justas de protesta, por cuya declaración de inconstitucionalidad y derogatoria se han unido los movimientos sociales en una campaña nacional de recolección de firmas que serán presentadas al Tribunal Constitucional.

Esta criminalización, sin embargo, no se inicia con esos decretos legislativos, pues hasta la fecha existen más de setecientos comuneros e indígenas procesados judicialmente bajo cargos graves, incluido el de terrorismo, solo por defender los derechos de sus comunidades contra los efectos destructivos de la minería. A ello se agrega la persecución, acoso y amenazas permanentes a sus dirigentes.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Andinas, CAOI, expresa su firme respaldo al Paro Nacional Agrario y su plataforma adjunta; y rechaza la represión indiscriminada, exigiendo sanción para los responsables de las muertes, el inicio inmediato del diálogo, el fin del Estado de Emergencia y un alto definitivo a la criminalización de las protestas sociales, especialmente indígenas y campesinas.

Lima, 19 de enero del 2008

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General CAOI

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Plataforma del Paro Nacional Agrario

1.- Definición de una Política Agraria y Protección del Agro Peruano frente al Tratado de Libre Comercio, TLC.

2.- Por la vigencia de la actual Ley de aguas Nº 17752 y no a la pretendida Ley de Aguas del Poder Ejecutivo.

3.- Saneamiento de las deudas Agrarias. Exigimos al gobierno un Decreto de Urgencia para suspender el remate de Tierras por las entidades financieras y otros.

4.- Plena vigencia de los derechos de las comunidades campesinas y comunidades amazónicas. Rechazamos el Proyecto de Ley Nº 1770/2007-PE y todos los proyectos del Poder Ejecutivo contrarios al interés de las comunidades (No a la subasta pública de las tierras de la costa, sierra y selva).

5.- Implementación y funcionamiento inmediato del Banco Agropecuario.

6.- Dotación urgente del guano de las islas para una agricultura sostenible.

7.- Declarar en emergencia el Agro de los valles afectados por el terremoto del 15 de agosto del 2007.

8.- Implementación inmediata del Plan Nacional para el Desarrollo Ganadero, precio justo de la leche fresca.

9.- Alto a la depredación de los recursos naturales en nuestra amazonia mediante concesiones inconsultas a la población amazónica a favor de las empresas transnacionales, petroleras, forestales y mineras.

10.- Por un precio justo para el algodón peruano, la leche, el maíz y otros.

11.- No a la criminalización de la protesta social y la persecución política de los líderes agrarios por la defensa de derechos de los pueblos.

12.- Excluir la sagrada hoja de coca de la lista de estupefacientes. Cumplimiento de los compromisos y acuerdos firmados entre el Estado y los productores.